La UTEP marcha al Ministerio de Lugones contra la eliminación de otro programa de salud pública

El reclamo de la UTEP será este jueves, tras saberse que el gobierno planea cerrar las sedes que atienden a jóvenes con problemas de adicciones.

La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) movilizará este jueves al Ministerio de Salud para rechazar el cierre de programas de adicciones en sectores vulnerables. La organización que tiene como referentes a Alejandro Gramajo y Juan Grabois reclamará a partir de las 11 contra la decisión de la cartera conducida por Mario Lugones de cerrar las CAAC (Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario) que atienden a jóvenes con problemas de adicciones en barrios populares.

Detrás del pedido al gobierno de Javier Milei también están Mesa de Adicciones y Casa Pueblo, dos organizaciones con importante llegada en barrios de todo el país.

“Abandono planificado”, son las palabras que lanzan desde la UTEP, Casa Pueblo y Mesa de Adicciones cuando les toca hablar de la extinción de un programa clave por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

En total, acusan desde las organizaciones, finalizará la actividad de 50 dispositivos comunitarios de acompañamiento en consumos problemáticos y salud mental en distintos puntos del país. “Van a dejar a cientos de familias y jóvenes de barrios vulnerables sin espacios de escucha y contención”, lamentan.

Qué dice la UTEP

“Mientras el consumo aumenta en los sectores más vulnerables, el gobierno recorta los espacios donde muchos chicos y chicas encuentran refugio, acompañamiento y una salida posible”, remarcaron desde Casa Pueblo.

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Y agregaron: “Por nuestras casas pasan pibes y pibas que buscan construir una alternativa de vida digna, reconociendo su consumo como problemático. En un clima de crisis y tensión social que afecta a los barrios populares, el consumo de diferentes sustancias y las recaídas van en aumento. Ante esta situación el Estado, en lugar de fortalecer esas herramientas, les da la espalda con la motosierra del ajuste”.

“Este cierre no es solo un recorte: es un ataque directo a la vida en nuestros barrios. La decepción y la bronca son enormes, pero más grande es nuestra convicción de que la comunidad organizada es más fuerte que el abandono”, advirtieron desde las organizaciones sociales.

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La medida, señalan las agrupaciones, impacta de manera directa en la vida de los barrios y se suma a una serie de recortes que golpean a jubilados, personas con discapacidad y comedores populares. Frente a este escenario, las organizaciones llaman a movilizarse este jueves para exigir la continuidad de los dispositivos comunitarios y el fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental y adicciones.

En paralelo, desde la UTEP señalaron indicios de corrupción en el PAMI, que se suman a los casos de mayor impacto que dominan la agenda pública a partir de la divulgación de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, hablando de coimas y desvío de fondos.

En la organización hablaron de sobreprecios de hasta el 400% en la obra social «mientras se ajusta a personas con discapacidad y jubilados», expresaron en la UTEP».