Trabajadores denuncian que el Gobierno avanza con el cierre de 72 centros de atención a discapacitados en todo el país
Desde ATE Pensiones alertan hay 175 mil pensiones que están paradas. Ya anunciaron el inminente cierre de los centros de atención en siete localidades. El objetivo: eliminar el derecho a la pensión por invalidez y convertirla en una asignación universal, para que deje de ser vitalicia y los beneficiarios no tengan acceso a la obra social.
El gobierno avanza con el cierre de 72 Centros de Atención Local que atienden a personas con discapacidad en el conurbano bonaerense y en el interior del país. Mientras tanto, cada vez son más las personas que fallecen esperando recibir su pensión. Además, 503 trabajadores serían incorporados como personal de ANSES hasta el 31 de diciembre con la incertidumbre de continuidad laboral luego de esa fecha. Desde ATE-Pensiones denuncian una profundización del ajuste que vienen soportando desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri con la suspensión masiva de más de 200 mil pensiones no contributivas.
Ya anunciaron el inminente cierre de los centros de San Miguel, Malvinas Argentinas, Paraná, Necochea, Concordia, Posadas y Córdoba.
“A través del programa Nacional de Ventanilla Única de la Anses, la Agencia Nacional de Discapacidad ampliará su capacidad de atención brindando mayor accesibilidad y eficiencia, reduciendo los tiempos en los que las personas con discapacidad pueden realizar un trámite”, informa un comunicado gubernamental que circuló extraoficialmente entre los trabajadores y trabajadoras. Desde ATE Pensiones afirman que “faltan políticas sociales NO eficiencia, jamás hubo más accesibilidad que durante los últimos 10 años donde este organismo estuvo abierto de par en par hacia la gente, otorgando y acercando derechos”, aclaran además que desde la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad “se paralizó el trabajo para los trabajadores y no se otorgan màs derechos. Hay 175 mil trámites de pensiones demoradas”. La Agencia Nacional de Discapacidad depende directamente del Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis.
“Para esta gente no existen más las pensiones, las pocas que otorgaron fueron gracias a las denuncias de los trabajadores. Ahora hablan de una asignación universal por discapacidad, la intención del gobierno es que deje de ser un derecho de las personas, que deje de ser vitalicia y que no tengan acceso a la obra social. De esta forma recortan lo que consideran un gasto”, explica Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones.
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