Sigue el conflicto en la Línea 60: jueza dispuso inspeccionar colectivos y choferes realizaron una protesta

El duro conflicto laboral, que estalló tras el despido de unos 47 choferes hace veinte días, tuvo su noche más tensa debido a la presencia de efectivos de Infantería que intentaron impedir cortes de tránsito en la zona de Constitución. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría resolvió prohibir la circulación de los colectivos hasta que se inspeccionen todas las unidades.

El conflicto que atraviesan los choferes de la Línea 60 parece no tener un final y más de 200 mil usuarios deberán utilizar otro medio para transportarse, luego de que la Justicia dispusiera la inspección de todos los colectivos y la prohibición de circulación en ese período.

En el marco del litigio, los trabajadores cortaron el tránsito en el puente Pueyrredón, para reclamar al Gobierno que interceda en el conflicto laboral con la empresa Monsa SA.

El duro conflicto laboral, que estalló tras el despido de unos 47 choferes hace veinte días, tuvo su noche más tensa debido a la presencia de efectivos de Infantería que intentaron impedir cortes de tránsito en la zona de Constitución.

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría resolvió prohibir la circulación de los colectivos hasta que se inspeccionen todas las unidades.
La magistrada tomó esa decisión ante la «imposibilidad» de llegar a un acuerdo «entre los trabajadores que desean acatar la conciliación obligatoria y aquellos que no».

Servini hizo mención también a la existencia de «derechos en colisión por parte de la empresa y los reclamos» del personal» y por esa razón a la terminal de Constitución sólo accederán los peritos para inspeccionar las unidades.

Además, la jueza advirtió sobre los riesgos que representa la posibilidad de que unidades en mal estado puedan estar circulando, en el recorrido entre Buenos y Tigre, que es el que realiza la Línea 60.

Las inspecciones serán realizadas por personal técnico de la compañía y podrá participar un perito de los trabajadores, supervisado todo por un veedor de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT).

Según la resolución judicial, el objetivo es resguardar «la vida de las personas que los conducen y que allí se transportan».