Salario universal, el pedido de los gremios para la post pandemia que se extiende en el mundo

El ingreso universal fue recomendado recientemente por la CEPAL como medida urgente para paliar la crisis generada por el coronavirus. La propuesta es parte de una campaña de distintos sectores sindicales, pero choca con los problemas de financiamiento del Estado nacional. Cómo funciona en el mundo y cuál es la propuesta más avanzada en el país.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La semana pasada, en un informe en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) analizó el impacto económico de la pandemia de coronavirus, y calificó la crisis como “la peor del último siglo”. Para salir de ella, realizó una serie de recomendaciones a los países de la región, empezando con un “ingreso básico de emergencia”, que permita a los millones de trabajadores y desocupados empujados a la pobreza sostenerse dentro del sistema. La idea de un salario universal ya está en la agenda de varios países, como en la Argentina, donde los gremios piensan en este elemento como una forma de proteger a los más vulnerables.

En el gobierno analizan la idea, pero los problemas financieros –en especial el creciente déficit fiscal –ponen en duda su real implementación. En el mundo, países como Finlandia, Holanda, Canadá, Escocia y Francia son algunos de los países que tienen este instrumento para acortar las desigualdades. En el país, desde mayo el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) elaboró una propuesta para poder hacer realidad este anhelo.

La idea de un salario universal o un ingreso irrestricto a adultos mayores de 18 años tomó fuerza a partir de la pandemia, que derrumbó los ingresos de los asalariados y destruyó millones de puestos de trabajo en el mundo. Como la CEPAL, varias entidades internacionales recomiendan ir por ese camino, ante el impacto de la crisis.

En este sentido, el trabajo “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” recuerda que hasta que no se mitigue la circulación del virus no se puede hablar de una apertura económica, y por eso pide estas medidas de emergencia, como “un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), Bono Contra el Hambre y protección al sector productivo”. “Este ingreso básico costaría 2 por ciento del PBI regional, y el bono un 0,2 por ciento. Lo importante es que se complementen entre ellas y así sostener las necesidades básicas de las familias más castigadas”, agregó Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, en una presentación a la que asistió Gestión Sindical. El salario propuesto por la entidad sería de 143 dólares mensuales y alcanzaría a más de 300 millones de personas en la región.

En el país, el salario universal es parte de la agenda de varios medios, en especial los que ingresan la CTA Autónoma. En medio de la pandemia, el sector lanzó una campaña para lograr este beneficio, además de impulsar otras medidas como el impuesto a las grandes fortunas. En este camino, hace unos días la dirigencia sindical se reunió con el ministro de Trabajo Claudio Moroni, para llevarle su propuesta.

Si bien la Casa Rosada es receptiva a la propuesta, e incluso algunos dirigentes hablaron públicamente del tema, por el momento se mueve con cautela, ya que la situación económica es muy delicada. “En el gobierno afirman que están al límite con el gasto público, si afrontan una medida como el salario universal puede poner en peligro la IFE y otros beneficios, incluido la AUH”, le confirmó a Gestión Sindical una fuente del encuentro con los gremios.

En este sentido, el ministro Moroni afirmó que con los niveles de déficit –unos 7 puntos del PBI –no están en condiciones de afrontar un salario universal. “Los gremios pidieron que se impulse el impuesto a las grandes fortunas para financiar los ingresos, como una forma de salvar esa imposibilidad”, agregó la misma fuente consultada.

La crisis económica generada por el coronavirus profundizó las desigualdades en la región, y dejó a miles de personas por debajo de la línea de pobreza, o incluso de la indigencia. Por eso la CEPAL alertó que la pandemia “ha provocado la recesión más abrupta de la historia que, de acuerdo con las proyecciones, implicará una caída del crecimiento regional del 9,1 por ciento en 2020, acompañado de un alza en el desempleo alcanzando una tasa cercana a 13,5 por ciento, un incremento de la tasa de pobreza de 7 puntos porcentuales para alcanzar el 37,3 por ciento de la población y una agudización de la desigualdad con un alza promedio en el índice de Gini de 4,9 puntos porcentuales”.

Por eso, los gremios argentinos piden que se acelere la discusión del salario universal. En este punto, alertaron que “sin nuevos recursos, el salario universal sería una reconversión de otros planes de ayuda, como IFE o AUH”. “En el gobierno dicen que van a mantener los ingresos en la post pandemia, pero quienes mandan son los números de la economía. Parece haber un límite del gasto, dentro de eso habrá reconversiones y no expansión”, destacó la fuente del encuentro.

En el mundo, hay varias experiencias de ingreso universal. Los especialistas coinciden que Finlandia es hasta la fecha la idea el ejemplo más evolucionada de una renta básica universal real, aunque existen ensayos previos en Canadá, Holanda, Escocia, incluso en Kenia. Suiza la rechazó en referéndum en junio del 2018. La del país nórdico duró un año (2017 a 2018), y otorgó salarios mensuales de 560 euros (685 dólares) a 2 mil desempleados, que pudieron hacer lo que quisieran con ese dinero.

En el país, en mayo el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) presentó su propuesta de renta básica universal para la emergencia: “garantizar una renta básica compuesta por un salario universal de 17 mil pesos equivalente al salario mínimo y una asignación universal por hijo de 4 mil pesos implica la creación de una nueva institucionalidad que tenga como función democratizar el acceso a los ingresos y a la producción social al conjunto de los habitantes de nuestro país”.

Además, la entidad que lidera Claudio Lozano propone una serie de reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral, democracia y libertad sindical, reconversión productiva y articulación con la economía popular y los emprendimientos autogestivos.