Mediante una misiva, el gremio de prensa expresó su preocupación ante los graves episodios que se dieron a lo largo de este año y que, aseguran, en este diciembre se agravaron particularmente.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) publicó un comunicado en el que enumera y rechaza los hechos de violencia policial y estatal que se sucedieron este año. El gremio se mostró preocupado ante el avance sobre los DDHH.
“El gremio de prensa expresa su preocupación ante las innumerables violaciones a los derechos humanos que se dieron a lo largo de este año y que en este diciembre se agravaron particularmente. No nos escapa que los medios de comunicación juegan un rol importante a la hora de legitimar -o no- las políticas represivas. Como sindicato que sale a luchar por los derechos de los trabajadores a la vez que pelea por una comunicación al servicio de los sectores populares, expresamos nuestro profundo malestar ante lo que consideramos como una escalada represiva», expresó el SiPreBA en un comunicado de prensa.
«Empezamos el año protestando ante el «Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad antes las movilizaciones públicas» que buscaba disciplinar la protesta social a la vez que restringir nuestro trabajo periodístico encerrándonos en una «zona determinada», o sea en corralitos», señala el comunicado, que además hace hincapié en que denuncia «la práctica cada vez más instalada por parte de las fuerzas de seguridad de filmar y fotografiar tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa, en una continuidad de las prácticas de espionaje ilegal del Proyecto X y de la Ley Antiterrorista».
«Meses más tarde también repudiamos el «Protocolo para la protección a la actividad periodística», elaborado a espaldas de las organizaciones de trabajadores de prensa, que plantea que informemos al ministerio de Seguridad sobre cuáles son nuestros investigaciones periodísticas. La reciente pueblada contra la Comisaría 38 es un producto de la profunda descomposición de las fuerzas policiales, responsables de las redes de trata y de todo cuanto tenga que ver con el crimen organizado», sentenció el escrito.
«La corrupción policial tiene su contraparte en la violencia con la que se manejan los uniformados. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, de acuerdo a los datos del archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), ya hubo al menos 277 casos fatales de gatillo fácil. En lo que va de diciembre, al menos 16 personas perdieron la vida en manos de las fuerzas de seguridad», denunciaron los trabajadores y trabajadoras de prensa de Buenos Aires.
«La violencia policial se expresó de forma brutal en el Encuentro Nacional de las Mujeres, en Rosario. Al igual que un año antes, en Mar del Plata, las fuerzas de seguridad reprimieron a las mujeres que protestaban frente a la catedral. Y una vez más, reporteros/as gráficos/as atacados a los balazos por fuerzas policiales entrenadas en la búsqueda de impunidad. La violencia policial se constató de forma alevosa en las torturas y amenazas de muerte que recibieron dos jóvenes de La Poderosa en el barrio de Barracas en manos de agentes de la Prefectura y la Policía Federal, así como la detención arbitraria de un periodista en Mar del Plata en manos de la Bonaerense».
«Esta violencia policial adquiere particular saña en la provincia de Jujuy, verdadera capital nacional de la impunidad, que mantiene a Milagro Sala presa, luego de ser detenida por participar de una movilización, pese al clamor nacional e internacional para que sea puesta en libertad. La gravedad de la situación se resume en el trato que recibieron legisladores nacionales y provinciales recientemente».
«En paralelo desde el oficialismo se pretende poner en discusión la magnitud del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar, instalándose un clima judicial proclive a que se brinden beneficios excepcionales a los genocidas presos e impunidad en otros casos, como en el de Papel Prensa».
«Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos. Basta de reprimir y criminalizar la protesta. Juicio, castigo y cárcel común para los criminales de lesa humanidad, militares y civiles. Basta de gatillo fácil y de detenciones arbitrarias», concluyó el comunicado.
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