Reforma sindical: Tetaz, dispuesto a ceder lo necesario para salvar el proyecto

La discusión parlamentaria por la reforma sindical se retoma este martes. Qué podría cambiar del polémico texto original.

Con cierta resignación respecto de lo que puede llegar a conseguir, el diputado nacional de la UCR Martín Tetaz continúa en busca de impulsar un proyecto de reforma sindical, ya no tan ambicioso como el original que pretendía desde un tope a las reelecciones de los secretarios generales hasta el fin del cobro de las cuotas gremiales.

Pero pasaron cosas, hubo acuerdos entre el Gobierno nacional y parte de la CGT, y ahora es Tetaz quien tratará de al menos explorar entendimientos y que la iniciativa siga en pie.

Según trascendió de parte de fuentes parlamentarias, el economista radical intentará tender lazos con La Libertad Avanza a partir de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, que él preside, convocada para este martes.

Sabiendo que Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, y Santiago Caputo, el asesor todo terreno de Javier Milei, pactaron con la CGT no avanzar a fondo con la propuesta de reforma sindical, la intención de Tetaz pasa por comenzar a mutilar y acomodar el proyecto para que por lo menos tenga el beneplácito de los diputados liberarios. Ya sabe que no va a tener dictamen en el corto plazo.

La reforma sindical que se debate

Unión por la Patria y los bloques de izquierda ya avisaron que se oponen a estas iniciativas, diseñadas para debilitar el sindicalismo. “La intención es destruir una estructura que ha sido clave en la defensa de los derechos laborales en Argentina”, añadieron sobre el proyecto original -y único, hasta ahora-que generó mucha polémica en el gremialismo.

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Pasa que el texto establece que “no se podrá exigir ni imponer aportes de manera obligatoria”, y que cualquier descuento deberá contar con la autorización expresa del trabajador, la cual podrá ser revocada en cualquier momento a través de un telegrama o cualquier otro medio fehaciente.

Sería un golpe a la financiación del sindicalismo que, a la vez, debería continuar representando -por la propia lógica de la actividad gremial- a esos trabajadores que se negaran a hacer aportes.

Otro aspecto clave de la propuesta es el límite a las reelecciones, algo que algunos gremios ya tienen pero la enorme mayoría no.

Según el proyecto, los mandatos de los secretarios generales no podrán exceder los cuatro años, con la posibilidad de una única reelección consecutiva. Después de completar dos mandatos, deberá transcurrir un periodo completo antes de poder postularse nuevamente.

La postura de los gremios y, en general, de quienes se oponen al proyecto, es que esto implicaría una intromisión del Estado en una organización de índole privada, como son los sindicatos. También advierten que sería una puerta a la judicialización de la ley.

Minorías y ficha limpia

Lo elaborado por Tetaz garantiza la representación de las minorías en los órganos deliberativos y directivos, siempre que superen el 25% de los votos válidos emitidos por los afiliados. Para los órganos deliberativos, se aplicaría el sistema D’Hont, mientras que en la mesa directiva, el ganador tendría dos tercios de los cargos, dejando el tercio restante a la primera minoría.

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Otro punto que se encuentra en debate es la implementación de una «ley de ficha limpia» que inhabilite a personas con condena penal firme a ocupar cargos en la conducción gremial.

A los dos puntos -aunque el de representación de minorías no genera un rechazo particular de la oposición- les cabe la misma objeción que al de las reelecciones, al entrometerse en las normativas internas de los sindicatos.

Finalmente, el proyecto también introduce la posibilidad de que los trabajadores elijan libremente su obra social, una vez que hayan cumplido con tres meses de permanencia en la misma desde el inicio de su relación laboral.

Si bien este artículo pretendería otorgar mayor flexibilidad en la cobertura de salud para los empleados, en los hechos resultaría inocuo ya que desde marzo de este año, a través de un decreto, el Gobierno permitió la libre elección de obra social desde el comienzo de la relación laboral (hasta entonces, había que cumplir un año en la obra social correspondiente a la actividad).