La reforma laboral suma críticas y alertas por el impacto crítico en las obras sociales

El número de sindicatos que advierte sobre las consecuencias negativas del proyecto de reforma laboral sigue en ascenso. El último fue el gremio de los conductores navales, SICONARA.

La reforma laboral para decenas de sindicatos no solo generará mayor desempleo: también impulsará el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales, hoy castigadas por gastos que superan los promedios de inflación mensual, según la visión de decenas de gremios. El último en pronunciarse fue el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), con una serie de argumentos contra la prédica oficialista.

SICONARA y la reforma laboral: un ajuste brutal

El sindicato que lidera Mariano Vilar sostuvo que en el texto se manifiesta un ajuste brutal por parte Gobierno que beneficia a los empresarios mientras desfinancia de manera directa a las obras sociales gremiales. Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reducción de las contribuciones patronales, que pasarían del 6% al 5%.

Aunque el Ejecutivo presenta la medida como una baja marginal, desde SICONARA advirtieron que en términos reales se trata de un golpe severo al financiamiento de las prestaciones de salud. En el caso puntual de OSCONARA, la obra social del gremio de Vilar, la quita implicaría una caída superior al 17% en la recaudación. Así, afectaría de manera directa la continuidad y calidad de la atención médica para trabajadores activos y jubilados.

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“El Gobierno habla de un punto como si fuera insignificante, pero para nuestra obra social ese punto significa menos atención, menos medicamentos y más dificultades para sostener las prestaciones de miles de compañeros y compañeras”, afirmó Vilar. Y fue contundente: “No hay ninguna discusión técnica. Es una decisión política que pone en riesgo el derecho a la salud de los trabajadores”.

Una reforma antiobrera

En esa línea, el dirigente sostuvo que la reforma laboral es esencialmente antiobrera y responde a una lógica de ajuste que beneficia a los sectores empresarios en detrimento del sistema solidario. “No busca generar empleo ni mejorar condiciones laborales. Busca desfinanciar deliberadamente a las obras sociales sindicales y debilitar una de las pocas herramientas que aún garantizan acceso a la salud para trabajadores y jubilados”, remarcó.

Vilar también cuestionó con dureza el rumbo del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto social de las medidas. “Estamos frente a un experimento político profundamente inhumano. Mientras se recortan aportes, se encarecen medicamentos y prestaciones, se pretende que las obras sociales hagan milagros con menos recursos. Es una ecuación imposible que solo conduce al deterioro del sistema”, señaló.

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Desde SICONARA subrayaron además que OSCONARA no es una empresa privada, sino una obra social solidaria, administrada con criterios de responsabilidad y transparencia, cuyo único objetivo es garantizar la atención de sus afiliados.

“Cada peso que se le quita a la obra social es un golpe directo a la salud de nuestros compañeros. No vamos a aceptar que se desfinancien las obras sociales sindicales para cumplir con un plan de ajuste dictado por los grandes empresarios”, enfatizó el secretario general.

SICONARA y el impacto real de la reforma laboral

El sindicato ee los conductores navales adelantó que continuará denunciando públicamente el impacto real de la reforma laboral y que evalúa acciones gremiales, políticas y judiciales para defender la salud y los derechos de los conductores navales y sus familias.

Las críticas, además de ser compartidas por el ecosistema sindical, con un duro informe de la CGT, también surgen del lado de los gobernadores. Los mandatarios provinciales ven que las modificaciones impositivas plasmadas en el texto implican una pérdida anual de la recaudación de $8.149.521.000.000, equivalentes a unos 5.727 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad impactará de manera directa en sus finanzas.

Por lo cual, comenzaron a condicionar los respaldos al proyecto mientras el oficialismo, con Diego Santilli, el ministro del Interior a la cabeza, intenta acercar posiciones a contrarreloj.