Reforma laboral: como la CGT, el Gobierno tiene «duros» y «dialoguistas» sin mucho que decir

La CGT sigue a la espera de un gesto del oficialismo que nunca llega, para afinar la letra chica de la reforma laboral.

El Gobierno sigue avanzando en la reglamentación de la Ley Bases pero dejó para el final todo el articulado de la reforma laboral por un motivo sencillo: busca una negociación con la CGT para no exista un nuevo paro general.

Pero todavía el dialogo no maduró, por un lado, por la intransigencia dentro de la administración de Javier Milei, donde muchos pretenden dialogar sin ceder nada. Y por otro, por diferencias internas dentro del propio Gobierno donde, como en la CGT, hay «dialoguistas» y «duros» que, por ahora, imponen su criterio.

Tal como pudo reconstruir Gestión Sindical de parte de la central de la calle Azopardo, hay muchos dirigentes sindicales que están en llamas contra la administración Javier Milei

¿Los motivos? Dicen que prometieron quitar de la reglamentación del proyecto de reforma laboral la justificación de despido por bloqueos a empresas y la figura de colaborador independiente, pero eso todavía no sucedió y están a la espera de un gesto del que ni siquiera hay atisbos por ahora.

Eso fue lo que solicitaron en los diálogos informales que mantuvieron con ministros y hasta con Julio Cordero, el secretario de Trabajo de quien, por los resultados obtenidos, ahora consideran que no es un interlocutor con poder de decidir algo.

En la central aseguran que no pueden tolerar esos dos artículos, entre otras cosas, porque el texto no da precisiones acerca de a qué se refiere con bloqueo. Y el punto unifica criterios entre blandos y duros.

La reforma laboral y los temores de la CGT

“Es una preocupación de todos, no solamente de Moyano”, dijo un referente en relación al más combativo de los secretarios generales de la CGT que, además, es líder de un gremio como el de Camioneros, que utiliza el bloqueo de ingresos y egresos a compañías para visibilizar reclamos.

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Otro aspecto que es eje de reclamos es la figura del «trabajador independiente», que solo va a generar más informalidad, justamente lo que los gremios no quieren.

Un dato para entender el pedido gremial: una minipyme podrá contar con hasta tres trabajadores independientes, un eufemismo de la ley para referirse a los monotributistas, sin relación de dependencia, es decir, sin aguinaldo ni vacaciones ni indemnización por despido.

Este artículo permite llevar adelante de ese modo un emprendimiento productivo que podrá acogerse a un régimen especial que al efecto debe reglamentar el Poder Ejecutivo.

El debate en el Gobierno

¿Qué piensa hacer La Libertad Avanza? Hay divergencias en relación a este tema, lo que le impide diseñar una estrategia en común y efectiva.

Por un lado, el ala dialoguista apuesta a conversar con la CGT para evitar un nuevo paro, pero el problema es que no tiene mucho para ofrecer.

De ese lado, Julio Cordero, secretario de Trabajo, aparece en primera fila, como Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, otro dirigente que tiene sintonía.

Son los que ven que el escenario presenta muchas batallas y no quieren sumar otro foco de conflicto que pueda generar un nuevo paro nacional.

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Pero por otro lado, existe un ala que no quiere conversación y está pidiendo medidas a fondo contra lo que llaman, intencionadamente, “la mafia gremial”.

Ahí está Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien ya dijo públicamente que no hay que negociar y quiere que la reforma laboral se plasme en la reglamentación tal como fue sancionada en el Parlamento.

Las posiciones encontradas son un problema para el Gobierno de Milei, donde la CGT ve «desorientación»

Nuevas reglas

Mientras tanto, este lunes se publicaron en el Boletín Oficial las nuevas reglas para tres apartados: contratos y acuerdos, concesiones y régimen de iniciativa privada.

En las medidas reglamentadas se define la posibilidad del Gobierno de renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión, construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos, amparado en determinados criterios u objetivos que no hubiera hubieran cumplido con la empresa a cargo de la obra hasta el 10 de diciembre de 2023.

Sin embargo, el decreto señala que quedarán exentas aquellas obras que alcanzaron el 80% de la ejecución del contrato, ya que consideran que darlas de baja sería «financieramente inconveniente» para el Estado.