Reforma laboral: la industria láctea flexibiliza convenio y congelan salarios por un año

El acuerdo se firmará este lunes en el Ministerio de Trabajo, mientras Mauricio Macri anuncia su paquete de reformas. Modifica las horas extra, el presentismo y las tareas. La puja gremial y el conflicto con Sancor detrás de la firma del nuevo convenio.

El Gobierno se anotará este lunes un nuevo punto en su estrategia de sellar acuerdos sectoriales para flexibilizar las condiciones de trabajo. Ese es el objetivo del nuevo convenio laboral que firmará la industria láctea en el Ministerio de Trabajo, como parte de un entendimiento más amplio que incluyó la reducción de aportes sindicales y el congelamiento de las paritarias.

Los cambios en el sector lechero serán formalizados en paralelo al paquete de reformas – entre ellas la laboral- que anunciará Mauricio Macri este lunes rodeado de empresarios, gobernadores y sindicalistas, como paso previo para avanzar con sus proyectos en el Congreso y neutralizar cualquier atisbo de resistencia de la oposición.

En vistas del crecimiento electoral de Cambiemos, buena parte de la cúpula de la CGT terminó de alinearse con el objetivo oficial de bajar los costos de las empresas para destrabar inversiones. En los últimos meses, varios gremios avanzaron en cambios silenciosos en sus actividades con la incorporación del pago por objetivos, la sustitución de empleos por tecnología y la quita de horas extras, como se acordó en Vaca Muerta.

En el rubro lácteo, el nuevo convenio premia la asistencia «perfecta y efectiva» con un adicional del 20% del básico, mientras que por la primera falta en el mes o llegada tarde de más de 25 minutos, el trabajador percibe el 50% el premio (antes se descontaba a partir del minuto 1); por la segunda ausencia o llegada tarde después de los 25 minutos, el 33%; y por más de dos ausencias o llegadas tardes de más de 35 minutos, la totalidad.

Además se crea la figura del «franquero», una modalidad de trabajo a tiempo parcial que las empresas podrán utilizar solo durante los fines de semana y feriados, para evitar el pago de las horas extra de convenio, que representan un 150% más que las horas normales. También se extiende a seis meses el período mínimo para que un empleado suba de la categoría A a la B, y se autorizan las tareas múltiples siempre y cuando no sean una forma de disciplinamiento.

Todas estas modificaciones serán formalizadas en la reunión convocada para este lunes en la sede de Alem de la cartera laboral, encabezada por su titular, Jorge Triaca; el de Agroindustria, Ricardo Buryaile; y el de Producción, Francisco Cabrera. Mientras que por la actividad participará el líder del gremio lechero Atilra, Héctor Ponce, el presidente de la Cámara de la Industria Láctea, Miguel Paulón, y el de la asociación pyme Apymel, Pablo Villano.

Los funcionarios celebran el arreglo por considerarlo un avance en la «flexibilización» laboral, una palabra que hasta hace poco había sido borrada del lenguaje políticamente correcto de Cambiemos. En rigor, se trata de la renovación de un convenio que data de 1988: los petroleros de Vaca Muerta introdujeron en marzo una adenda exclusiva para el yacimiento no convencional, pero sin alterar el marco laboral de toda la actividad.

En este caso no será la última modificación. En los despachos oficiales ya se entusiasman con sumar luego otras cláusulas laborales que reduzcan los costos de las empresas, en particular la disminución del valor de las horas extra. «Hacía 30 años que no se abría discusión de un convenio colectivo, eso significa que no es lo último, sino que se abre para los próximos años», festejó el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino.

Los empresarios también ven el acuerdo como un primer paso para implementar futuros cambios. «Hay muchas cosas para seguir, como impuestos, costo laboral, evasión e infraestructura», sostuvo Paulón. En el gremio, en cambio, son excépticos: creen que la productividad depende de la incorporación de tecnología y que el sector seguirá endeudado. Ese es el caso de Sancor, Mastellone y miles de tamberos.

Concesiones
El acuerdo es el resultado de más de 10 meses de tires y aflojes, en los que el Gobierno aprovechó la caída de la actividad y la baja del consumo paraintroducir criterios de productividad en la industria, con foco en lareestructuración de Sancor. Así, las autoridades se comprometieron de palabra a completar el financiamiento a la cooperativa con el desembolso de $250 millones, a cambio de que el sindicato resignara beneficios, incluidos los del convenio.

Desde principio de año, la fabricante de lácteos atraviesa la situación más crítica de su historia, que implicó el cierre de 4 de sus 16 plantas, la parálisis durante un mes y un plan de retiros voluntarios que achicó su dotación en un 20%, por lo que hoy emplea a 3.600 trabajadores. La crisis derivó en fuertes cruces entre el Gobierno nacional, la alianza socialista-radical que gobierna Santa Fe y el gremio, que en mayo lanzó una huelga general.

En aquella ocasión, el Presidente apuntó en un discurso contra el sindicato y su dirigencia a la que responsabilizó por hacer «inviable» la industria lechera por los supuestos sobrecostos que implicaban los aportes extra acordados con las cámaras privadas para la obra social. La tensión bajó luego con un acuerdo el 5 de mayo pasado en el que el gremio aceptó reducir las contribuciones privadas al sindicato y condonar a las pyme una deuda por ese concepto de $700 millones.

El clima de conflictividad, sin embargo, retornó en plena campañacuando los trabajadores de la planta de General Rodríguez de Mastellone (La Serenísima) recibieron el 29 de septiembre pasado a la gobernadora María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri con carteles y pintadas, que rezaban «Vidal mala leche» y «Macri-Vidal vende patria». La movida fue impulsada por la seccional que encabeza Heber Ríos, alineada con Unidad Ciudadana y la misma que el 3 de octubre votó en minoría en contra de la flexibilización de convenio y dejó al descubierto una interna con la conducción nacional.

Del lado del Ejecutivo, la intervención simúltanea de tres carteras también reflejó diferencias a la hora de encarar las negociaciones con el gremio. «El Gobierno entendió que no somos patoteros ni mafiosos, sobre todo Agroindustria y Producción, mientras que Trabajo fue más duro», reconocieron desde Atilra.

Durante las tratativas, otro punto clave fueron los salarios de convenio. El sector acordó el año pasado una suba del 40,9%, dividida en un tramo del 26,1% en octubre y otro del 13,9% en enero que terminó de pagarse en abril de este año y llevó el piso salarial bruto a $22.000. Desde entonces las paritarias quedaron congeladas, una situación que se extendería hasta fin de año ya que las negociaciones comenzaran recién en noviembre.

Ahora, los tamberos de Sancor esperan que todas estas concesiones faciliten la llegada de inversiones de la neofinlandesa Fonterra.