Recuperar el salario y terminar con la precariedad laboral, el reclamo de los estatales a Alberto Fernández

Desde ATE aseguran que los dos temas son parte de su agenda ante la gestión del flamante Presidente. Según la comisión interna del INDEC, durante el macrismo los sueldos del sector cayeron más del 36 por ciento. Además, afirman que existen muchos monotributistas sin derechos laborales en la administración nacional. Los reclamos se dan en la semana que se oficializará el bono extra para el sector de 4 mil pesos, similar al de los privados.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En el primer mes de gobierno, el presidente Alberto Fernández buscó hacer equilibrio entre todas las demandas de los distintos sectores, abriendo junto a sus funcionarios canales de diálogo para evitar conflictos prematuros. En el plano laboral, su ministro Claudio Moroni inició con todos los espacios sindicales, a quienes sentó en la mesa del pacto social, firmado con empresarios hace unos días.

Más allá de esto, los reclamos particulares se mantienen, y comienza a salir a flote a medida que aparecen las dificultades. La mayoría de los gremios apunta a una mejora del poder adquisitivo, que sufrió una brutal caída durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. En este punto, los estatales nacionales son uno de los sectores más castigados, como explican varios informes, incluyendo el que realiza la comisión interna de ATE en el INDEC. Según el último relevamiento, a noviembre del 2019 los trabajadores de la administración pública perdieron más de 36 puntos de salario, lo que equivale a un monto de unos 300 mil pesos.

Por eso, los estatales creen que las prioridades en esta nueva gestión están en la recuperación de esa pérdida. Además, piden que se resuelva la situación de los empleados precarizados, en su mayoría monotributistas. Como un gesto a estos reclamos, desde Casa Rosada confirmaron que habrá un pago adicional de 4 mil pesos para el sector, como el que se decretó para los privados.

Las prioridades de los estatales para los primeros tiempos de la gestión de Alberto Fernández apuntan al salario y las condiciones de contratación, que durante el macrismo se deterioraron notablemente. En el primer punto, la caída del poder adquisitivo es de las más importante de todo el mercado laboral. Según el último informe de ATE-INDEC, de noviembre de 2015 a igual mes de 2019 los trabajadores de la administración pública perdieron 36,1 por ciento de sus ingresos.

La medición fue realizada para un empleado de la categoría D0 del SINEP, con un salario de 25.750 pesos. Este desplome equivale a unos 298.241 pesos, casi 11 meses y medio de salarios. “Este monto sería apenas el necesario para recuperar el poder adquisitivo que esa categoría perdió en este período de la ‘revolución de la alegría’”, destacó el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

En estos cuatro años, la comisión interna del organismo midió una inflación acumulada de 295,7 por ciento, con un pico de 52,1 por ciento entre noviembre de 2018 y 2019. En el informe, ATE asegura que al inicio del macrismo, el salario de la categoría D0 permitió comprar 1,13 canastas básicas, mientras que en noviembre del año pasado el ingreso cubrió un 0,68 de la misma. Los datos coinciden con un reciente informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma puso a los estatales nacionales entre los que más perdieron en la era Macri, con una caída del 35 por ciento, similar a la medida por los integrantes de ATE-INDEC.

“El gobierno anterior nos dejó en una situación muy complicada a los trabajadores en general, y a los estatales en particular”, remarcó Raúl Llaneza, titular de la comisión interna de ATE-INDEC.

En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente recordó que en este tiempo “aquellos que tienen una mayor fuerza para negociar, como aceiteros, camioneros o bancarios, pudieron pelear en mejores condiciones, pero también tuvieron pérdidas”. “Los estatales sufrimos una pérdida muy grande, va a ser difícil que la actual gestión que asumió en diciembre nos salde esta deuda, pero es necesario hacerlo. Queremos ser solidarios con los que menos tienen, pero no podemos seguir perdiendo dinero, porque eso significa retraer más el consumo”, analizó el dirigente.

En el camino de la recuperación, esta semana se confirmará el pago de 4 mil pesos para el sector, similar al que recibirán los privados en enero y febrero. Según informó ATE, el mismo será desdoblado en dos veces: 3 mil pesos en el mes de febrero y mil en marzo. Los beneficiarios serán aquellos que cobren por debajo de los 60 mil pesos. “Dicho aumento será deducible de la paritaria 2020. Por lo tanto, no afectará a los aumentos (5 por ciento enero y 5 por ciento en febrero) previstos en la paritaria de 2019”, destacaron desde el gremio.

Otro de los puntos clave para la relación con el gobierno actual es la situación de muchos estatales que no tiene estabilidad laboral, y que tiene que ver con las banderas históricas de ATE. “Otro desafío del actual gobierno es terminar con la precariedad en el Estado, terminar con la situación del desempleo y el subempleo, esto es fundamental, tanto en el Estado como en el sector privado”, destacó Llaneza.

En el INDEC, sostuvo, “hay un número muy alto de trabajadores y trabajadores que son monotributistas, personal que no tiene derecho a nada”. En el organismo, de los 1.600 empleados 300 están en esa situación de “vulnerabilidad y bajos salarios”. “Revertirlo será una de las cuestiones que deba hacer este gobierno, que en estos años no se pudo revertir. Además de la falta de concursos generales”, dijo el dirigente de ATE-INDEC.

Estos pedidos fueron parte de la discusión abierta desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, y que se cristalizó con la firma del llamado “Compromiso Argentino de Solidaridad”, el pacto social que gremios y empresarios acordaron hace unos días, el cual sostiene “la urgencia y la necesidad de contar con un nuevo esquema de actualización de las jubilaciones pero también de las tarifas de los servicios públicos”.

Desde ATE y la CTA consideran que ese documento de consenso “es la antesala del llamado a constituir un Consejo Económico y Social, para lo cual el gobierno nacional estaría por enviar el proyecto de ley al Congreso de la Nación”. Desde que ganó las elecciones, el jefe de estado dialogó con todos los sectores sindicales, buscando que apoyen sus medidas. Hasta el momento se mantiene el delicado equilibrio de las partes, pero el cumplimiento de las demandas marcará el tono de la relación futura con el sector.