Recibidores de Granos reclaman ser excluidos de la lista de servicios esenciales
Desde URGARA enviaron una carta al presidente Alberto Fernández, donde piden “suspender por quince días toda operatoria de intercambio de comercio exterior, pues consideramos que no es una actividad esencial en este momento de emergencia sanitaria”. Alertan por los riesgos de “abrir la puerta de casa a extranjeros de países considerados de riesgo”.
La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) que conduce Pablo Palacio reclamó en una carta dirigida al presidente Alberto Fernández que se excluyan del Art. 6 inc. 13 y 15 del decreto 297/2020, el cual detalla la lista de servicios esenciales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, a las exportaciones agropecuarias en todas sus formas y el acopio y movimiento interno y externo de granos cereales, con el fin de que sus representados no estén expuestos a posibles contagios de COVID-19 (coronavirus).
“El Comercio Exterior debía ser considerado solo para actividades ‘impostergables’, es decir como una verdadera excepción a la regla, no como una habilitación a abrir la puerta de casa a extranjeros de países considerados de riesgo, y por el sólo afán lucrativo de empresas multinacionales y de recaudación estatal”, argumentaron desde el gremio por medio de una carta, en la que pidieron “suspender por quince días toda operatoria de intercambio de comercio exterior, pues consideramos que no es una actividad esencial en este momento de emergencia sanitaria”.
Desde URGARA recordaron que el objetivo del decreto es preservar y proteger la salud de los ciudadanos, limitando al máximo las posibles vías de transmisión y evitando el contagio, y señalaron que “días atrás se dio ingreso a buques procedentes de países declarados por la OMS como de riesgo (como son China, Brasil y Chile) sin el cumplimiento de las medidas de control sanitarios y sin cumplir la cuarentena o aislamiento correspondiente; situación gravísima para nuestros habitantes, ello a la luz de los efectos que produjo el virus en otros países”.
También explicaron que “respecto de nuestros representados, hablamos de más de 3.000 trabajadores de URGARA de los convenios de Control, de Exportación y Puertos Privados, quienes se encuentran trabajando en la primera línea de contacto, sin contar el resto de las actividades de gremios hermanos, que también están en riesgo en los más de 20 puertos que se encuentran operativos. Estos son, sin lugar a duda, la puerta de ingreso del agravamiento del problema, ya que se pone en riesgo la contención de transmisión y contagio de COVID-19”.
Además, denunciaron que “las terminales dieron indicaciones precisas a su personal dependiente de no subir a bordo de los buques que arriben, como si eso fuera una protección ante los efectos de la pandemia. Lo que olvidaron es que, por otra parte, se obliga a subir a bordo a un montón de otros trabajadores como ser los trabajadores de agencia, los peritos, la estiba y los serenos, quienes inmediatamente luego de terminar sus tareas a bordo de los buques, entran en contacto directo con ellos, en una muestra total de incoherencia”, denunciaron desde URGARA, agregando también que “a su vez, se invita a concurrir a los puertos en forma diaria a unos 10.000 camioneros, que luego de realizar su trabajo vuelven a sus provincias”.
Por último, aclararon que “estamos claramente consustanciados con las medidas adoptadas por el PEN a nivel general. Entendemos la gravedad de la situación de pandemia nunca vista antes, y que puede terminar en una catástrofe sanitaria como pasó en varios países del primer mundo”. Aunque, desde el gremio que conduce Palacio, y que integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), remarcaron que “no entendemos cómo empresas privadas extranjeras agroexportadoras que lucran con su actividad, puedan estar por sobre la salud, la vida y la seguridad de los trabajadores y de nuestro país”.
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