Piden hasta 10 años de prisión para choferes que encabezaron en 2015 protestas en la Línea 60

Ese año, los trabajadores de Monsa decidieron no cobrar boletos durante varios días, en el marco de un largo conflicto para reclamar reincorporación de despidos y mejores condiciones laborales. A partir de esto les abrieron varias causas, una de las cuales inició el juicio oral este viernes. “Es una causa armada”, sostienen los delegados, que se movilizaron a los tribunales para pedir la absolución de los cinco imputados.

Diego Lanese / Especial para gestión Sindical

En 2015, en medio de un conflicto de larga data, la empresa Monsa despidió a un grupo de choferes de la línea 60, lo que generó una medida de fuerza. A esto se le sumó la cesantía de Ariel Benítez –luego de un accidente de tránsito –lo que renovó la tensión. Los delegados propusieron para intensificar las protestas prestar servicio, pero no cobrar los boletos. La medida, aprobada en asamblea, se dio por varios días, hasta que la firma bloqueó el ingreso a las cabeceras y no permitió sacar las unidades, lo que mantuvo más de 40 sin servicio a la popular línea que une Capital Federal con el oeste del conurbano bonaerense. De ese conflicto quedaron varias denuncias penales que la firma, que pertenece al grupo DOTA, realizó contra los trabajadores. Esta vienes, una de ellas llegó a juicio oral, lo que generó una movilización pidiendo la absolución de los imputados.

Se trata de cinco choferes acusados de varios delitos, que en un acto de irracionalidad podrían recibir hasta 10 años de cárcel, si se cumple el reclamo de la empresa. “Quieren resolver en la justicia penal los conflictos sindicales”, se quejó el cuerpo de delegados, luego de la marcha donde en conjunto con otras organizaciones condenaron la criminalización de la protesta. Varias de las causas que surgieron de esos días de protesta se cayeron, pero otras se mantienen para “meter presión” a los trabajadores.

Este viernes se inició uno de los juicios que tienen los choferes de la línea 60, en el marco de los muchos conflictos que se dieron en los últimos años con la empresa. En esta, cinco trabajadores son acusados de “amenazas”, y pese a los recursos presentados la misma llegó a juicio oral. “Es una causa armada, lo venimos diciendo desde hace tiempo”, sostuvo el delegado Néstor Marcolín, luego de la movilización desde el Obelisco a los palacios de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente remarcó que el pedido es “que sean absueltos los compañeros, en esta y otras causas que derivan de ese conflicto”. “Vamos a demostrar que es una causa armada, que surgió en el marco de la medida del no cobro de boletos, hicieron esta y un montón más de denuncias penales para que la justicia finalmente blo0quee la cabecera y no saquemos los colectivos”, explicó Marcolín.

En aquel conflicto, cuando se decidió circular los colectivos pero no cobrar los boletos –las máquinas iban apagadas y la gente viajaba gratis –la empresa llevó la discusión a la justicia. Primero denunció por “defraudación” a quienes realizaban esta medida, luego de otros delitos, incluyendo amenazas. “Nos acusaron en una semana de todos los males del mundo, con la idea de frenar la medida. Nosotros seguimos sacando los colectivos a pesar del lock-out patronal, hasta que la justicia ordenó cerrar las cabeceras, ese era el objetivo de estas denuncias”, relató el delegado.

Una vez que se bloqueó la salida de unidad, el conflicto se mantuvo más de 40 días, afectando a unos 200 mil usuarios. Luego que se levantó la medida, algunas causas siguieron, como una que instruyó la jueza María Fontbona de Pombo, que si bien dispuso la “falta de mérito” el año pasado mandó a investigar las pérdidas sufridas por Monsa durante los días que se hicieron estas medidas.

La línea 60 de colectivos traslada en forma diaria en sus 19 ramales –hace un tiempo se achicaron varios recorridos, y fusionaron ramales –a unos 200 mil pasajeros, y une la Capital Federal con Tigre y Escobar. Desde hace tiempo que los delegados denuncias “hostigamiento” y despidos vinculados a una “clara persecución gremial”, que comenzaron incluso antes del 2015, cuando se dieron las protestas relacionadas al juicio que inició este viernes.

Además de las cesantías y la situación laboral, se viene denunciando las malas condiciones de seguridad e higiene, en especial en las cabeceras. La seguridad en la línea 60 es especialmente sensible, desde que en septiembre de 2016 murió David Ramallo, un trabajador del taller Barracas que falleció cuan un elevador sin habilitación cedió y el micro al que sostenía se desplomó mientras estaba debajo, reparándolo. La comisión interna de la empresa venía denunciando estas situaciones, y la muerte de Ramallo determino un nuevo foco de conflicto, todavía no resuelto.

Luego de la muerte de Ramallo se intensificaron las protestas, y según los empleados “creció la persecución”. Incluso despidieron a 10 choferes y suspendieron a otros 19 que se plegaron a las medidas que se hicieron luego del accidente fatal. Al poco tiempo, una medida cautelar los reincorporó, pero esta caducó, lo que hizo que la firma concretara las sanciones.

“La empresa quiere solucionar en la justicia penal los conflictos gremiales”, sostuvo el delegado Marcolín, en el marco de este nuevo avance que busca “criminalizar la protesta”. La semana que viene seguirían las audiencias, y los choferes prometen volver a los tribunales, en apoyo a los imputados. “Es una locura total que quieran darle de cinco a 10 años de presión por protestar, por una acción gremial. Es una clara persecución”, concluyó el dirigente.