Pese al último acuerdo salarial, CONADU alerta sobre un “escenario de no inicio de clases” en las universidades

El gremio mayoritario de los profesores aseguró que el 5 por ciento logrado este lunes “claramente no es suficiente” para recuperar lo pedido por la inflación, que situaron en un 17 por ciento. Por eso, si en febrero no hay una suba mayor, podrían votar medidas de fuerza antes del comienzo del ciclo lectivo. “En 2019 vamos a tener un nivel de conflicto muy importante”, adelantaron.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Luego que fracasara la reunión de la semana pasada, los gremios de docentes universitarios volvieron a sentarse junto a los funcionarios del Ministerio de educación, para negociar la aplicación de la cláusula gatillo del acuerdo salarial 2018. Esta vez, los representantes del gobierno llevaron una oferta del 5 por ciento, que se concretó de manera unilateral por parte de la cartera educativa, y que no dejó conforme a los gremios. Para la dirigencia sindical, la falta de una oferta que permita recuperar lo perdido por la inflación el año pasado hace que el 2019 comience con un “conflicto abierto”, y no descartaron el no inicio de clases.

Así lo adelantaron desde el gremio mayoritario CONADU, que en los próximos días discutirá esta posibilidad en distintos plenarios. “El comienzo de clases vamos a tener un nivel de conflicto muy importante”, dieron desde la entidad, que no descarta que mantenerse la política de ajuste del oficialismo se termine votando “un no inicio de clases” en marzo. Según los datos que manejan desde el sindicato, con el acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado, los salarios de los profesores perdieron un 7 por ciento respecto a la inflación real. Además, volvieron a reclamar por mayor presupuesto para el sector, y criticaron la política universitaria del gobierno del frente Cambiemos.

Los representantes de CONADU, CONADU Histórica y FEDUN se reunieron este lunes para completar la reunión iniciada el jueves pasado, cuando no recibieron ninguna oferta en el inicio de la discusión salarial, que debe revisar el impacto de la inflación en los salarios. En la segunda mitad de la cumbre, el Ministerio de Educación confirmo que se ejecutará una mejora del 5 por ciento, que no fue consultada con los gremios y se decidió de manera unilateral. “Claramente no es suficiente”, dijo el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero.

En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente criticó que el gobierno “tienen un doble discurso: por un lado admite que se perdió poder adquisitivo, pero por otro dice que no tienen condiciones para afrontar una suba superior a este 5 por ciento”. La suba fue establecida de manera unilateral, y no permite recuperar lo perdido el año pasado, que el gremio sitúa en un 17 por ciento.

“Esta forma de avanzar de manera arbitraria por parte del gobierno ya la vimos el año pasado, recién en septiembre llegamos a un acuerdo, mientras tanto se iban dando adelantos que no sirvieron para descomprimir la tensión, ya que en 2018 fue el año de mayor conflictividad en el sector de los últimos 20 años”, remarcó Montero.

La suba del 5 por ciento anunciada por la cartera educativa es a cuenta del acuerdo final, y se pagará en febrero. En el segundo mes del año se volverá a revisar la inflación, para sí en marzo comenzar a discutir el nuevo acuerdo para el 2019. “El análisis que hacemos es que hay una decisión muy fuerte de avanzar en una política de ajuste, y todo esto acrecentará las tensiones hacia el comienzo de clases, lo que plantea un escenario muy difícil”, agregó Montero.

La CONADU asegura que “las políticas del gobierno no retroceden, se profundiza”, por lo cual vamos a afrontar un inicio de clases “con un conflicto abierto en lo salarial, sin considerar todas las otras variables y condiciones que hicieron tan importante la pelea del año pasado”. Los gremios universitarios tuvieron el año pasado uno de los conflictos más importantes, con masivas movilizaciones de la comunidad educativa, que rechazó el presupuesto aprobado por el Congreso por iniciativa del Ejecutivo.

“El gobierno anunció que tendrá más injerencia en la ejecución del presupuesto de las universidades, lo que los rectores dicen es que se avanza en la autonomía, y que es parte de la política de ajuste que quieren imponer”, recordó Montero. Por lo tanto, según la mirada del dirigente, este 2019 tendrá características similares al anterior. “Creo que vamos a un mismo escenario, por lo cual en el comienzo de clases vamos a tener un nivel de conflicto muy importante. Todo indica que las clases no van a comenzar, es un escenario posible”, adelantó Montero.

En el resto de los gremios del sector la mirada respecto de la aplicación de este 5 por ciento fue dispar. Mientras que FEDUN lo consideró “un avance” para la CONADU Histórica consideró el proceso “un manoseo y una provocación”.

El gremio que lidera Daniel Ricci sostuvo que “continuará insistiendo en el reconocimiento del desfasaje que tuvo la paritaria de los docentes universitarios respecto de la inflación, que afecta de manera grave el salario de los trabajadores docentes universitarios”. Pese a esto, aseguró mediante un comunicado de prensa que la suba del 5 por ciento “es un avance”.

“El aumento a cuenta, que fuera reclamado por la Federación, representa un avance, pero sigue siendo insuficiente respecto a la inflación del 47 por ciento del año pasado y los incesantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, que azotan a los trabajadores a partir de enero del presente año”.

Por su parte, CONADU Histórica, que reporta a la fracción Perón de la CTA Autónoma y el año pasado no firmó la paritaria de septiembre por estar en contra del acuerdo alcanzado, sostuvo que fue poco clara la forma de convocatoria y negociación del gobierno. El 5 por ciento alcanzado está lejos del 20 por ciento reclamado por la central que comanda Luis Tiscornia, que pide para este año que haya una real revisión inflacionaria. “Al no existir cláusula gatillo, quedamos a merced de las maniobras dilatorias del gobierno”, dijo el gremio.

“No sólo debemos revertir el deterioro salarial, acá hay una política general que afecta el presupuesto y otros aspectos, que no sólo ataca a los docentes sino a todos los trabajadores. Por eso apuntamos a la necesidad de que los sectores movilizados puedan acordar un plan de lucha”, subrayó Montero, que espera que tanto la CTA de los Trabajadores a la que pertenece el gremio, como la CTA de Pablo Micheli y los sectores de la CGT que forman la multisectorial contra el tarifazo puedan avanzar en este camino, más allá de si se realiza un paro nacional o no. Día atrás el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky habló de no hacer paros este año, por la cuestión electoral. Luego de la primera marcha de antorchas, el moyanismo salió a alentar esa protesta, y ahora el dirigente la alienta. “No tengo duda que estamos en la cuenta regresiva de un paro nacional”, afirmó en recientes declaraciones periodísticas.