Paritarias estatales: reflotan la idea de un ente neutral para resolver conflictos entre el Estado y sus empleados

Se trata de un proyecto presentado el año pasado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que hoy toma nuevo impulso por el inminente conflicto docente. Apoyo de los gremios a la iniciativa: “hay que terminar con la lógica del zorro cuidando el gallinero”.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Los cruces de declaraciones entre funcionarios provinciales y dirigentes docentes hacen pensar que el conflicto en el sector es inminente, sobre todo luego de la oferta realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal, que fue rechazada categóricamente por todo el arco sindical. La posibilidad de que no empiecen las clases es uno de los focos de conflictividad en el horizonte de la administración púbica bonaerense, pero no el único. Los médicos ya hicieron dos paros este año, y los estatales enrolados en ATE insisten con un nuevo acuerdo salarial, distinto al firmado para este 2017 por otras organizaciones. Ante esta batería de discusiones, en las últimas horas cobró fuerza un proyecto, presentado en 2016, para crear un organismo imparcial que sirva como mesa de negociación entre el Estado y sus empleados. Con apoyo de los gremios, esta iniciativa podría discutirse en la legislatura, aunque no llegaría a evitar un inicio de año complicado. La norma da respuesta a un requerimiento constitucional, hasta ahora no resuelto.

A mediados del año pasado, el diputado del bloque Justicialista Mario Giacobbe presentó la propuesta D- 973/16-17 para crear el denominado Organismo de Medición y Arbitraje, que sirva de ente neutral para la negociación salarial y laboral del Estado con sus empleados públicos. Según la iniciativa, a la que tuvo acceso Gestión Sindical, este organismo será “autónoma y autárquico”, y mantendrá “independencia e imparcialidad” en sus decisiones. Pensado para resolver los conflictos con los trabajadores estatales, incluyendo la creación de convenios colectivos, este ente estará integrado de aprobarse por cinco miembros, tres designados por el Poder ejecutivo (en este caso conjueces, que serán sorteados ante escribano público) y dos miembros aportados por el Colegio de Abogados provincial, de entre sus miembros especializados en derecho laboral. Los mandatos durarán dos años.

La creación de este ente fue varias veces pedida por los gremios, que recuerdan que está prevista en la nueva Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 39 inciso 4. Incluso el año pasado, en medio de la discusión salarial, un juez les ordenó a la gobernadora Vidal y su ministro de Trabajo Marcelo Villegas que den cumplimiento a la ley, y pongan en marcha el organismo. El fallo del juez federal Luis Arias le otorgó 30 días al gobierno para poner en marcha el organismo, además de convocar a una reunión conciliadora de las partes (en ese momento el gremio ATE y el Estado), pero un segundo fallo, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Plata, dio marcha atrás con la orden. Desde ese momento, el ente neutral quedó sepultado.

“Hay que terminar con la lógica del zorro cuidando el gallinero”, le dijo a Gestión Sindical un encumbrado dirigente estatal, respecto a la idea de crear este organismo imparcial. Además del respaldo constitucional, en los sindicatos creen que los asisten “la lógica y el sentido común”. “Lo venimos reclamando constantemente, el Ministerio de Trabajo no puede ser juez y parte de la discusión salarial”, agregó la misma fuente. En este sentido, varios gremios, en especial ATE, decidieron no acatar las conciliaciones obligatorias dictadas en los conflictos, una forma d epresionar para que se cumpla la puesta en marcha del ente. “No reconocemos la autoridad del ministerio en estos casos, porque responden a sus propios intereses, a los del gobierno. Crear este organismo sería un paso adelante, esperemos que haya voluntad”, destacó el mismo dirigente consultado.

Ahora, el proyecto de Giacobbe gana fuerza ante la inminencia de un conflicto docente, que pone en peligro el inicio de clases en marzo. Esta situación podría ser salvada por el ente, que tendrá facultad para citar a las partes en los primeros días del conflicto, y retrotraer la situación a la previa al inicio del problema. En este caso, si se firmara un acta será “de cumplimiento obligatorio”, tanto para los gremios como para el Estado.

En cuanto a la paritaria docente, la unidad mostrada por los seis sindicatos del sector es un llamado de atención para Vidal y su gobierno, que hasta ahora no dio indicios de mejorar en breve la oferta salarial. Para colmo, las amenazas a Roberto Baradel, titular de SUTEBA, enturbiaron más la situación. “Unidad en las escuelas por mayor presupuesto para la Educación y por ningún docente por debajo de la línea de pobreza” fue la consigna acordada por los gremios, que pusieron en un 25 por ciento su pretensión inicial para comenzar el ciclo lectivo. “Los docentes queremos ir a una paritaria y poder discutir la mejora del salario. Es legítimo que el gobierno lleve su número y un posicionamiento y también es legítimo que nosotros lo llevemos porque una negociación se trata de eso”, sostuvo Baradel, durante la conferencia de prensa realizada ayer, para repudiar las amenazas que recibió y para pedir una nueva oferta salarial.