Para SUTEBA, los cambios en el sistema alimentario son “la antesala de una privatización”

Desde el gremio docente alertaron que la reforma anunciada por la gobernadora Vidal, y recordaron que la experiencia ya se intentó en los 90. Confirmaron dos resoluciones que permiten a ONG financiadas por multinacionales hacer obras de infraestructura. “Buscan que el Estado deje de cumplir sus responsabilidades”, se quejaron.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La semana pasada, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció una reforma en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que incluye un aumento del valor de las raciones que reciben los alumnos que acuden a los comedores, y un cambio en la estructura interna del sistema. La misma se dio luego que se difundiera un informe elaborado por la gestión provincial, que encontró “serias deficiencias” en muchas escuelas, entre ellas falta de infraestructura e insumos básicos. Casi de inmediato, algunos gremios docentes rechazaron la iniciativa, porque consideraron que se trata de un intento de transferir la responsabilidad a los municipios. Además, los sindicatos alertan que este paso es “la antesala de una privatización” del sistema en particular y de la educación pública en general. Algunas medidas ya se tomaron, y fueron denunciadas por la dirigencia.

Vidal informó que se destinarán unos mil millones de pesos para reforzar el SAE, incluyendo el aumento de 6 a 12 pesos lanzado a principio de año. En mayo, habrá un nuevo incremento del 30 por ciento del valor de la vianda que reciben los niños, que apunta a mejorar “la calidad y cantidad de los alimentos que conforman los desayunos, almuerzos y meriendas escolares”. Además, se plantea transferir los fondos del SAE a las comunas, una municipalización que los gremios rechazaron. “Existe una decisión política del Estado provincial de desresponsabilizarse del funcionamiento de los comedores escolares, a los que concurren más de un millón de estudiantes”, afirmó la semana pasada mediante un comunicado de prensa SUTEBA, integrante mayoritario del Frente Gremial Docente.

Esta semana, los sindicatos redoblaron la apuesta, y confirmaron que el proceso está en marcha, y alertaron que se trata de “la antesala de una privatización educativa”. “Ya pusieron varias medidas de este tipo en marcha, lo que nos preocupa y mucha”, le dijo a Gestión Sindical una fuente del sector. Como ejemplo, adelantó que no sólo se reformó el SAE, sino que se abrió el camino a que entidades privadas participen de diversas obras. “Hay dos resoluciones firmadas por el gobierno, la número 63 y la 101, que permiten que entidades no gubernamentales realicen trabajos de infraestructura en escuelas, sin ningún tipo de control”, agregó la misma fuente. Estas ONG, cuentan “con el respaldo de empresas multinacionales, cuyos directos forman parte de su conducción”.

“La reforma del SAE y la apertura a estos trabajos son el inicio de una municipalización de la educación, con aporte de capitales privados”, confesó la misma fuente gremial, que recordó que ya en los 90 el gobierno nacional y provincial tenía un proyecto similar. “Buscan que el Estado deje de cumplir sus responsabilidades, y que la situación recaiga en las comunas. Estas, cuando no puedan garantizar los servicios, van a recurrir a los privados, algo que rechazamos”, adelantaron desde los gremios. Este modelo ya se intentó usar en el sector salud durante este año, cuando en las discusiones paritarias con los médicos se insinuó la posibilidad de dar respuestas a los pedidos presupuestarios “abriendo otras fuentes de financiación”. Esto incluyó que los hospitales puedan acceder a fondos a través de cooperadoras y entidades de beneficencia. Para el gremio CICOP, esto es “inaceptable”, ya que deslinda al Estado de la salud pública.

Volviendo al conflicto educativo, los gremios docentes mantienen sus críticas a la gestión de Vidal, a quien le piden sin éxito desde hace unas semanas que reabra la paritaria para otorgar una suba extraordinaria que permita recuperar la caída del salario real. Lo mismo sucede con el presupuesto del 2017, que SUTEBA denuncia tiene un recorte de “16 mil millones de pesos”. “El gobierno no pudo hacerse cargo de sus obligaciones este año, con el recorte presupuestario para el que viene no sabemos cómo vamos a dar clase. Lo que está claro es que hay un escenario de conflicto, y la responsabilidad de que se inicie el próximo ciclo lectivo es de Vidal”, afirmaron las fuentes consultadas.

La resolución del SAE se die en medio de la difusión de un trabajo elaborado por el Ministerio de Desarrollo provincial, y que advirtió sobre serias falencias en los comedores de toda la Provincia. Los datos marcan el nivel de precarización, y fueron usados por la gestión bonaerense para justificar el cambio en el sistema. Algunos de los problemas encontrados en este relevamiento marcan un nivel muy preocupante en materia de alimentación. Según los mismos, a los que tuvo acceso Gestión Sindical, en el 60 por ciento de los establecimientos el desayuno “no cuenta con presencia de leche o yogurt”. Además, un tercio de las escuelas relevadas por la cartera social no tienen agua de red en la cocina, y el 56 por ciento no tiene red cloacal y desagües, ni un lugar de uso exclusivo para comer. El dato más curioso: en el 60 por ciento de los comedores carece de los utensilios necesarios para comer.

“Las políticas educativas que implementa el actual gobierno provincial avanzan hacia la municipalización de los servicios educativos, práctica neoliberal que en los 90 era la antesala de la privatización. Si la cuestión alimentaria queda librada a los presupuestos municipales, habrá una diferenciación marcada entre municipios más grandes, que pueden afrontar el gasto con recursos propios, y otros chicos a los que se les complicará asegurar el esquema de funcionamiento”, alertó ante este contexto el documento de SUTEBA.