Por Julián Rousselot
Secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Informáticos de la República (SUTIRA)
En 2001, se sancionó en nuestro país la ley de modernización del Estado orientada a «eficientizar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional» (decreto 103/01). Poco tiempo después, en 2005, se creó el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, a fin de «impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para mejorar la relación del gobierno con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios públicos e incrementar la transparencia y la participación, para una mayor integración y desarrollo de la sociedad» (decreto 378/05). Y en 2016, el actual Gobierno diseñó su propio plan de modernización.
Vemos que la voluntad de modernizar el Estado existe. Incluso podemos remontarnos a la década de los 90 y la reforma que se llevó a cabo, cuyos procesos siguen vigentes hasta el día de hoy. Pero, frente a la situación actual, la pregunta que nos interpela es: ¿Alcanza con la sanción de leyes, con la creación de programas, de informes, reportes y palabras de incentivo?
La respuesta es no. Sobran los ejemplos que demuestran que una ley no hace que algo pase a ser realidad si no hay una voluntad política que lo impulse detrás. Lo que sucede es que, a veces, se le asigna a lo tecnológico una función casi mágica, y lo que no se está teniendo en cuenta en el proceso de modernización de la administración pública es que las máquinas no funcionan por sí solas.
Sin recursos humanos adecuados, cualquier proyecto de incorporación de tecnología se debilita. Y el Estado tiene dificultades para conseguir, formar y retener a su personal técnico, porque el mercado ofrece mejores salarios, otorga más posibilidades de desarrollo de carrera y brinda más prestigio.
El rol técnico en el sector público
Los informáticos en el Estado son los encargados de mantener en funcionamiento los sistemas de cada una de las dependencias de gobierno; sostener los servicios en línea que se brindan a la sociedad; mantener las redes, las plataformas, el hardware y el software; velar por la seguridad de la información, y mantener operables los servidores de cada uno de los usuarios.
Planifican e implementan nuevas formas de servicios, procesos, herramientas, sistemas para hacer más robusta y eficiente la gestión. Mejoran la infraestructura de operaciones, de comunicaciones y de seguridad. E implementan procedimientos y herramientas que verifican el uso de versiones de software actualizadas.
Como se ve, la palabra modernizar no solo consiste en comprar máquinas. Es mantener a todo un equipo de personas que soportan cada uno de los sistemas que utilizamos y de los que, muchas veces, no conocemos nada más que su funcionamiento.
Incorporar técnicos informáticos al Estado genera una mayor calidad en los servicios ofrecidos a los ciudadanos: procesamiento más eficiente de las liquidaciones, ampliación de los servicios por internet, modernización de las plataformas, cuidado de los datos de los ciudadanos, y accesos más directos y sencillos para todos los usuarios.
Aunque suene abstracto, esto se ve reflejado en la realidad de miles de argentinos: los informáticos son los que mantienen el software y la operabilidad de sistemas como los de cobro de la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones, las diferentes operaciones en línea ante dependencias del gobierno como AFIP o Anses, las contrataciones públicas mediante sistemas más transparentes y abiertos a toda la comunidad (como por ejemplo, el sistema COMPR.AR de compras electrónicas abiertas). Acompañan, además, el proceso de despapelización de la administración pública (por ejemplo, mediante la digitalización de las historias clínicas en los hospitales públicos).
Los problemas del informático
Los distintos gobiernos no acompañaron el proceso de modernización que se viene dando en todo el mundo. No tuvieron en cuenta que cada vez son más necesarios los perfiles técnicos, tanto en el sector privado como en el público. La falta de idoneidad para los puestos públicos, debido a la poca oferta de gente capacitada, genera una pérdida de confianza del ciudadano común hacia toda la estructura estatal. Y con justa razón, ya que no es lógico que, en ciertos casos, una persona pierda horas de su vida para hacer trámites, recorriendo innumerables oficinas y llevando documentación impresa en papel, como si estuviera en el siglo pasado.
El Estado argentino destina apenas el 0,5% de su PBI a I+D, según el último presupuesto, lo cual genera un posterior descuido en quienes son los encargados de llevar adelante los procesos: el capital humano y todo su conocimiento.
Las políticas públicas de fomento no dieron los resultados esperados. Un ejemplo de ello es el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, lanzado en 2010, que no logra la meta que se propuso. Según un informe de la Universidad de Belgrano del 2018, de 40 mil alumnos que ingresan a las carreras de ingeniería, solo egresan 8 mil por año, frente a 34 mil abogados y psicólogos. Esto representa un promedio de 1 ingeniero por cada 6300 habitantes, mientras que países como China y Alemania titulan a un ingeniero cada 2 mil habitantes, según datos de la UTN. Se necesitan 2500 ingenieros adicionales por año para llegar a la meta nacional de 1 graduado cada 4 mil habitantes.
Las políticas económicas no favorecen a las pocas personas que optan por las ciencias duras. Según estudios migratorios, se estima que hay entre 150 mil y 180 mil profesionales argentinos viviendo fuera del país. Además, casi un 40% de los radicados aquí está dispuesto a emigrar, ya que son más valorados y mejor remunerados en otros países.
En este sentido, se confiaba en que las agrupaciones gremiales que representan a los trabajadores del Estado llevarían adelante un plan para que las condiciones mejoren a lo largo del tiempo. Pero no se involucraron para cambiar la realidad del empleado informático estatal: no pelearon por jerarquizar ni profesionalizar ni por lograr una remuneración acorde con el puesto.
Para dar un ejemplo: el salario de un técnico en el Estado es un 63% menor que el de un puesto similar en el sector privado, y por supuesto, no existe ningún tipo de reconocimiento o beneficio para los trabajadores sobresalientes o premios a ideas innovadoras. Vemos entonces que estos grupos de representación laboral son parte del problema.
Las falencias son varias, tanto a nivel micro como macro. Si queremos modernizar el Estado, debemos principalmente acompañar a los recursos humanos, hombres y mujeres, que son quienes llevan a cabo todos los procesos necesarios para una gestión más moderna y eficiente.
Un plan de acción para mejorar
Un posible plan para superar estas falencias debe incluir una mayor cantidad, mejor calidad y constancia en las capacitaciones informáticas dentro de la administración pública, para que los procesos sean cada vez más eficientes y modernos. También, una representación genuina de los trabajadores en las negociaciones salariales. Además, debe involucrar más estímulos a los trabajadores para que el día a día y la burocracia propia del Estado no los estanquen, dando lugar a sus ideas, ya que son los trabajadores quienes van a lograr una administración acorde con las exigencias del siglo XXI. Es necesario replicar modelos exitosos de otras administraciones, tanto locales como internacionales. Finalmente, hay que favorecer y facilitar los ascensos y rotaciones dentro de la administración pública.
Pero todo esto no se puede lograr sin tener el respaldo del Estado, ya que muchos de estos planteos requieren de una adecuación normativa y una reestructuración que muchas veces escapan a las limitadas posibilidades del trabajador y sus cuerpos colegiados. Se deben orientar las políticas públicas para fomentar el estudio y la investigación en las ciencias exactas. Se debe comprender el proceso de modernización como transversal a toda la administración pública y no solo de un sector o ministerio en particular. Y se debe acompañar a las personas que lo llevan adelante, lo cual implica remuneraciones acordes, capacitaciones y jerarquización de sus puestos.
La política es servicio y la búsqueda del bien común. Vemos entonces que todos los roles son fundamentales y repercuten en la aplicación de políticas tendientes a mejorar la vida de los argentinos. Solo que, muchas veces, no nos damos cuenta de que detrás de una plataforma, un servicio y una aplicación, hay un equipo de trabajo, un conocimiento puntual aplicado, horas de dedicación y una vocación de servicio que debemos mantener viva, reconocer y promover.
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