Obras sociales sindicales tomaron con escepticismo el plan de control y cobertura de medicamentos
Afirman que el impacto «será menor», ya que el sector mantiene una fuerte «inercia inflacionaria». Alivio por el giro de fondos para tratar afiliados con discapacidad.
El anuncio de un plan para frenar el aumento de precios de los medicamentos fue recibido con poco entusiasmo entre obras sociales y gremios, que ven que los efectos de lo acordado por el Gobierno nacional tendrán «poco impacto» en la dinámica del mercado.
El doble acuerdo alcanzado por laboratorios y farmacias con funcionarios nacionales compromete al sector a subir el valor de los tratamientos un punto por debajo del IPC promedio y además ofrece descuentos a pacientes que están por fuera de la seguridad social.
El convenio se dio luego que un informe denunciara que en los primeros seis meses del año los productos farmacéuticos tuvieron una suba por «encima de la inflación», en algunos casos superando por varios puntos ese índice.
Las entidades de salud de los sindicatos piden que se antes de este tipo de cuerdos se normalice la entrega de fondos, como los que recibieron esta semana para atender afiliados con discapacidad.
En general, el plan de medicamentos, «Pacientes Cuidados», fue recibido con escepticismo. Es que la idea de frenar mediante un acuerdo la suba de precios de los medicamentos no tiene buenos antecedentes. En diciembre de 2019, el gobierno tomó una medida similar, pero luego la pandemia y la presión de la industria terminó desdibujando.
«El IPC salud es más alto que el promedio, y en ese componente los medicamentos están por debajo del máximo», explicó una fuente de la seguridad social ante la consulta de Gestión Sindical.
Laboratorios y farmacias admitieron que «fueron presionados con un nuevo congelamiento», y que por eso decidieron aceptar mantenerse un punto por debajo de la inflación. «Pero los productos seguirán enganchados con la inercia inflacionaria, y las subas van a seguir», recalcaron las fuentes consultadas.
Respecto a los descuentos, lo acordado incluye dar bajas del 35 por ciento a personas que no tengan cobertura médica, es decir, que no tengan obra social o prepaga. Pero no hay mayores detalles. Para las entidades gremiales, «esto ya existe, se llama ‘receta solidaria’ y es una ayuda que da la seguridad social».
«El plan hasta ahora no es obligatorio, por lo cual no todas las farmacias se van a sumar, ni hay información de su implementación», se quejaron en el sector. Por eso, creen que «se trata más que nada de un anuncio para los medios, de los muchos que hace este gobierno, pero que después no pasa nada en lo concreto».
Detalles del programa
Los dos acuerdos se presentaron este martes luego de una cumbre en la Casa Rosada, donde participaron las cámaras farmacéuticas, las cámaras de farmacias COFA y FEFARA y funcionarios de Salud y Economía.
Ya se habían reunido la semana pasada, cuando se conocieron los datos de inflación del INDEC, que marcaron que el IPC creció un 5,3 por ciento, mientras el área Salud tuvo un incremento del 7,4 por ciento, empujado por la suba de cuota de las prepagas y el precio de los medicamentos.
En tanto, respecto al plan de descuento, la cartera sanitaria informó que Pacientes Cuidados está destinado «a la población con cobertura pública exclusiva (es decir, sin cobertura de obra social o de empresa de medicina prepaga), quienes tendrán descuentos del 35 por ciento en todos los medicamentos de los laboratorios participantes y en las farmacias adheridas».
Se aclaró que el programa excluye los medicamentos de venta libre. La iniciativa regirá a partir de la fecha y por 60 días, presentando la prescripción médica correspondiente. Además, se mantiene la estrategia de precios de referencia para la seguridad social en 85 principios activos de uso crónico y los actualiza mensualmente ponderados por consumo.
Giro de fondos
Para las obras sociales, si bien el tiempo dirá «cómo impacta el plan», las perspectivas no son demasiado ambiciosas. El problema del sector, afirman, está vinculado al financiamiento de las entidades, tema que genera siempre tensión entre los sindicatos y los gobiernos de turno.
Uno de los últimos pedidos apunta a financiar la atención de afiliados con discapacidad, que actualmente, esos costos son absorbidos por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que hace que las entidades tengan enormes dificultades para cubrir esos gastos. Desde comienzos de años hay un compromiso para pagar esos recursos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahora se concretaría.
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La idea es publicar un decreto para lograr este traspaso, y así aliviar los problemas financieros del sector. Según las versiones periodísticas, a partir de este DNU la dirección nacional pasará a absorber los costos de la cobertura económica de las prestaciones de educación y transporte para afiliados sindicales que sufren alguna discapacidad.
De acuerdo a los primeros cálculos, se trata de un gasto de 6 mil millones de pesos, otros elevan esa cifra hasta los 8 mil millones de pesos. Muchos hablaron del giro para evitar una marcha en contra, pero las partes mantuvieron el silencio al respecto.
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