No se salva nadie: desde las multinacionales a las recuperadas, la industria sufre el parate por la cuarentena

El sector industrial comenzó a dar señales de problemas ante la falta de actividad producto del aislamiento obligatorio. Algunas empresas buscan reducir salarios, y otras suspender personal. Una firma de Techint bajó los haberes un 40 por ciento. Para empresas recuperadas, el aislamiento puede ser terminal. El gobierno lanzó un paquete de ayuda, y suma más de 500 mil millones de pesos desembolsados en esta situación de crisis.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, la industria manufacturera sufrió una fuerte retracción de la actividad, llegando en 2018 y 2019 a números realmente desastrosos. El cambio de gobierno generó cierta esperanza respecto un repunte de la producción, en el marco de un plan de apoyo para recuperar al sector. Pero la pandemia de coronavirus irrumpió en el mundo, y obligó a la actual cuarentena, que generó un parate en la producción de casi todas las áreas, menos aquellas que son consideradas esenciales.

Así, en las últimas dos semanas la producción se paró, generando un nuevo deterioro al golpeado sector. La nueva crisis afecta a todos, desde las multinacionales como Techint, que pretende despedir miles de trabajadores, a las empresas recuperadas y autogestionadas, que deben afrontar nuevos desafíos en medio de su pelea por subsistir. Todos se ven afectado por la situación extraordinaria, que todavía no alcanzó su mayor profundidad. Para contrarrestar esto, el gobierno continúa con sus medidas de salvataje, que in reciente informe destacó asciende a unos 550 mil millones de pesos.

El golpe a la industria no discrimina empresas grandes, pequeñas, pymes o recuperadas. Todas son alcanzadas por el parate de la actividad, y por estas horas comienzan a aflorar los conflictos. La multinacional argentina Techint quedó en el ojo de la tormenta por el intento de despidos de unos 1.500 trabajadores en plena pandemia, lo que le valió el reproche público del propio presidente de la Nación Alberto Fernández. Pese a esto, el grupo de la familia Rocca sigue tomando medidas cuestionables. Esta semana, en una de sus firmas decidió dejar de pagar un bono de productividad, lo que representa una baja salarial de hasta un 40 por ciento. Así lo denuncian operarios de Tenaris Siat de Valentín Alsina, en el distrito de Lanús, donde esta semana se cobraron los salarios con esa baja sustancial.

“No nos pagaron la bonificación por productividad, lo que representa entre el 30 y el 40 por ciento de los salarios”, le confirmó a Gestión Sindical José Villa, delegado de la planta ubicada en el sur del gran Buenos Aires. La firma, que produce tubos de acero con costura para la industria del gas y del petróleo, está paralizada desde el 20 de marzo, motivo que usaron las autoridades para dejar de pagar este extra. “Este beneficio se pagó en los últimos 50 años, nunca bajo ninguna circunstancia se dio de baja”, recordó Villa, que afirmó que la producción se paró por la pandemia. “Quieren que esas pérdidas las paguemos los trabajadores”, se quejó.

Si una firma como Tenaris Siat, que forma parte del grupo económico más importante del país, argumenta dificultades por la situación actual, el resto de la industria puede decir que está peor. Muchas de las empresas que hace dos semanas no tienen actividad pagaron esta semana los salarios, pero tendrán problemas si la cuarentena se extiende. Los casos más complicados son los de las pymes familiares y las empresas recuperadas, que sin ayuda oficial –no pueden acceder a los programas estatales porque no están del todo habilitadas a funcionar –pueden terminar colapsando.

Uno de estos casos es el de la firma Canale, en la localidad de Llavallol, que desde octubre del año pasado está bajo control de una cooperativa, luego de la quiebra de la firma en 2018. En este tiempo, la denominada Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Llavallol (COTRAMELL) estaba produciendo, pero se mantenía esencialmente con una parrilla solidaria frente a la planta, que por la cuarentena tuvo que cerrar. “Se estaba trabajando, pero la parrilla era nuestro ingreso diario hasta que no se estabilice la cuestión, por eso estamos en una situación muy compleja”, le dijo a Gestión Sindical Nicolás Macchi, referente de los trabajadores.

“Hasta que no haya un volumen de trabajo constante es bastante relativo el tema de la producción, estamos esperando algún tipo de subsidio a nivel nacional para poder comprar insumos y recuperar la producción, pero eso se paralizó”, agregó. Por estas horas, los ex empleados de Canale sólo cobran un fondo de desempleo. “Ni siquiera pueden apelar a los 10 mil pesos del ingreso familiar de Emergencia que se dio la semana pasada”, se lamentó Macchi.

En otros casos, como las empresas en conflicto por despidos o intentos de cierre, el parate promete ser letal. Uno de estos casos es el de la papelera Kimberly-Clark, que cerró sus operaciones en la localidad de Bernal, pero sus empleados pretenden mantenerla produciendo. Cuando se decretó el aislamiento, los despedidos de la firma vieron una oportunidad: afirmaron que tienen “la capacidad de producir un elemento esencial como el papel tissue”.

Este producto, con el que se hace el papel higiénico, rollo de cocina, toalla para manos, servilletas, pañuelos descartables, entre otros, tiene una alta demanda, y la idea de los empelados es “abastecer en primer lugar a hospitales, centros de salud, comedores y más en general a una parte de la demanda que en el marco de la lucha contra el coronavirus”. Según confirmaron a Gestión Sindical los trabajadores, existe la posibilidad de hacer “60 toneladas de este producto”, ya que las instalaciones están en condiciones. Pero la planta sigue cerrada, por lo que los empelados pidieron que el estado declare “de necesidad social urgente” el lugar, y no permita el desmantelamiento que lleva adelante la firma de origen norteamericana.

En este punto, adelantaron que presentaron un informe al respecto a Eduardo Murúa, quien está al frente de la Dirección de Empresas Recuperadas, pero hasta el momento no recibieron respuesta. Otros grupos de despedidos y de firmas en conflicto también piden la intervención del estado. En Cresta Roja, por ejemplo, los empelados cesanteados dicen que están “desesperados”, porque nadie se hace cargo de su situación. En tanto, en Ansabo, otra papelera cerrada en los últimos años, piden que les permitan producir papel u otro insumo para hacer frente a la pandemia. Hasta ahora, los despedidos sólo reciben un fondo de desempleo de 6 mil pesos, y ninguna respuesta a sus planes de reactivación.

Desde el gobierno nacional aseguran que las empresas que están paralizadas por la pandemia recibirán ayuda para afrontar sus compromisos, en especial el tema salarial, y lanzaron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que tiene como objetivo apoyar los emprendimientos que padecen una disminución de su producción, a partir de la pandemia, impacta en forma “inmediata y aguda a las empresas, particularmente a aquellas micro, pequeñas y medianas”.

En el decreto, se prevé “la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino” y una “Asignación Compensatoria al Salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados”. A su vez, a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), el gobierno estableció que se dará una asistencia a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados y se especifica que la prestación por trabajador tendrá un mínimo de 6 mil pesos y un máximo 10 mil.

Este nuevo paquete de ayuda estala se suma a otros desembolsos que se hacen para monotributistas y beneficiarios de ayuda social, y apunta a evitar desbordes sociales ante la crisis que genera la pandemia. En este sentido, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) calculó que los esfuerzos del gobierno ascienden en total a unos 500 mil millones de pesos. En informe de su Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) sostuvo que la gestión nacional “impulsó un paquete de medidas para estimular y financiar la actividad económica en esta coyuntura y reducir al mínimo el impacto negativo de esta nueva crisis global sin precedentes”. El trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, determinó que el conjunto de medidas implementadas “implica una expansión fiscal de 555.550 millones de pesos”.

Además, expresó que “viene acelerando la baja en pos de incrementar el flujo del crédito hacia las pymes y para el consumo”. En este total están incluidos los gastos para comprar insumos para enfrentar el coronavirus y la construcción de icho hospitales modulares, entre otras cuestiones.