Médicos y judiciales bonaerenses otra vez de paro: «el gobierno sigue con la misma propuesta»
Desde la CICOP calificaron a la propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal como «notablemente insuficiente». Por su parte los judiciales llevan 18 días de paro en lo que va del año.
A seis meses del comienzo de 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal no ha logrado llegar a un acuerdo paritario con los principales gremios de la Provincia. Los profesionales de la salud realizan este jueves un nuevo paro de 24 horas en los 80 hospitales bonaerenses, mientras que los trabajadores de los 19 departamentos judiciales empezaron ayer un paro de 48 horas, con los que suman 18 días de paro.
El secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Pablo Abramovich, explicó que la medida de fuerza continúa porque «el gobierno viene desde diciembre dando la misma propuesta, sin tener en cuenta el rechazo mayoritario de los gremios estatales. No tienen cintura para discutir y presentar otra oferta».
Además consideró que los trabajadores exigen ser «convocados a una mesa de diálogo con voluntad de alcanzar un acuerdo, sin imposición de pagos a cuenta, o reiterar ofrecimientos que ya han sido rechazados».
Para la jornada de paro que se realizará hoy, los judiciales prevén una movilización de los trabajadores judiciales que partirá desde la Suprema Corte de Justicia y se convocará en el Ministerio de Justicia bonaerense, en La Plata.
Por su parte, el presidente de CICOP, Fernando Corsiglia planteó que «la decisión de retomar las medidas de fuerza tiene relación directa con la propuesta notablemente insuficiente que realizara con respecto a lo salarial el gobierno de la Provincia de Buenos Aires».
El representante de los trabajadores de la salud consideró que la «reducción del costo laboral es una de las medidas de ajuste estructural que pretenden implementar en el Estado». También contó que el gobierno provincial propone «la reducción efectiva de los presupuestos (el de salud es un claro ejemplo), lo cual se expresa en recursos humanos e infraestructura; los cambios en condiciones laborales con pautas de flexibilización tales como ‘presentismo’ y ‘productividad’; y el cercenamiento de la libertad sindical».
Y exigió una nueva convocatoria en reclamo de «23 mil pesos de salario para el ingresante sin fragmentación en cuotas y con un mecanismo de actualización real manteniendo la paritaria abierta, el pase a planta de becarios y becarias según criterio de antigüedad, la conformación de las comisiones de Recursos Humanos, 1500 cargos nuevos, los derechos previsionales y una partida presupuestaria de emergencia».
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