Andrés Rodríguez de UPCN: «Hubo algunos despidos con criterio más o menos sensato, ya que no se admitió a gente que ingresó masivamente en el segundo semestre del año pasado. Pero faltó lógica y prolijidad: se expulsó de manera muy indiscriminada.»
El recorte persiste. A fin de mes, habrá aproximadamente 1500 bajas más, según confirmaron al matutino La Nación fuentes oficiales y gremiales. Se trata de un grupo de empleados públicos al que se le extendió por tres meses su relación para evaluar su desempeño.
Con las cesantías que se concretarán el 31 de marzo, los despidos en el Estado nacional y en los entes descentralizados que de él dependen ascenderían a casi 8000, indicaron fuentes del Ministerio de Modernización, organismo a cargo de la auditoría, y de los dos gremios estatales.
El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Durante las últimas semanas, Ibarra mantuvo reuniones con los referentes de los dos gremios estatales: Andrés Rodírguez (UPCN) y Hugo Godoy (ATE). De uno de los encuentros participó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se pactó no avanzar con el personal de planta permanente.
«Hubo algunos despidos con criterio más o menos sensato, ya que no se admitió a gente que ingresó masivamente en el segundo semestre del año pasado. Pero faltó lógica y prolijidad: se expulsó de manera muy indiscriminada», dijo Andrés Rodríguez, líder de UPCN y uno de los dirigentes que encabeza el proceso de reunificación de la CGT.
EnATE acusan a sus pares de UPCN de bajar la guardia y no empujar un conflicto por las bajas. El gremio de Godoy activó dos protestas de alcance nacional en lo que va del año.
«Como no se ha tocado la planta permanente ni los que tienen más de dos años de antigüedad es muy difícil llegar a un conflicto de acción directa. Estamos negociando reincorporaciones», justificó Rodríguez, quien admitió que el kirchnerismo le dio «un carácter político» al ingreso masivo de personal durante el último semestre de 2015.
En ambos gremios estatales confían que a partir del mes próximo, cuando el decreto de revisión de contratos de planta transitoria ya esté sin vigencia, se pueda avanzar con el Gobierno en lo que será la negociación salarial, que, esta vez, tendrá una particularidad: los sindicatos insistirán en el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública.
«Aspiramos a que haya solo planta permanente. En el gobierno de la Alianza se deformó el sistema contractual del Estado», dijo Rodríguez.
El recorte de personal también afecta al sector privado. Desde el 1° de diciembre hasta el 4 de marzo se registraron 68.563 despidos en todo el país, de los cuales 37.627 se produjeron en el ámbito estatal (nacional, provincial y municipal) y 30.936 en el privado (la construcción es el sector más golpeado). Así surge de un relevamiento que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que encabeza Pablo Micheli.
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