Marcha a PAMI para reclamar contra el cobro ilegal de aranceles a los jubilados
Denuncian que prestadores de PAMI cobran bonos ilegales.
La movilización fue organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, que pide el fin de la intervención en el PAMI.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que hoy marchará hacia la sede del PAMI para reclamar por las irregularidades en las prestaciones médicas -tanto en lo que respecta a la atención como a entrega de medicamentos- que afecta a unos cinco millones de jubilados.
El sindicato constató “graves irregularidades” en los convenios con los prestadores privados, a los que se les habría pagado «sin auditar, sumas millonarias mensuales». También afirmó que a los beneficiarios se les cobran plus y aranceles diferenciados que llegan a superar los $50.000, cuando la atención debería ser gratuita.
Este panorama llevó a que el colectivo sindical decidiera marchar este jueves a las 13 a la sede central de PAMI, ubicada en la avenida Corrientes 655 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciando que hay cinco millones de jubilados que no tienen acceso a prestaciones básicas.
“Hoy los jubilados necesitan más que nunca a su obra social y esta les niega todas las prestaciones. Tenemos enfrente una de las peores gestiones que se recuerden. Además, por las graves irregularidades que se van detectando, no habría que descartar hechos de corrupción», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«Muy pocos de los funcionarios pasarían la ficha limpia que se está proponiendo en el Congreso. Tenemos que frenar el vaciamiento del PAMI. Quieren cerrar la obra social”, agregó el dirigente sindical.
Cómo será la marcha
ATE precisó que la concentración se realizará en el Obelisco porteño y tendrá dos grandes ejes de reclamos: por un lado, la “preocupante situación” de los afiliados a la obra social de los jubilados quienes no están recibiendo la cobertura médica correspondiente (falta de medicamentos, cobro de aranceles diferenciados, turnos con demoras excesivas, entre otros) y por el otro, la realidad de los trabajadores con sueldos congelados y despidos injustificados.
“PAMI paga sumas multimillonarias mensuales sin ningún tipo de control. Han decidido dejar de auditar a los prestadores. En el caso de los médicos especialistas existen sobrefacturaciones y en las cápitas acordadas para los médicos de cabecera (primer nivel de atención) y odontología existen alarmantes subprestaciones. En connivencia con las autoridades les niegan los servicios a todos los afiliados”, apuntó Aguiar.
En esta línea, continuó: “Además, a pesar de estar prohibido por toda la normativa vigente el cobro de plus, los jubilados tienen que pagar aranceles diferenciados para que les extiendan una receta, pasando por el médico de cabecera, los especialistas y hasta las prácticas de alta complejidad».
«Pudo comprobarse que la suma promedio que tienen que costear desde su propio bolsillo bajo este concepto supera los $50.000 y además no les extienden ningún tipo de comprobante”, agregó.
Un PAMI en emergencia
Según pudo averiguar el sindicato, en lo que va de la actual gestión no se compraron ni entregaron elementos de fisiatría como bastones, sillas, camas, colchones, elementos vitales para los afiliados.
Además, la entrega de medicamentos para tratamientos oncológicos tiene demoras de hasta dos meses. La conducción del organismo todavía no se expresó sobre el tema.
“En este momento se está llevando adelante un vaciamiento sin precedentes de la obra social. El PAMI es una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica. Es el tercer presupuesto luego de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En este momento están saqueando una caja multimillonaria y dejando morir a miles de jubilados en todo el país”, denunció Aguiar.
“No puede ser que una institución que tiene autarquía económica, que se financia a través de los aportes de los trabajadores activos y los pasivos, hoy atraviese una crisis de esta magnitud. Hoy los jubilados, luego de haber aportado toda una vida, no tienen garantizado el derecho de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud”, concluyó.
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