Macri desoye a la Justicia: ordena no pagar y los bancarios harán asambleas el jueves y viernes

El Presidente le ordenó a los bancos públicos no abonar el aumento salarial pactado entre La Bancaria y las cámaras del sector y acoplarse a una estrategia legal conjunta, que incluye al sector privado, para apelar el fallo judicial que ordenó hacer efectivo ese ajuste.

La administración de Macri les ordenó a los bancos públicos no pagar el aumento salarial pactado a fin de año por la Asociación Bancaria con parte de las entidades del sector y acoplarse a una estrategia legal conjunta, que incluye al sector privado, para apelar el fallo judicial que ordenó hacer efectivo ese ajuste.

La planificación quedó definida este lunes al mediodía en un encuentro en la Casa Rosada entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con directivos de los bancos agrupados en la cámara Abappra y del Banco Central, que encabeza Federico Sturzenegger.

Mientras tanto, desde la Asociación Bancaria adelantaron que la respuesta se traducirá en asambleas este jueves y viernes, con suspensión en la atención al público en todas las entidades del país.

Para la administración de Mauricio Macri el conflicto en el sector bancario pasó a ser de primer orden por tratarse de uno de los pocos gremios que debe resolver su paritaria -al menos, como se planteó a fin de año, con un acuerdo transitorio hasta marzo- en pleno verano e incluso antes que los docentes, lo que convierte esa negociación en un posible faro para el resto de los gremios de la actividad privada.

De cumplirse el acuerdo de diciembre, La Bancaria arrancaría el año con una suba de 24% sólo por tres meses, cuando desde el Ejecutivo alientan una pauta salarial para todo 2017 de 18 por ciento, en espejo con la definida con los estatales bonaerenses. Además de la instrucción de no pagar esa suba, que debería efectivizarse esta semana, en la reunión quedó definida la estrategia judicial conjunta que adoptarán la cartera laboral y los bancos: hoy mismo, en forma separada, se presentarán sendas apelaciones al fallo de la Sala de feria de la Cámara del Trabajo que ordenó, días atrás, liquidar los sueldos de enero de los empleados bancarios con los incrementos pactados en diciembre.

Aquella resolución había hecho lugar a una medida cautelar presentada por el gremio, que lidera Sergio Palazzo, frente a la decisión de la cartera laboral de dar marcha atrás con la homologación del entendimiento de fin de año.
En Trabajo, además, dijeron que el abordaje legal se hará extensivo a los bancos privados agrupados en Adeba (de capital nacional) y ABA (de origen extranjero), así como la banca especializada, reunida en ABE. La firma inicial de diciembre se había concretado entre el gremio y las cámaras Adeba y Abappra, que reúnen la gran mayoría de entidades del país.

La falta de acuerdo con ABA y ABE, en aquella oportunidad, fue el argumento del Gobierno para no homologar la suba definida con las otras entidades y plantear que la negociación debía volver a cero. La preocupación oficial, sin embargo, era que el número resuelto terminara por disparar el resto de las paritarias muy por encima de las expectativas oficiales para este año.

Cerca de Triaca anoche confirmaron que el propósito consensuado entre los banqueros y el Gobierno es doblarle el brazo al sindicato para impedir un efecto contagio en otros gremios al inicio de la ronda de paritarias.
La mecánica legal no estaba del todo resuelta, pero se especulaba con la presentación de recursos en queja a la Corte Suprema por la cautelar otorgada por la Cámara laboral.

Palazzo confirmó que este jueves y viernes promoverá asambleas en los bancos con suspensión de la atención al público para dar a conocer el estado de las negociaciones y eventualmente definir medidas de fuerza. El gremialista dijo que más allá de la estrategia oficial algunas entidades comenzaron a pagar con el aumento pactado, como el Credicoop, el Bica, Bradesco y los bancos de Corrientes, Chaco y Jujuy.

Consideró «muy arriesgado» por parte de Triaca «interferir en el cumplimiento del acuerdo» a pesar de una orden judicial, así como haber «convocado a una reunión con banqueros para unificar una posición contraria a la sentencia».

Palazzo prometió estudiar una eventual demanda penal «por desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público» contra el ministro de Trabajo.