Ley de teletrabajo: opiniones dispares en los gremios por la regulación promovida por el oficialismo

La norma fue aprobada en el Senado, y contó con el impulso de un grupo de legisladores de extracción sindical, que responden a la Corriente Federal. Por su parte, la CGT dio un respaldo tibio a la propuesta. En cambio, desde la CTA Autónoma criticaron el proyecto, y alertaron con la posibilidad que genere casos de flexibilización laboral.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Con 40 votos del oficialismo, la semana pasada se convirtió en ley la iniciativa que regula el teletrabajo en el país. La propuesta, que había sido aprobada en la cámara de Diputados, obtuvo el visto bueno de los senadores, pese al rechazo del bloque de Juntos para el Cambio y de varios sectores empresariales. La iniciativa establece entre otras cuestiones los detalles legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y características, y aclara que los aspectos específicos “se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas”.

El proyecto contó con respaldo de sectores sindicales, a través de los legisladores de extracción gremial que responden a la Corriente Federal de los Trabajadores, que elaboraron la propuesta oficial. En tanto, otros sectores expresaron dudas, como la CTA Autónoma, que incluso rechazó los alcances de la medida. Si bien falta la reglamentación, se espera que la flamante ley permita evitar abusos en esta nueva modalidad, que se impuso con el aislamiento social por la pandemia. Otro tema a discutir es el alcance de la norma, ya que en algunas provincias hay algunas reglamentaciones provisorias, como que rige en la justicia bonaerense, que firmó el primer convenio para organizar el teletrabajo.

Pese al rechazo opositor, el Frente de Todos logró aprobar la ley, que establece entre otras cosas que el empleador deberá “proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”. La ley fue elaborada por los “dipusindicales” Walter Correa (trabajadores del cuero), Vanesa Siley (judiciales) y Claudia Ormachea (bancarios), todos referentes de la Corriente Federal de Trabajadores.

El espacio, que lidera Sergio Palazzo, destacó el tratamiento dado por el oficialismo, que contó con el respaldo de otros dirigentes gremiales, como Hugo Yasky. Según la norma aprobada, las personas que trabajen bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las que trabajen en forma presencial, y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían en modalidad presencial. Además, determina que los convenios colectivos deberán prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

Pero no todos respaldaron la iniciativa. Desde el Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras de la República Argentina (SiTEBA) aseguraron que “las patronales hace mucho venían imponiendo de a poco la metodología que denominaba home office”. “Aprovechando la emergencia pudieron imponerlo con el consenso de los y las trabajadoras ya que ante la imposibilidad de realizar trabajo presencial por el temor al contagio, no respetaron las condiciones mínimas de garantías de trabajo u con esto evitar mayores costos y apuntar a mantener las rentas extraordinarias”, sostuvo el titular del gremio, José Peralta. En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente agregó que “no compartimos la legalización y apostamos a la organización democrática de los trabajadores para hacer cumplir con las normas de seguridad e higiene que está metodología no respeta”.

Peralta es además secretario Adjunto de la CTA Autónoma de la Capital Federal, cuya postura respecto del proyecto fue siempre de rechazo. Cuando se trató en Diputados, la central que lidera a nivel nacional Ricardo Peidro difundió un informe de su Observatorio del Derecho Social donde criticó los alcances del proyecto impulsado por el Frente de Todos. “El proyecto contiene numerosas disposiciones que parecen estar inspiradas en buenas intenciones pero que, en el texto de cada uno de los artículos, no constituyen más que remisiones a la negociación colectiva.

En otras palabras, para poder ejercer gran parte de los derechos reconocidos en la ley será necesario contar con un acuerdo colectivo entre
empleadores y organizaciones sindicales que puede o no celebrarse”, destacó el trabajo del observatorio de la CTA. Además, el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical, agregó que “en caso de no existir tal acuerdo, la ley terminará funcionando como una habilitación general a la imposición del teletrabajo sin mayores límites normativos”.

Para el observatorio, tal como está redactado (y aprobado), el proyecto “fomenta el teletrabajo sin establecer límites precisos ni garantías para evitar que se transforme en una nueva herramienta de flexibilización y precarización laboral”.

Además, el informe de la central obrera remarcó que “gran parte de los límites que dice establecer son en realidad remisiones a la negociación colectiva que podrá o no llevarse adelante y que parte de mínimos legales inexistentes”. En otras palabras, insistió la CTA Autónoma en su informe crítico, “se abre la puerta de manera generalizada a una modalidad de trabajo que implica serios riesgos y peligros para los trabajadores e importantes ahorros para los empleadores, al tiempo que todos los potenciales beneficios se derivan a la negociación colectiva, en un contexto donde la relación de fuerzas no resulta muy favorable al conjunto de los trabajadores”.

Además, el texto de la ley “contiene aspectos que pueden implicar retrocesos concretos en comparación con la situación existente actualmente”. “Hemos dicho desde el principio que no era necesario el tratamiento de la ley en una época de crisis y emergencia, donde no hay posibilidad ni desde los sindicatos ni desde las bases de discutir que se garanticen los derechos de las y los trabajadores”, remarcó Peralta respecto de la norma aprobada la semana pasada.

En este marco, subrayó el dirigente, el “apuro” del oficialismo “demuestra cabalmente que todo apunta no a garantizar derechos sino a la flexibilización laboral, tanto en lo privado como en lo estatal. Vamos a seguir insistiendo en rechazar esta ley y en garantizar que se cumpla con los derechos de los trabajadores, que es respetar su salud y su salario”.

Por su parte, la CGT tuvo un “respaldo moderado” a la propuesta, y dio un visto bueno general a la iniciativa, pero pidió discutir algunos detalles en la reglamentación. En este sentido, las quejas empresariales, en especial de la UIA, fueron parte de la agenda de discusión que se plantearon en los últimos días entre la dirigencia sindical y la empresarial. Incluso varios sectores le pidieron a la central obrera que traslade los cuestionamientos al gobierno nacional.

En los encuentros que tuvieron las partes –y que le valieron varias críticas a la conducción cegetista –surgió el tema de la ley, y las cámaras le pidieron a la dirigencia sindical que interceda en los puntos más cuestionados. La negociación fue parte del acuerdo social que buscan empresas y gremios, que terminó en un documento consensuado que se conoció la semana pasada. Pese a los pedidos, la CGT se mantuvo al margen de la discusión y evitó más enfrentamientos con los sectores del oficialismo que vienen cuestionando su estrategia dialoguista.