La situación laboral bonaerense es desastrosa: municipios enteros en vilo por empleos en riesgo

La crisis avícola encendió la alarma en Roque Pérez y en el Conurbano. Cuatro distritos ya tienen declarada la Emergencia laboral. Temen por las consecuencias en los pueblos por la pérdida de puestos de trabajo.

El posible cierre de la empresa avícola Criave, en Roque Pérez, encendió la alarma en el interior bonaerense. Alrededor de 700 puestos directos, en un distrito con 14 mil habitantes, dependen de esa fuente de trabajo. Con el 50% del salario de abril y los días trabajados de mayo adeudados, los empleados acordaron cumplir tareas con los nuevos responsables por menos horas y alrededor de la mitad del sueldo.

La familia Perea, propietaria de la avícola, no informó hasta ahora cómo se hará cargo de la deuda y tomó distancia del conflicto. En medio de la incertidumbre, los trabajadores aceptaron la propuesta de empresarios que les propusieron llevar su propia producción para hacer andar la planta.

La solución precaria fue la única propuesta consistente que recibieron los empleados, que habían iniciado un plan de lucha, en el que hubo una toma pacífica de la planta, así como protestas sobre la ruta 205, la misma vía en la que a más de cien kilómetros han reclamado los trabajadores de otra empresa avícola: Cresta Roja.

Los operarios tenían, en promedio entre los que más y los que menos ganaban, un salario de alrededor de 20.000 pesos. “No hay en la zona otro trabajo tan grande como éste y que tenga un buen sueldo para los trabajadores”, consignó Marcelo Irribarne, delegado de los trabajadores de la planta procesadora.

La planta laboral de Criave faenaba entre 85.000 y 95.000 pollos por día en dos turnos, con picos en los que han superado con creces esa cantidad. Los empresarios que aparecieron a inicios de la semana pasada -ya llevaban a faenar su propia producción en las instalaciones- se comprometieron a garantizar una producción de 50.000 pollos por día en un solo turno, a dividir entre todos los trabajadores. Les dijeron que será por uno o dos meses, en forma provisoria.

“No se superó el tema de fondo, que es la deuda que tiene Perea tiene con no-sotros”, agregó Irribarne. Las dudas no desaparecen. La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó la semana pasada una declaración de preocupación promovida por bloques opositores y acompañada por el oficialismo.

El diputado Ricardo Lissalde (Frente Renovador) no descartó que la situación en Roque Pérez empeore, y sugirió analizar la alternativa de empoderar a los trabajadores mediante la autogestión.

Coronel Suárez, en el sur bonaerense, aprobó una emergencia laboral a inicios de este año a instancias de la oposición, a raíz del cierre de la fábrica de calzado Dass. De noviembre a febrero hubo alrededor de 1.000 puestos de trabajo menos, entre despidos y retiros voluntarios.

En diálogo, el concejal y exintendente de ese distrito Ricardo Móccero contrasta los efectos que pueden tener los despidos en el Conurbano con municipios de más de 200 mil habitantes con uno del interior; Suárez tiene 40.000. Con los despidos, dice, los efectos se sintieron rápido. “Todos los comercios donde compraba esa gente se vinieron a pique; algunos cerraron y otros achicaron personal”, asevera.

Cada vez más municipios en serios riesgos

Azul tuvo, a principios de año, gran atención mediática por el cierre de la planta de fabricaciones militares. Allí hubo 232 despidos como parte de la reducción del gasto público que lleva adelante el Gobierno nacional. El Concejo Deliberante dispuso, a través de una ordenanza, que se eviten despidos en la órbita estatal y un plan de asistencia a los desplazados.

En 2017, la situación laboral caló hondo en los municipios de Zárate y Baradero, parte del eje industrial en el norte bonaerense. Zárate tuvo alrededor de 1.000 despidos en la planta nu-clear Atucha, mientras que en Baradero hubo 400 despidos de Atanor, entre otras reducciones de personal.

«Hay desesperación por trabajar»
Apenas recuperado de una complicación de salud, el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini (PJ), es parte de las negociaciones para sacar a la empresa a flote, en una mesa a la que se sentaron funcionarios nacionales y provinciales.

Gasparini evita pensar en un cierre de la firma. “El impacto ya es grandísimo, sería devastador si cierra”, afirmó. EcoAves S.A. -la firma dueña de la marca Criave- es una las mayores empleadoras en esa zona del interior, en la Séptima sección electoral. Incluso hay trabajadores de distritos vecinos.

“La gente está desesperada por trabajar; los empresarios están tirando de la cuerda, están mal”, resumió el jefe comunal, quien ve un panorama “muy complicado”. Rescató, asimismo, que los trabajadores le pusieran el “hombro” para que “no se cierre la fuente de trabajo”, pese a la merma salarial.

Sin tranquilidad para los empleados de Cresta Roja
La situación de Cresta Roja es delicada. Hay más de 1.000 trabajadores suspendidos que esperan una respuesta de la compañía. Los empleados iniciaron una protesta con acampe en la ruta 205, que fue reprimida. Hubo fuertes repudios de distintos sectores. La firma pretende continuar con una capacidad mínima. Según trascendió, también corre riesgo de cierre la planta que la firma tiene en General Paz (Ranchos).

Los problemas con Dass, en el sur
Sin presencia sindical, no hay cifras claras sobre la reducción de personal en Dass, en Coronel Suárez. Desde diciem-bre de 2017 hasta febrero de este año hubo más de 1.000 bajas, entre despidos y arreglos voluntarios, tildados de forzosos por algunos empleados; aunque las cesantías venían de antes, “por goteo”. Adriana Reynoso formó, con nueve compañeros, una cooperativa. Están en capacitación, pero ven un panorama complicado. El impacto comercial se siente, dice la mujer.

Zárate: temor a una nueva ola de cesantías
La reducción del plan nuclear en Zárate mediante ATUCHA significó un golpe para el distrito. En 2016 hubo casi 900 despidos, y en 2017, unos 200. Pocos pudieron lograr la reincoporación o la reubicación en obras aledañas.
Así lo confirmó a Juan Luis González, delegado de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines (UECARA). Las protestas en las rutas y los acampes movilizaron durante bastante tiempo a la región.

El arco gremial busca una nueva reunión con el Ministerio de Energía, tras los rumores de la cancelación del proyecto Atucha III. “Si no avanza el proyecto, hay 600 puestos de trabajo en riesgo”, afirmó González.