La pelea docentes-Vidal en su punto más tenso: paro, denuncias de aportantes truchos y apriete de la Gobernadora

El Frente de Unidad decidió no iniciar las clases, y parará 72 horas ante la falta de acuerdo en la paritaria de este año. Aseguran que no hay diálogo, y responsabilizaron a la gobernadora. Además, desde SUTEBA difunden listado de docentes que figuran como aportantes “truchos” del PRO. La respuesta del oficialismo no se hizo esperar: auditarán los números de los dos gremios más importantes.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Desde que fracasó la reunión paritaria del lunes, es “vox populi” que los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires no reiniciarán las clases el próximo lunes. Los mandados de asamblea de los gremios que forman el Frente de Unidad ya habían aprobado medidas de acción directa si el gobierno de María Eugenia Vidal no hacía una mejor oferta salarial, algo que no sucedió. Por eso, era cuestión de horas para que se formalizara el paro de 72 horas, que finalmente se anunció este jueves, pasado el mediodía. Con duras críticas al oficialismo provincial, los gremios remarcaron la necesidad de un aumento acorde a la inflación real, y plantearon dudas respecto al lugar que ocupa la educación pública en la agenda del gobierno. De esta manera, la disputa está en su momento más tenso, atravesada por otros temas, como los aportantes “truchos” e la campaña de Cambiemos, ya que el gremio SUTEBA encontró muchos maestros y afiliados entre los casos denunciados, e irá a la justicia. En este contexto, cayeron muy mal los anuncios de auditorías e inspecciones contables que el Ministerio de Trabajo nacional hará a dos de los integrantes del frente, por supuestas irregularidades. Lo consideran una “intimidación a todos los trabajadores”. La relación docentes-Vidal atraviesa su momento más complejo, con un futuro poco auspicioso.

La confirmación del paro tuvo lugar este jueves después del mediodía. Los integrantes del Frente de Unidad confirmaron que “a pesar de la predisposición y la buena fe de los gremios para continuar dialogando, este fue rechazada públicamente en reiteradas oportunidades por el Ministro de Trabajo”. Por esto, el próximo lunes 30 se iniciará un paro de 72 horas en toda la provincia de Buenos Aires, reclamando un aumento salarial acorde a la inflación real, y una serie de mejoras que incluyen los problemas de infraestructura, rechazando los cambios que se quieren hacer en distintas áreas de la educación. Además, calificaron de “nuevo simulacro de negociación paritaria” la última reunión, cuando el gobierno de Vidal ofreció una suba del 15 por ciento más 1,7 por ciento en materiales didácticos para el primer tramo del año.

“No pudieron mantener la palabra ni una hora”, dijo Raúl Calamante, secretario de Organización de SUTEBA, en relación a la falta de respuesta del gobierno en estos días. “Cuando finalizamos la reunión del último lunes, se le planteó a los ministros que pudieran agotar una instancia más y pudieran hacer una nueva oferta el día jueves. Ellos dijeron que lo iban a discutir, pero resulta que apenas salieron ya anunciaron que no iban a convocar a ningún tipo de reunión. No pudieron sostener la palabra ni una hora”, explicó en diálogo con Gestión Sindical. Para el dirigente, este tiempo “lo desaprovechó el gobierno”, ya que no hubo ninguna señal de una nueva oferta.

El paro de la semana que viene será con movilización, tanto en los distritos como a nivel provincial, en el marco de un conflicto que crece. Para Calamante, la Provincia “tienen los recursos” para hacer una oferta acorde a las necesidades de los trabajadores, lo que no tiene “es la decisión política”. “Pretenden que el salario docente, como el del conjunto de los estatales, forme parte de una variable de ajuste de un modelo que está generando una transferencia de recursos enorme del bolsillo de los trabajadores a los grupos concentrados de la economía”, remarcó el dirigente docente. Además, agregó que “hoy tenemos una economía que claramente está prácticamente dolarizada, los combustibles, transporte, alimentos, con salarios en pesos. Eso genera cada vez mayor desfasaje”. La última reunión paritaria que convocada luego que la justicia obligara al gobierno de Vidal a convocar a los gremios, luego de más de 90 días sin reuniones.

“La iniciativa la tomo la justicia, que además obligó a actualizar los salarios de acuerdo a la clausula gatillo. Por eso incluso la última paritaria no fue su voluntad, sino una orden de la justicia”, remarcó Calamante.

En medio de la discusión salarial, la aparición de casos de maestros en la lista de aprotantes “truchos” a la campaña de Cambiemos, un escándalo que amenaza con ser un dolor de cabeza para Vidal, agregó un nuevo condimento. Según adelantaron desde SUTEBA, llevarán a la justicia en breve una nómina con docentes que figuran como donantes de fondos para las campañas electorales del oficialismo, tanto en 2015 como en 2017. Fuentes le confirmaron a Gestión Sindical que en el conurbano bonaerense hay “al menos 15 casos, incluyendo afiliados del gremio y jubilados”, que figura donado dinero para ambas campañas. Un caso conocido por este medio es el de una docente que figura donando 55 mil pesos, en ambas campañas.

Por esto, el propio gremio está organizando una presentación en conjunto, por lo que pide que cualquier docente que figure en los listados se acerque a aportar datos. “Vidal deberá rendir cuentas de esto, y esperemos que la justicia actúe rápido”, dijeron desde SUTEBA.

En este contexto, una medida de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales no hace más que tensar más la relación. Esta dependencia del Ministerio de Trabajo acaba de lanzar una auditoría a unos 100 gremios, pos supuestas irregularidades contables o administrativas. Entre las entidades inspeccionadas figura SUTEBA y la FEB, lo que generó malestar en la dirigencia. En el caso del gremio que conduce Roberto Baradel, la cartera laboral lo acusan de tener un padrón de afiliados que no se actualiza desde 2013, mientras que a la federación que conduce Mirta Petrocino estaría reteniendo a modo de cuota sindical el 2 por ciento mensual de cada afiliado, mientras que debería ser el 1,5 por ciento, según el informe oficial.

“La actitud que está tomando el ministerio de Trabajo, tanto en el plano nacional como provincial, es de generar una intimidación a los trabajadores, lo están haciendo con otros gremios, como Camioneros”, analizó Calamante. En este sentido, subrayó que el gobierno utiliza “una herramienta que debe ser totalmente parcial como el ministerio, que debe garantizar que la discusión entre la patronal y los trabajadores, se pueda dirimir, hoy es un brazo ejecutor de los aprietes”. Para Calamante “se está desvirtuando el rol del ministerio, que en la actividad privada en vez de tomar partida por el sector más débil, los trabajadores, aconseja como despedir”.

En tanto, la FEB utilizó su cuenta oficial de Twitter (@LaFEB) para rechazar las acusaciones, y explicar su postura. Según el gremio, el febrero de este año “recibimos funcionarios de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, quienes fueron encomendados a realizar una auditoría por orden de Karina Palacios”, su titular. De dicha auditoría, “no sólo no surgió ninguna irregularidad sino que los funcionarios se retiraron felicitando a FEB por estado de su documentación”, pero este mes, en pleno conflicto entre sector docente y gobierno bonaerense, se recibe notificación de la misma dependencia pidiendo documentación respecto a porcentajes que FEB descuenta a sus afiliados. “Dicha documentación data de los años 1986 y 1993, en la cual el órgano supremo de la FEB, el Congreso, aprueba un incremento en la cuota del coseguro de salud y en su cuota de afiliación”, explicó el gremio. “Desde que es porcentajes de cuota afiliación y coseguro fueran aprobados, DGCyE e IPS consideró procedentes los mismos, efectuando retenciones de acuerdo art. 38 Ley 23.551, sin que FEB haya merecido observación y manteniéndose inalterables hasta la fecha”, justificó la FEB. Por eso, desde este gremio consideran que estas actitud se dan se busca “ensuciar la imagen de los sindicatos para condicionar a la opinión pública en contra de la legítima lucha de los trabajadores docentes”.