La Justicia porteña determinó que maullarle a Macri es causal de despido

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones priorizó “el respeto” hacia la investidura presidencial por sobre la libertad de expresión y se considera el maullido un hecho agraviante. El trabajador despedido sin indemnización, y su abogado, se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ariel Horton es diseñador gráfico y trabajaba para Interpublic, subcontratista de General Motors, hasta el 21 de julio de 2017 que fue despedido. Ese día la empresa realizaba un evento denominado Salón del Automóvil en La Rural y el presidente Mauricio Macri se hizo presente. Al momento de pasar por el stand donde estaba Horton, éste decidió maullarle. Un simple “miau” se convirtió en una lucha que hoy podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.

“No lo quería agredir, pero tampoco iba a estar tranquilo conmigo mismo si dejaba que caminara como si nada pasara el responsable de un gobierno negacionista que habló del curro de los derechos humanos”, dijo a Página/12 Horton, quien es hijo de un trabajador ferroviario desaparecido en la última dictadura cívico-militar y que días antes de cruzarse al Presidente había recibido el legajo de su padre.

“Yo estaba movilizado por el hecho de tener que cruzarme con un tipo que discutía el número de desaparecidos, que hablaba del curro de los Derechos Humanos. Recordemos también que Elisa Carrió, miembro del gobierno, pedía prisión domiciliaria para los pobres viejitos genocidas. Era un combo”, explicó.

Luego del maullido, le pidieron que deje el stand y quince minutos después lo llamaron por teléfono primero para increparlo, después para invitarlo a renunciar. Al no renunciar, la empresa lo echó sin pagarle la indemnización. Horton comenzó un proceso legal que hace algunos días recibió una negativa, ya que trascendió el fallo de cámara laboral que le da la razón a la empresa que lo echó mediante la figura “pérdida de confianza” hacia el empleado.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Página 12, se prioriza el respeto hacia la investidura presidencial por sobre la libertad de expresión y se considera el maullido un hecho agraviante. En ese sentido, Horton y su abogado se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y si no obtiene el resultado que espera, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).