La intervención del SOMU llamaría a elecciones en diciembre y en 2017 dejaría el gremio

Lo confirmaron fuentes sindicales, que creen que el llamado a elegir autoridades “es inminente”. Luego del armado de lista, se votaría en enero, y se entregaría el gremio a las nuevas autoridades, como reclamó un reciente fallo judicial. El oficialismo rearma sus fichas para presentar lista, sin Omar Suárez, detenido y a un paso del juicio oral.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En febrero de este año, la justicia decidió intervenir el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), luego que su titular, Omar “Caballo” Suárez, fuera procesado por varios delitos, por los cuales ahora se encuentra detenido. En un principio, se dispuso que tres interventores fueran parte de la conducción del gremio, entre ellos la ex candidata a intendenta de Avellaneda por el PRO, Gladys González. A partir de allí, comenzó una fuerte polémica por el manejo del sindicato, y hubo acusaciones cruzadas sobre el manejo de los fondos y otras cuestiones. Además, agrupaciones internas comenzaron a presionar para que se llame a elecciones, pendientes desde el año pasado. A principio de este mes, un fallo ordenó poner fin a la intervención, que habría sido aceptada por el juez que entiende en la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Así, por estas horas se adelantó que en diciembre se podría concretar el llamado a votar, y en enero se terminaría la intervención, aunque los plazos no están todavía claros.

A partir de un fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que reclamó acortar los tiempos de la intervención, la normalización del SOMU entraría en su etapa final. Con el aval del juez, en el gremio ya se habla de un cronograma electoral, que entregaría a las nuevas autoridades la conducción a principios de 2017. Según las fuentes consultadas por Gestión Sindical, el diciembre se llamaría a elecciones, y en enero se votaría para elegir el sucesor de Suárez, hoy detenido y cerca del juicio oral acusado de entorpecer vías navegables. A fines de agosto el juez de la causa había acortado los plazos de la intervención a 180 días, pero ahora con el fallo de cámara la transición sería más rápida.

Si en diciembre se llama a elecciones, quienes quieran participar deberán presentar listas en 10 días, para que en enero los 12 mil afiliados aproximados que tiene el gremio puedan elegir autoridades. Las mismas fuentes afirman que se votaría con el estatuto actual del SOMU, lo que puede ser un problema, ya que para lograr una lista a nivel nacional pone condiciones “muy difíciles de conseguir”. Según se supo, para lograr esto hay que presentar 1.200 avales, considerados excesivos para el tamaño del padrón que debe votar. “Es un estatuto creado por Suárez a su medida, pensado para el fraude”, dijo un dirigente marítimo en estricto off.

Sobre quienes se presentarían a los comicios, existen varias alternativas. en primer lugar, el oficialismo estaría representado por Mario Morato, secretario Adjunto de Suárez, que fue quien presentó el recurso de amparo para que se acorte la intervención. Por eso, sectores opositores, que vienen trabajando desde hace un tiempo para enfrentar a este espacio, tendrían listo los avales para competir.

La intervención del SOMU fue cuestionada por el manejo de fondos del gremio, y por el estado de desprotección que dejó a sus afiliados, que este año no pudieron discutir paritarias, por ejemplo. Hace un tiempo, la Juventud Sindical emitió un duro comunicado, donde expreso su preocupación. “La intervención que llevaba a cargo la diputada del PRO Gladys González está privando a los trabajadores afiliados de su derecho a la libre elección de sus representantes sindicales”, aseguro este espacio.

En cuanto al futuro de Suárez, Canicoba Corral hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita y envió a juicio al sindicalista, quien a su vez afronta una causa penal por lavado de dinero y defraudación en el gremio que lideró durante 28 años. Suárez, que está preso en el penal de Ezeiza, irá a juicio por el artículo 190 del Código Penal, el cual prevé penas de dos a ocho años de prisión al que “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”. En esta causa, se lo acusa a Suárez de cinco hechos por no autorizar el ingreso de buques de bandera extranjera o bien negar el servicio de remolque, clave para que las embarcaciones amarren en el puerto de Buenos Aires: exigía a cambio dinero supuestamente destinado para capacitar a los marineros a través de la escuela Omar Rupp del SOMU.