Los gremios están “a la expectativa” por las versiones de la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. Los rumores indican que es uno de los puntos que negocia el gobierno nacional con los gobernadores, en el marco del Pacto Fiscal. Desde CTERA aseguran que el año pasado ya se habló del tema”, y que por el momento no hay confirmación de este paso. Pese a las desmentidas, la dirigencia está “alerta” ante cualquier novedad.
Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical
En las últimas horas, en redes sociales y en mensajes de WhatsApp, circularon versiones que afirmaban que para el año que viene se eliminaría el denominado Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta creada por ley a fines de los 90 y que entre otras cosas mejora el salario de los trabajadores de la educación a través de aportes de Nación. Según estos rumores, el gobierno nacional negocia con los gobernadores la eliminación de este recurso, en el marco del Pacto Fiscal que buscan firmar. Si bien la noticia se desmintió, no es nueva, y ya el año pasado los gremios docentes alertaron sobre este tipo de iniciativa, que se enmarca en la eliminación de la paritaria nacional del sector. “Estamos expectantes”, admitieron desde los sindicatos, que aseguran que no permitirán que esta negociación termine con una baja en los salarios de los trabajadores de la educación. En la actualidad, el FONID aporta unos 1.200 pesos por cargo, que deberían ser absorbidos por las provincias en caso de concretarse su eliminación. En cuanto, en cuanto a la paritaria de la provincia de Buenos Aires, uno de los gremios difundió un informe donde remarca lo que dejaron de ganar los docentes por la falta de acuerdo salarial, que en algunos casos supera los 6 mil pesos.
Los rumores del fin del fondo que aporta una parte de los salarios de los docentes se dan en medio de nuevas –u difíciles –negociaciones entre el gobierno nacional y los gobernadores por el Pacto Fiscal. Según estas versiones, se habría anunciado la eliminación del FONID como parte del esquema que llevará a aprobar el presupuesto del 2019. Pero la noticia fue desmentida por diversas fuentes gubernamentales.
Sin embargo, los gremios se mantienen “expectantes”. “Estamos alertas, a la expectativa de ver cómo avanza el tema. No hay nada confirmado, pero sabemos que fue parte de algunas conversaciones”, admitió ante Gestión Sindical una fuente del gremio CTERA. La misma aclaró que de este tema “ya se viene hablando desde el año pasado, por lo que la confederación emitió un documento alertando por los efectos de una medida de este tipo”, además de hacer un reclamo formal ante las autoridades educativas. Si bien la posibilidad no fue confirmada por ningún funcionario del oficialismo, los gremios docentes aseguran que “la cuestión existe”, y adelantan su “absoluto rechazo” a la medida.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado en 1998 a partir de la ley 25.053. Este genera el principal aporte nacional al salario de un docente provincial y reparte una suma igual a todos los maestros del país, sin importar su nivel salarial. Según especifica la norma, el FONID tiene la finalidad de “abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente exclusivamente a los agentes que cumplan efectivamente función docente”. En la actualidad, paga 1.200 pesos por cargo docente, en todo el país, que de ser eliminado deberán afrontar las administraciones provinciales.
“El año pasado entre las cosas que se dijeron, se aseguró que las provincias estaban en condiciones de hacerse cargo de ese monto. Hoy, creemos que muchas no están en condiciones, por eso la preocupación”, agregó la misma fuente consultada. Esta “provincialización” de la educación va en sintonía con la eliminación de la paritaria nacional, que es resistida por la dirigencia sindical pero que hasta el momento se concretó, de la mano de un decreto del Ministerio de Educación, con aval presidencial. Si bien desde la cartera sanitaria aseguraron que el tema no está en la agenda, las versiones no sólo llegaron al sector sindical. En la cámara de Diputados de la provincia de Misiones el legislador Isaac Lenguaza (Partido Agrario y Social) realizó un pedido de informes para saber si existe una negociación con el gobierno local, y las consecuencias de esta medida.
Esta noticia se da en el marco de un paro nacional con alto acatamiento llamado por la CTERA ayer martes, en respuesta a dos situaciones puntuales: la eliminación de la paritaria nacional y la violenta represión en la provincia de Chubut. Además, reclamaron a los gobernadores que se terminen de cerrar las paritarias, en aquellas provincias donde sigue abierta la discusión. La principal es Buenos Aires, que pese a los intentos sigue lejos de llegar a un acuerdo. Con el receso escolar en el horizonte, los docentes piden que se mejore la oferta del 15 por ciento en cuotas, más sumas por presentismos.
Pero por el momento no hay nueva reunión programada. En tanto, los docentes cobraron este primer semestre adelantos de futuros acuerdos, que se fueron dando de manera escalonada: 5, 3 y 2 por ciento. Esa suma, afirma un informe de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), hizo que los trabajadores educativos cobren hasta 6.500 menos que si se habría aplicado la cláusula gatillo, y ajustado el salario por inflación. Según el informe realizado por el gremio, un maestro de grado con 10 años de antigüedad “percibió un anticipo de 4.500 pesos estipulado para el primer semestre de 2018, tal como lo estableció unilateralmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires”. Pero si se hubiera aplicado la cláusula gatillo, basada en la inflación mensual difundida por el INDEC para el IPC entre enero y junio de 2018, “el mismo debería haber percibido 7.572 de bolsillo. Es decir que recibió 3.072 pesos menos de salario”.
“Para el caso de preceptores con 24 años de antigüedad, la cláusula gatillo hubiera significado que cobrara 3.720 pesos más de lo que percibió como adelanto”, destacó el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical. Por último, el caso más notable denunciado por la FEB: un director de primera, donde la aplicación de la cláusula de revisión hubiera hecho que recibiera 6.507 pesos más si registra 24 años de antigüedad.
