Según la central obrera, la intención del Gobierno es dejarlos fuera de las paritarias y de las discusiones del Consejo del Salario para poder firmar salarios a la baja y profundizar las condiciones de precarización laboral, para seguir ajustando con despidos en los distintos ámbitos del Estado y del sector privado, para negociar a la baja los convenios colectivos de trabajo que a los trabajadores le llevó décadas conquistar, “para que no haya voces disidentes que resistan sus políticas de saqueo y entrega de lo público.
«Desde su asunción, el presidente Mauricio Macri ha perseguido y criminalizado la organización de los trabajadores y las trabajadoras con diferentes métodos: judicialización de dirigentes gremiales, represión a la movilización, campañas de desprestigio en las que llegó a hablar de ‘mafia sindical’”. Con esa frase comienza el comunicado de la CTA Autónoma, donde denuncia persecución gremial por parte del Gobierno.
La semana pasada anunció que 450 sindicatos podrían ser excluidos del registro de asociaciones sindicales. Esta maniobra, que cuenta con el apoyo del triunvirato de la CGT, apunta a dejar sin legalidad a las organizaciones simplemente inscriptas, que son justamente a las que el Ministerio de Trabajo les niega la personería gremial.
«Desde la CTA Autónoma insistimos que el Estado no puede interferir en la vida interna de los gremios porque atenta contra la libertad y la democracia sindical. Si bien la organización de los trabajadores siempre debió resistir a momentos de intervención, ahora estamos ante un Ministerio de Trabajo que incentiva la desindicalización, intentando destruir a los gremios que luchan en defensa de los derechos de la clase”, continúa el comunicado firmado por Ricardo Peidro, secretario General Adjunto; Daniel Jorajuria, secretario Gremial, y Claudia Baigorria, secretaria administrativa de la central gremial.
A continuación, la CTA Autónoma hace una pormenorizada descripción de la injerencia del Gobierno en las organizaciones sindicales: «Falta de otorgamiento de certificación de autoridades; falta de aprobación u observación de estatutos; demora en la homologación de acuerdos colectivos; intervención del sindicato o intervención velada; denuncia penal contra dirigentes y delegados; injerencia en el financiamiento de los sindicatos; desconocimiento de órdenes judiciales; injerencia en el resultado electoral; negativa a reconocer o inscribir un sindicato; inspecciones reiteradas; doble imposición de la conciliación obligatoria; multa económica por incumplimiento de orden administrativa; intimación a cumplir una orden administrativa, y suspensión de elecciones.
Según la central obrera, la intención del Gobierno es dejarlos fuera de las paritarias y de las discusiones del Consejo del Salario para poder firmar salarios a la baja y profundizar las condiciones de precarización laboral, para seguir ajustando con despidos en los distintos ámbitos del Estado y del sector privado, para negociar a la baja los convenios colectivos de trabajo que a los trabajadores le llevó décadas conquistar, “para que no haya voces disidentes que resistan sus políticas de saqueo y entrega de lo público, como la salud, la educación, la seguridad social”.
«Repudiamos ésta y todas las maniobras e intentos del Gobierno Nacional de interferir, a través del Ministerio de Trabajo, en la vida interna de los gremios, vulnerando el derecho constitucional de la Libertad y la Democracia Sindical. Asimismo informamos que se realizarán las denuncias correspondientes ante la Organización Internacional del Trabajo, y en todos los organismos internacionales», finaliza el escrito.
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