22 de Noviembre
de 2024
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Kimberly-Clark denunció por usurpación a los trabajadores y podrían ser desalojados

21. 11. 2019

La empresa le pidió a la justicia que desaloje el acampe en la planta ubicad en Bernal, que lleva casi dos meses. La fiscal de la causa abrió una instancia de mediación, con una audiencia que fracasó. Por eso, se podría recurrir a la fuerza pública para cumplir la orden. Los empleados insisten en la necesidad que intervenga el futuro gobierno, ya que la firma “es rentable” y “puede volver a producir”. “Vamos a resistir todo lo necesario”.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Desde hace dos meses, el acampe de los trabajadores de Kimberly-Clark resiste el cierre de la planta de la multinacional norteamericana en la localidad de Bernal. En este tiempo, en el lugar hubo actividades diversas, para apoyar la lucha de las 200 familias que no quieren sumarse a las estadísticas de cierres de fábricas en el país. En una semana hubo una milonga, una obra de teatro y habrá una presentación de “freestyle anti represivo”. Todo tiene como objetivo sostener el fondo de huelga que permite a los empleados sostener la lucha, que en los últimos días se tensó. Es que la firma decidió denunciar por usurpación a los trabajadores que se mantienen en el lugar, y presiona para que la justicia ordene el desalojo.

En este contexto, este miércoles hubo una audiencia de mediación, para intentar llegar a un acuerdo, pero fracasó. El conflicto se encamina a una especia de “callejón sin salida”, donde los empleados deberán y recuperar la planta y ponerla a producir o terminar desalojados por la fuerza. La audiencia era el paso previo a que se ordene la salida de los empleados, alertan, por lo cual insisten con el pedido de que las autoridades que asumen el 10 de diciembre, tanto en Nación como en provincia, tomen cartas en el asunto.

La denuncia por usurpación se concretó la semana pasada, y apunta a terminar con el acampe que lleva casi dos meses, desde que Kimberly-Clark decidió cerrar las puertas de su planta en Bernal, partido de Quilmes, argumentando problemas económicos. “La fiscal que entiende en la causa que inició la empresa Gimena Santoro visitó dos veces la planta, la última vez con una mediadora. A partir de una instancia que realizamos con nuestra abogada nos dieron la mediación para este miércoles, para buscar un encuentro”, confirmó Walter Reláñez.

Según le explicó a Gestión Sindical el delegado, esta audiencia es el paso previo “a que se determine si se avanza con el desalojo, por lo cual para nosotros es importante”. Según contó el delegado luego del encuentro, no hubo una propuesta concreta, la mediadora atendió por separado a las partes, y salieron “con las manos vacías”. La semana pasada los empleados se movilizaron a la Unión Industrial Argentina, e insistieron en rechazar los argumentos de Kimberly-Clark respecto del cierre de la actividad. “Nosotros insistimos que la producción es viable, y estamos en presencia de un lock-out patronal”, dijo Reláñez.

El pedido de desalojo de la empresa Kimberly-Clark genera tensión, ya que en el lugar los empleados que no se adhirieron al retiro voluntario o las indemnizaciones creen que podrían intentar el uso de la fuerza para cumplir con la orden.

Por estas horas, quienes no firmaron los retiros recibieron los telegramas de despidos, lo que muestra que la firma de origen norteamericano está decidida a ir a fondo con su pedido. Por eso, los empleados piden que las nuevas autoridades intervengan. “Nuestro proyecto para recuperar la producción fue presentado a distintos referentes de las fuerzas políticas en el Congreso, queremos que nos reciban los funcionarios del gobierno entrante para buscar una solución”, destacó Reláñez.

En ese sentido, se espera algún tipo de contacto con posibles funcionarios de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aunque por el momento no hubo mayores respuestas. “Reclamamos que el Estado intervenga con sus herramientas legales y financieras para garantizar la continuidad de la fábrica y todos los puestos de trabajo.

La viabilidad de la fábrica la venimos explicando públicamente desde que comenzó el conflicto; nuestra lucha y este planteo lo hemos dirigido al gobierno actual y al poder político que está por asumir”, explicaron en una carta abierta publicada en estos días. Luego del fracaso de la reunión, grabaron un video donde comunicaron la falta de acuerdo y hablaron de “un inminente desalojo”. “Vamos a resistir todo lo necesarios”, dijeron.

El 26 de septiembre la empresa anunció el cierre de la planta del partido de Quilmes, a partir de un plan de reducción de gastos anunciado a nivel regional. La planta en cuestión era propiedad de Kimberly-Clark desde 1997 y se produce las marcas Kleenex y Scott (papel higiénico y rollo de cocina).

Con esta reducción la multinacional norteamericana, que cumple más de 25 años en el país, quedará con dos plantas operativas: una en Pilar que tiene cerca de 230 empleados y la otra en el parque industrial de San Luis, donde hay más de 500 trabajadores.

Por esta realidad, los empleados piden a la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos vienen pidiendo un paro nacional para potenciar la pelea. Llevaron esa postura a un reciente encuentro de delegados de todo el país, pero no lograron apoyo para llevarlo adelante.

El día de la audiencia, los empleados decidieron no movilizar al lugar, sólo irán un delegado y el abogado de los despedidos. Dos días después, el viernes, habrá una conferencia de prensa para explicar los avances de la lucha, y lo que resultó de la audiencia, y mostrar las máquinas en condiciones de trabajar.

“La semana estuvo Augusto Costa en el acampe (suena como posible ministro de Economía de la gestión Kicillof) y vino a vernos gente de Maira Mendoza (intendenta electa de Quilmes), pero hasta el momento no logramos nada concreto”, explicó Reláñez respecto de los pedidos de compromisos del Estado. El pedido concreto es que se abra una mesa de negociación con las partes para intentar llegar a un acuerdo final, que se sostenga en el tiempo.

“Nuestra fábrica se puede poner en marcha, pero es necesario una decisión política; las semanas que van pasando han sido favorables a la empresa multinacional que nos extorsiona con el hambre, al no pagarnos los salarios, ni depositar las indemnizaciones correspondientes luego de haber concretado los despidos, y ofreciendo retiros voluntarios. Exigimos que la patronal cumpla con el pago de salarios adeudados”, concluyeron los empleados.

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