IOMA La Plata: por orden judicial Vidal debe frenar la instalación de molinetes de control

La Junta Interna de ATE, en representación de los trabajadores de la Obra Social, recurrió a la justicia para denunciar “la trampa mortal” que generó la colocación de 5 molinetes y un vallado de vidrio fijo en la Sede Central de IOMA, que impide la evacuación del personal en caso de emergencia. Y en la mañana del martes, se conoció la sentencia favorable al reclamo.

El juzgado Contencioso Administrativo N° 1 a cargo del juez Francisco Terrier dictó sentencia e hizo lugar a la demanda presentada por los trabajadores del organismo, resolviendo «ordenar con carácter de medida cautelar a las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA), abstenerse de poner en funcionamiento y/o suspender, según el caso, el sistema de molinetes con acceso biométrico y vallado de vidrio, en la entrada del edificio de la Sede Central de calle 46 entre 12 y 13 de La Plata, hasta tanto se dicte sentencia en autos; ello de manera inmediata a la notificación de la presente(…)».

El conflicto que arrastran los empleados de la obra social bonaerense con su patronal lleva varios meses, y empeoró aun más cuando el titular de IOMA Pablo Di Liscia decidió colocar un sistema biométrico con molinetes.

Satisfacción

«La resolución judicial es un paso importante. Todos los informes técnicos realizados en IOMA demuestran que las condiciones en las que desempeñamos nuestras tareas son deplorables, pero además la sentencia le pone un freno al vallado y molinetes que de manera arbitraria y sin consulta técnica alguna decidió colocar el presidente Di Liscia», aseguró Luana Simioni, delegada general de ATE en IOMA.

«Las autoridades de IOMA han actuado con total prepotencia, desoyendo los reclamos de los trabajadores y las recomendaciones de las propias áreas técnicas. Pusieron en riesgo nuestra integridad e impidieron, como dice el informe de los Bomberos, la rápida evacuación en caso de incendio. Además, a pesar de contar con un presupuesto propio de más de 53 mil millones de pesos (aportados íntegramente por sus afiliados), la inversión en infraestructura es casi nula y el edificio está en condiciones de notorio deterioro», añadió la dirigente gremial.

El contexto

En ese sentido, desde el gremio de los estatales aseguraron que la colocación de barreras «es una directiva del gobierno de María Eugenia Vidal», que encabezó en los últimos meses un plan de colocación de molinetes en casi veinte dependencias provinciales. «Mientras, los edificios públicos se caen a pedazos y las condiciones en las que se trabaja son deplorables», advirtieron en ATE.

Con ayuda de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), los empleados presentaron una medida cautelar, pero también solicitaron «la correcta adecuación del edificio a la legislación vigente en materia de seguridad laboral, que como surge de los informes de las inspecciones técnicas de diferentes organismos, está ampliamente incumplida por parte de las autoridades del Instituto», detalló la abogada Luz Santos Morón.

La letrada sostuvo que la Justicia advirtió «una lesión a los derechos de los trabajadores de la Sede Central de IOMA, así como de toda persona que asista a la misma por diversas cuestiones. Y la adopción de medidas de control de accesos por parte de la gestión no puede descuidar derechos primordiales de los trabajadores de dicho establecimiento, como los de seguridad y salubridad».