Informe especial: la pandemia destruyó 4 millones de puestos laborales, la mayoría informales

Las cifras fueron relevadas por la CTA de los Trabajadores, que dijo que el gran impacto de la crisis la llevan los trabajadores no registrados y los cuentapropistas y monotributistas. Por eso, se lanzó un plan para generar empleo desde la economía popular. Además, se produjo un fuerte deterioro del salario real. La crisis podría extenderse hasta el año que viene.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

A comienzos de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe donde alertó que la Argentina podía perder hasta 850 mil puestos de trabajo producto de la crisis generada por el coronavirus y las medidas de aislamiento. En un contexto de recesión global y falta de precisiones de cómo enfrentar la situación, la entidad apuntó a los efectos que se verían en el país, cuando finalice el 2020. A pocos días de esto, las cifras sobre la crisis del mercado laboral superaron las expectativas de la organización mundial. Es que según un relevamiento del centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores, la pérdida de puestos de trabajo está es más de cuatro veces mayor.

Los de la entidad hablan de que casi 4 millones de argentinos perdieron sus puestos de trabajo en la pandemia, una cifra que marca el impacto de la crisis. La gran mayoría de los perjudicados fueron informales y cuentapropistas, es decir, quienes no cuentan con estabilidad laboral. Los trabajadores bajo convenio fueron una minoría entre los que fueron cesanteados o tuvieron problemas en este tiempo. La alta informalidad del mercado laboral nacional influyó para que el deterioro fuera mayor, por lo que las organizaciones sociales se juntan con gremios para llevar propuestas al gobierno. En estos meses, los conflictos obligaron a realizar protestas y movilizaciones, que terminó en algunos casos con reaperturas o recuperaciones.

El informe de CIFRA marca el impacto de la crisis entre los trabajadores argentinos, en especial quienes no están bajo convenio. Según el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, “el 56,6 por ciento de los puestos perdidos afectó a asalariados no registrados; 39,6 por ciento, no asalariados; y 3,8 por ciento a asalariados registrados, en una situación del mercado laboral inédita por las medidas adoptadas ante la pandemia y su consecuencia en la actividad económica”.

En cifras concretas, la mayor cantidad de puestos perdidos fue entre los informales, con 2.300.000 trabajadores menos, los no asalariados 1.600.00 mientras que los asalariados registrados bajo convenio “pudieron estar relativamente más protegidos por una mayor regulación estatal”. “Esta fuerte reducción se explica prácticamente en su totalidad por la disminución del número de asalariados no registrados y de ocupados no asalariados, ya sean patrones y trabajadores por cuenta propia”, destacó el informe. Que recalcó “la importancia de la protección que la regulación de las relaciones laborales puede implicar para los trabajadores”.

Una medida de protección como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue clave para esta situación, como el decreto “anti despidos” y la doble indemnización.

Casi como una coincidencia, esta semana se presentó un programa para crear empleados desde la economía popular, donde más se sintió la destrucción de empleo. Motorizado por organizaciones sociales, con apoyo de algunos gremios, el denominado “Plan de Desarrollo Humano Integral” es una iniciativa que busca justamente generar 4 millones de empleos y reactivar “el aparato productivo a través del diálogo social tripartito e institucionalizado”.

La propuesta procura impulsar la generación de “empleo genuino y reactivar el aparato productivo”, que ofrezca “sustento a la iniciativa a través de la convocatoria al diálogo social tripartito e institucionalizado”. La iniciativa cuenta con el aval de la CGT, que en los últimos meses, ante la crisis del coronavirus, se acercó al sector informal para buscar respuestas ante el golpe que significó el aislamiento.

Precarización y pérdida salarial

Otra buena noticia para quienes más sufrieron respecto de la pérdida de puestos laborales llegó gracias al plan estatal para efectivizar contratados de la administración pública nacional. En la previa de la paritaria histórica, acordada por ATE y UPCN, el gobierno y los sindicatos confirmaron la puesta en marcha del denominado Plan Integral de Regularización del Empleo Público, que permitirá el pase a planta permanente de 29 mil empleados públicos mediante concurso. “Hay que conocer la reglamentación del plan para conocer su verdadero alcance”, le dijo a Gestión Sindical un dirigente estatal, luego del anuncio realizado la semana pasada.

Las dudas que genera en algunos sectores se basan en la exclusión de algunos empleados en el beneficio. “No están incorporados en este tramo los monotributistas ni los contratados con menos de cinco años de antigüedad”, alertó el mismo dirigente. El esfuerzo de regularización de estatales –una promesa de campaña de Alberto Fernández, junto con la reincorporación de los despedidos durante el macrismo, algo que se dio en cuentagotas –no termina con la precarización en el Estado, que se profundiza por la falta de concursos. “Es un avance, peor no termina con el fraude laboral”, finalizó el dirigente consultado.

Los despidos que se dieron en el sector formal no fueron todos forjados por la crisis. Hubo algunos que generaron situaciones propias de la pandemia. Uno de los último es el intento de cesantía de más de 20 trabajadores de Coto, que reclamaron en el oeste del conurbano bonaerense por un bono de fin de año, por ser trabajadores esenciales. La empresa no sólo lo negó, sino que inició el proceso de despido de al menos 26 empleados, que participaron de las protestas. Esto generó una rápida respuesta del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Zona Oeste (SEOCA), que confirmó que en estos días se terminará el conflicto, con la vuelta a los puestos de trabajo de ese personal. Incluso en un sector tan importante como la salud hubo problemas de empleo.

Según le confirmó a Gestión Sindical la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), hay al menos una docena de provincias en conflicto con su personal sanitario, de los cuales “Chubut y Córdoba incluye despido de médicos y personal”.

Además de la caída del empleo, se generó un fuerte deterioro del salario real. Los datos de CIFRA muestran que esta caída del poder adquisitivo en 2020, en el marco de la pandemia de coronavirus, “se suma a las caídas de los años previos, durante el gobierno de Macri”.

“Mientras que el poder adquisitivo del salario registrado del sector privado se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2015, la tendencia fue descendente desde 2016. El deterioro salarial fue particularmente intenso desde el segundo cuatrimestre de 2018, es decir, desde que la corrida cambiaria, con su impacto en el nivel de precios, marcase el estallido de la situación de deuda contraída y se recurriese al préstamo del FMI”, remarcó el trabajo.

Así, en 2019, “el salario real era 12,5 por ciento inferior al promedio de 2015 y en
diciembre de 2019 la caída llegó al 14,8 por ciento”. En tanto, en 2020 “comenzó un proceso de recuperación, relacionado con el decreto 14/2020, sancionado a inicios de enero. Pero esta mejora volvió rápidamente atrás en el contexto de la pandemia de coronavirus. En
septiembre los salarios en promedio se ubicaron prácticamente al mismo nivel que en septiembre del año previo y 15,8 por ciento por debajo del promedio de 2015”.