El diputado Miguel Ángel Funes presentó ayer un proyecto de ley para impedir los despidos de trabajadores de la educación en las escuelas de gestión privada. La propuesta legislativa fue confeccionada en forma conjunta con el Sindicato Argentino de Docentes Particulares.
En el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires presentaron ayer un proyecto de ley que condiciona los despidos en las escuelas de gestión privada. En rigor, se trata de una modificatoria de artículo 145 de la y 145 bis de la Ley Provincial de Educación N° 13.688. La iniciativa corresponde al diputado Miguel Ángel Funes.
De ser aprobado el proyecto, “los docentes de los establecimientos educativos de gestión privada gozarán de la estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad a la normativa vigente”, según uno de los artículos de la iniciativa, que destaca en uno de su párrafos “la pérdida de estabilidad condicionada a las mismas causales que se establezcan para los estatales”.
Junto a la conducción nacional, provincial y regional de Sadop; presentamos un Proyecto de Ley que busca frenar los despidos. El estado provincial tiene la obligación de controlar los establecimientos de enseñanza privada y muy especialmente aquellos que reciben subvención. pic.twitter.com/RHa6beCFOf
— Miguel Funes (@MiguelFunesA) October 15, 2019
En caso de despido por causas distintas de las mencionadas en ese artículo, o en los que no existiera elaboración de un sumario administrativo previo realizado por autoridad competente de acuerdo a lo ya establecido en el Estatuto del Personal Docente de Establecimientos Privados de Enseñanza, al despido se lo considerará “sin justa causa”, y se aplicarán las disposiciones vigentes para los casos de “despidos sin expresión de causa” establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo.
También agrega el artículo 145 bis, que habilita al Director de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada a disponer de oficio la inmediata quita del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido.
Habiendo pasado las 72 horas de producido el despido, si no se hace efectiva la quita del subsidio podrá ser reclamado por el trabajador despedido o por la asociación sindical que lo represente.
Durante la vigencia de la quita del aporte estatal; en ningún caso podrá incrementarse el porcentaje, ni el monto total del aporte, con excepción de aquellos en los que se produjera crecimiento de cursos/grados por promoción o por avance.
Del acto participaron María Inés Busso, Marina Jaureguiberry y Rodrigo Miguel, de la conducción del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores).
Acompañaron la iniciativa de Funes las diputadas Florencia Saintout, Rocío Giaccone y los diputados Rubén Eslaiman, Julio Pereyra.
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