Hacer o no un nuevo paro antes de las elecciones divide a la dirigencia de la CGT

El moyanismo quiere impulsar una nueva medida de fuerza, pero algunos dirigentes que forman parte de la interna peronista quieren dejar pasar los comicios “para no confundir”. Además, la dirigencia ponderó una noticia que pasó casi desapercibida: la creación de una agencia que limitará los juicios a sus obras sociales.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La semana pasada, se reunió luego de varias semanas de silencio el triunvirato de la CGT, que junto a los principales miembros de su consejo directivo analizó la situación política y social del país. La cuestión de las paritarias fue el eje de la cumbre, que busca reactivar a la dirigencia, hoy más preocupada en la interna del PJ de la provincia de Buenos Aires que en la situación sindical. Luego del paro nacional, las principales figuras cegetistas hicieron un impasse en su crítica al gobierno, y se dedicaron a ver lo que sucedía en el plano laboral. De la reunión, la dirigencia se llevó una idea: no hacer paros hasta que pase la cuestión electoral. Pero pocas horas después, una de sus principales referencias dijo que están pensando en una medida de fuerza, lo que volvió a dividir las aguas en la interna de la central obrera. En lo que si hubo acuerdo fue en festejar una medida que pasó desapercibida pero que tiene mucho impacto en las obras sociales sindicales.

La cumbre fue el primer encuentro entre los dirigentes luego del paro nacional y los enfrentamientos que tuvieron varias figuras de la central obrera con funcionarios del oficialismo. la vuelta a la discusión de las paritarias y la idea del gobierno mediante su ministro de Trabajo de mantener el techo del 20 por ciento fue el tema central de la mesa, que compartieron los integrantes del triunvirato y los principales dirigentes del consejo directivo. Todos pusieron el grito en el cielo cuando se nombraron las declaraciones de Jorge Triaca, que ratificó el techo salarial. Pero más allá de los enojos, un sector capitaneado por Andrés Rodríguez de UPCN defendió “la independencia” de cada organización para cerrar acuerdos. El dirigente, claro está, así justificó el acuerdo en tres tramos del 20 por ciento acordado en esa horas, que enfureció a ATE y el resto de los sindicatos de la administración pública.

En plena negociación, los metalúrgicos están en la puerta de un paro, pero admitieron que hay dudas sobre sus efectos. En ese punto, Antonio Caló aseguró que no es momento de protestas como las del 6 de abril. “Caló no quiere que se confundan las cosas, y que la protesta se mezcle con el proceso electoral”, le dijo a Gestión Sindical una fuente cegetista. En ese punto, el dirigente que confirmó que apoyará la potencial postulación de Florencio Randazzo en el PJ –fue contundente al decir que “nadie piensa en un paro”. “Los dirigentes peronistas quieren meterse de lleno en la cuestión política, no veo que haya clima para ponerle el cuerpo a otro paro. Hay algunos sectores complicados, que quieren meter diputados, pero no se va a usar la CGT para eso”, agregó la misma consultada.

Pero a las pocas horas de este cónclave, en Entre Ríos, Pablo Moyano dio otra versión. En la regularización de la CGT regional Gualeguaychú, deslizó la posibilidad de volver a la calle. “Tenemos que seguir profundizando el plan de lucha para que termine con una movilización y un paro general, de camioneros y de todos los compañeros trabajadores”, adelantó. Incluso dijo que esta semana se podría poner la fecha. Las declaraciones hicieron ruido en la sede de Azopardo, ya que un buen sector del moyanismo no había adelantado esta idea en la cumbre del jueves pasado.

Quienes están detrás del clan Moyano en la CGT piensan que es momento de comenzar otra ofensiva con el gobierno. Si bien Hugo Moyano mantiene diálogo fluido con varios referentes del gobierno, no deja de admitir puertas adentro que la situación es compleja, y que si se insiste con el cierre de las paritarias en torno del 20 por ciento habrá más conflictividad. La paritaria de camioneros y la reunión del Concejo del Salario –que se reuniría a mediados de junio según las versiones –serán una prueba para saber la paciencia que tendrá este sector, recientemente fortalecido con la llegada de varios gremios que dejaron las 62 Organizaciones Peronistas, el espacio de Gerónimo “Momo” Venegas. Liderados por el titular del gremio docente UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, varios se fueron de la organización de Venegas, a quien acusan de pretender fortalecer su partido FE. Ahora, volvieron a la CGT de la mano de Pablo Moyano, a quien en algún momento impulsaron como único líder de la central obrera.

Además, la dirigencia ponderó una decisión gubernamental que pasó casi desapercibida pero es de vital importancia en la seguridad social. Se trata de la puesta en marcha de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que buscará limitar las demandas contra las obras sociales sindicales y prepagas. La iniciativa del gobierno nacional está estancada en el Congreso, sin apoyo de la oposición, por lo que el Ejecutivo decidió ponerla en funcionamiento a través de un decreto de necesidad y urgencia. Esta herramienta buscará limitar los amparos y reclamos judiciales en las entidades, para que se cubran tratamientos, dispositivos y otros insumos de manera extraordinaria. “La idea es que la agencia determine qué prácticas o medicamentos se cubren, ahora las obras sociales están pagando fortunas por cuestiones experimentales que no tienen evidencia de ser eficaces”, remarcaron desde el sector farmacéutico a Gestión Sindical. Una vez puesta en marcha, la agencia le cerrará la puerta a los juicios que sufren los gremios. La iniciativa fue una promesa realizada por el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud Luis Scervino a la CGT, y comenzará a tomar fuerza antes de que termine la primera mitad del año.

Para las obras sociales, limitar los gastos en estos tratamientos e insumos es una gran noticia. “Se gasta hasta un tercio de los recursos en la cobertura de medicamentos, en muchos casos por amparos que los pacientes hacen para que se traigan tratamientos que no están aprobados y que no tienen eficacia comprobada. Si la agencia pone un techo a eso, muchas entidades van a disponer de más recursos para mejorar su atención”, analizó la misma fuente consultada.