Habrá multas y hasta 10 días de arresto para quienes escrachen, discriminen o ataquen a trabajadores de la salud
Es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue aprobada durante la sesión ordinaria de la Legislatura porteña. En las últimas semanas se registraron casos de discriminación y agresión en edificios.
Las personas que hostiguen, amenacen, discriminen o hasta maltraten físicamente al personal sanitario por su condición laboral, la que los pone en contacto con pacientes con coronavirus, podrán ser sancionados con multas de hasta $17.000 pesos de acuerdo a una ley sancionada por la Legislatura porteña que reformuló el Código de Contravenciones.
La iniciativa fue aprobada durante la sesión ordinaria de la Legislatura porteña con 55 votos positivos y tres en contra y alcanza también a los trabajadores de las fuerzas de seguridad y de la justicia que están en la primera línea de lucha contra la pandemia del Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva ley considera como agravante, y por lo tanto se duplican las sanciones, al ataque que se haga «contra un trabajador de la salud, personal policial o judicial, y la conducta esté motivada en razón de haber estado en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas”.
Las sanciones serán de tres tipos:
• Si se trató de una agresión o una pelea, el castigo puede ser de 2 a 10 días de arresto, de 2 a 10 días de trabajos de utilidad pública o multa de $ 400 a $ 2.000.
• Si fue un hostigamiento, de 2 a 10 días de arresto o de trabajos comunitarios, o una multa de 80 a 400 Unidades Fijas (que hoy equivalen a entre $ 3.423 y $ 17.120).
• En el caso de que haya sido un maltrato, de 4 a 20 días de trabajos de utilidad pública, entre 2 y 10 días de arresto o bien la multa de 80 a 400 Unidades Fijas.
El proyecto señala que «con motivo de la expansión del virus Covid-19 se han venido observando ciertos comportamientos disvaliosos por parte de algunos ciudadanos que evidencian un desapego a las normas de una respetuosa convivencia, orden, tranquilidad y paz social».
«En este contexto, la discriminación que sufre personal de la salud, personal policial y judicial, en razón de estar en contacto permanente con pacientes infectados del mencionado virus, como así también de otras enfermedades infecto-contagiosas, injuria gravemente su dignidad y evidencia la falta de solidaridad ciudadana por parte de quienes, en lugar de reconocer la grandeza con la que aquellos enfrentan esta dura realidad, los ofenden y aíslan socialmente por esa mera circunstancia», agrega el texto.
Por los actos de discriminación que se presentaron en abril la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció tres consorcios de los barrios de Belgrano, Villa Crespo y Recoleta.
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