Gremios navales enfrentan el plan flexibilizador de Sturzenegger: barcos extranjeros con tripulación extranjera
Desde el Centro de Patrones cuestionaron al ministro Sturzenegger por su empeño en desregular el sistema de navegación argentino.
No es novedad: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger sigue cosechando cuestionamientos sindicales. Ahora, va por la navegación: quiere realizar una reforma integral de la Ley de Cabotaje que permita que operen empresas extranjeras prácticamente sin requisitos, algo que ya genera ruido en los gremios marítimos, principalmente en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales.
El primer dirigente que cruzó al funcionario de Milei fue Mariano Moreno, del Centro de Patrones, quien afirmó que “el gobierno es consciente de que no resolverá el problema, solo va a desviar el trabajo a manos extranjeras y entregar soberanía”.
Con la idea fija, Sturzenegger enfrentó los dichos del dirigente sindical opinando que «el cabotaje en la Argentina tiene costos altísimos” y llegando al punto de decir que “no existe una Marina Mercante” en el país.
El proyecto de Sturzenegger
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de Ley de Cabotaje es el que permite que los trabajos locales sean realizados por barcos con banderas extranjeras, utilizando tripulación y mano de obra de otros países.
Es decir que, más allá del servicio, no quedaría ningún beneficio para la Argentina, no habría una empresa nacional que obtuviera ganancias ni trabajadores locales que tuvieran empleo.
Ante estas declaraciones, Moreno calificó al funcionario de “incompetente, malintencionado y mentiroso”. Según Moreno, “la Marina Mercante recibió una dura puñalada en los años 90 con el decreto 1772/91, donde nada creció, excepto la pauperización y pérdida de fuentes laborales».
En ese entonces con las mismas laxas condiciones que otorga este proyecto «lo único que creció fue la pobreza y la destrucción de gran parte de la flota existente en ese momento. Hoy, de la mano de Sturzenegger, recibirá la puñalada final que erradique por completo la flota nacional», dijo el dirigente sindical.
El decreto de Cavallo
El decreto 1772/91 permitió que los armadores argentinos, es decir, los propietarios de los barcos, registraran sus embarcaciones bajo bandera de otros países para acogerse a regímenes laborales más laxos. Esto les permitía pagar salarios más bajos, evitar contribuciones a la seguridad social e impuestos locales. Así, las aguas argentinas se llenaron de barcos con bandera de Liberia o de Panamá, por ejemplo.
Moreno denunció que “el ministro miente descaradamente cuando dice que esto trae una solución al problema de los costos, porque el problema real es de logística e impuestos, como el de Ganancias y cargas burocráticas y administrativas, además de la falta de muelles de cabotaje en la mayoría de los puertos.
También refutó las declaraciones de Sturzenegger al asegurar que “sí existen movimientos entre Tierra del Fuego y Buenos Aires«. «Que no desinforme a la población”, reclamó.
“Ahora yo le pregunto a Sturzenegger: ¿cómo piensa que un buque extranjero mejore la prestación? Si el problema no son los costos, sino la falta de una matriz de transporte nacional que ordene la Marina Mercante y los distintos sistemas de transporte”, cuestionó.
Moreno también puso el foco “en los negocios y negociados” que estarían detrás de esta embestida contra el pabellón nacional en el ámbito fluvial. “Desde que asumió el gobierno, el ministro Sturzenegger se dedicó a desmembrar el sistema de derechos laborales argentino, el desarrollo del trabajo con mano de obra local y todo proyecto productivo, entre ellos la Marina Mercante”, y advirtió “o es con trabajadores argentinos o no será nada».
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