Gremios argentinos ante la CIDH: “La ofensiva contra los trabajadores busca imponer la reforma laboral”

Una delegación de las dos CTA y sindicatos de la CGT presentó ante la entidad de Derechos Humanos un documento donde denunció “hostigamiento y criminalización” por parte del gobierno, que busca imponer nuevas condiciones laborales. Se llevaron ejemplos concretos sobre este accionar, que incluye represión a la protesta social.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En el marco de una nueva reunión de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), realizada esta semana en la capital uruguaya Montevideo, gremios de la Argentina presentaron ante las autoridades del organismo un documento en el cual denuncian “un cuadro de hostigamiento y criminalización” contra la actividad sindical. Con ejemplos documentados de represión y persecución, se alertó sobre este cuadro de situación, que incluye los casos de amenazas contra la familia del dirigente de SUTEBA, Roberto Baradel, la presencia policial en los despidos a estatales y los golpes sufridos en diversas manifestaciones, como el caso de lo la marcha contra el cierre de la planta de Pepsico. El documento fue evaluado por una relatoría de la entidad, que además escuchó el relato de varios dirigentes. Luego de la presentación, los gremios destacaron la posibilidad que se abren para frenar el avance del gobierno nacional contra los derechos de los trabajadores, y advirtieron que este ataque busca “imponer la reforma laboral”. El triunfo electoral del domingo pasado podría potenciar este plan “anti sindical” del oficialismo.

La audiencia de ayer martes se dio en el marco de la nueva Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, que recibió el testimonio de diversos gremios argentinos, en el marco de un documento elaborado en conjunto donde se alertó sobre el avance del gobierno sobre los derechos de los trabajadores. El mismo fue elaborado por la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y gremios de la CGT, la mayoría enrolados en la Corriente Federal. La audiencia fue pedida por la Asociación de Abogados Laboralista (AAL), y contó con el aval del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre otras organizaciones. “En un contexto de deterioro del mercado de trabajo y aumento del desempleo, en los últimos meses se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la intervención de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores en nuestro país”, expresa el documento conjunto, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

Luego de analizar las variantes económicas que rigen en estos tiempos, y el impacto en el sector laboral, el documento presentado en Montevideo, las organizaciones alertan que la actual situación “se desarrolla en un contexto normativo que habilita la precarización de las condiciones de empleo y contratación, tanto en el sector público como privado”. En este punto, ase agregó, “la tercerización se presenta como una de las expresiones características de la flexibilización laboral en épocas de crisis que sitúa al trabajador en una especial situación de vulnerabilidad y reduce la capacidad de acción del colectivo de trabajadores”. El texto fue acompañado por el testimonio de dirigentes y trabajadores, muchos de ellos damnificados directos de la situación.

“El balance es positivo, porque además de presentar los casos más importantes pudimos presentar este documento sintetizando las situaciones más conflictivas que estamos viviendo en los últimos tiempos”, aseguró María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En diálogo desde Montevideo con Gestión Sindical, la dirigente comentó que en la reunión que tuvieron con la titular de la relatoría se recordó que “principios del 2016 la ministra de Seguridad patricia Bullrich sacó la reglamentación del protocolo ‘anti piquete’, para reprimir la protesta social”. “Con eso nos dimos cuenta que se preparaban para una política de ajuste, que en cualquier país del mundo genera protesta social. Esta política lo que quiere es quitarle a los trabajadores y al pueblo en general la posibilidad de defender los derechos conquistados en la calle. No hablamos de avanzar en nuevos derechos, sino en defender lo conquistado”, dijo Reigada. En tanto, desde la CIDh admitieron que existe “un retroceso en el derecho de los trabajadores en la región, y a nivel mundial. “Esto para que entendamos la gravedad de la situación que estamos atravesando”, subrayó la dirigente argentina.

Durante la audiencia se presentaron varios casos que ocuparon las tapas de los diarios, y que generaron protestas airadas contra el gobierno nacional. El gremio docente SUTEBA, por ejemplo, llevó además de las amenazas a Baradel los casos de exoneración de dirigentes docentes en Tierra del Fuego, la represión que sufrió la CTERA en Plaza de los Dos Congresos y la presencia de policías en las escuelas. Por su parte ATE planteó como la policía notificaba cuando los trabajadores fueron despedidos, en especial en diciembre de 2015. Además, se enumeraron casos de despidos masivos en la industria privada, que eran reprimidos por fuerzas de seguridad. “La presencia de mucha policía en los conflictos da cuenta que si protestas vas a caer en las garras de la represión”, destacó Reigada. Además, se denunciaron las intervenciones de los sindicatos, la injerencia del Ministerio de Trabajo en el proceso de elecciones de algunos gremios.

Un día antes, en la misma relatoría se presentaron gremios de Brasil, que hablaron de la reforma que impuso el gobierno de Michel Temer, que es considerada un enorme retroceso en los derechos de los trabajadores de ese país. La presentación fue acompañada por gremios argentinos, ya que consideran que este modelo puede ser aplicado en el país. “Sabemos, por datos objetivos, que esta ofensiva contra los gremios busca imponer la reforma laboral, donde ni el poder de la paritaria seguirá existiendo, lo que da una pauta de lo que se viene”, resaltó Reigada. Esta reforma, alertó la dirigente de la CTA, se verá potenciada por el triunfo electoral del pasado domingo: “tienen la intención de acelerar, tendremos que organizarnos más y mejor, no sólo en la Argentina sino estableciendo lazos con sindicatos de la región”.

Además, durante la jornada el sindicato de prensa SIPREBA presentó el documento “Los ataques a la prensa. Una mirada desde los derechos humanos”, donde graficó los muchos problemas que existen en materia laboral en el sector, entre ellos el procesamiento de delegados del diario Perfil, los despidos en la planta de Clarín de Zepita, los ataques de patotas a la redacción de Tiempo Argentino y las gravosas consecuencias del manejo de la pauta oficial en Página/12. “Vamos a seguir trabajando para que este nuevo organismo que incorpora estas denuncias estén al tanto de estas situaciones, como hicimos cuando nos presentamos ante la OIT. Es un espacio interesante”, concluyó Reigada.