Gremios alertan sobre una “ola privatizadora” en distintas áreas del Estado

Una serie de medidas tomadas en las últimas semanas generan preocupación en distintos sectores, ya que favorecen el ingreso de privados a la administración pública. El caso de Vialidad, convertida en una empresa, es el más difundido pero no el único. El PAMI creó una fundación que movilizó a los sindicatos, y la Cobertura Universal de Salud es para CICOP un instrumento “para la privatización y el arancelamiento”.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En las últimas semanas, una serie de medidas tomadas por el gobierno nacional comenzaron a preocupar en distintos sectores del Estado. Es que a través de resoluciones, programas y hasta fundaciones, se inició un proceso que permite, de diversas maneras, el ingreso de privados a la órbita estatal, e incluso los faculta al manejo de algunos de sus bienes y sus prestaciones. Se trata de “una ola privatizadora”, según denuncian varios gremios, que ven con preocupación cómo al alianza oficialismo-empresas se profundiza en la práctica. El caso de Vialidad Nacional, que fue desmantelada para crear una firma que opere en el sector, fue el más difundido, pero no es el único. El PAMI, la obra social nacional, acaba de crear una fundación, que podrá manejar instituciones del organismo, y tercerizar servicios. Incluso la Cobertura Universal de Salud (CUS), el programa creado por el Ministerio de Salud nacional, es visto por algunos como una intromisión de los capitales privados en la administración estatal. La dirigencia gremial promete resistir esta tendencia, que luego de las elecciones podría profundizarse.

La creación de la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima fue la luz de alarma que puso en alerta a los gremios estatales. Si bien está formada por el Ministerio de Transporte (51 por ciento) y la vieja Dirección de Vialidad Nacional a través del decreto 794/2017, para ATE se trata de una maniobra tendiente a “entregar el organismo a las empresas constructoras”. “Es parte de una ola privatizadora que se extiende a casi todas las áreas del estado”, afirmó una fuente del gremio, en diálogo con Gestión Sindical. Para los estatales, hay “mucha incertidumbre” respecto al futuro de los 500 empleados del sector, que según afirman “un día se despertaron siendo parte de una empresa”. A esto se le suma lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde por la venta de terrenos estatales, aprobado por la legislatura porteña, se hablar de un “achicamiento encubierto” de Vialidad. Por estas horas, los trabajadores están en “estado de alerta y movilización”.

La maniobra de Vialidad, convertida en una empresa de la noche a la mañana, no es la única forma que tiene esta “ola privatizadora” denunciada por los gremios. En el PAMI, hace unos días se creó la denominada Fundación PAMI-INSSJP, que tendrá entre sus atribuciones la de administrar algunos prestadores de la obra social, y contratar servicios. La medida fue rechazada por la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, formada por gremios estatales, la CTA de los Trabajadores y entidades de jubilados, que este miércoles realizó un acto frente a la sede porteña del organismo para repudiar la formación de esta entidad. “Esta fundación es en los hechos una privatización del organismo, y es muy preocupante”, sostuvo Eduardo Terraneo, secretario Adjunto del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI (SUTEPA). Consultado por Gestión Sindical, el dirigente agregó que el especio que integra están “muy preocupados” por las prestaciones, que ahora se verían afectadas por la integración de esta fundación.

De acuerdo al decreto que creó esta fundación, las autoridades del PAMI serán las que dirijan la entidad, lo que genera dudas. Además, estará habilitada para licitar servicios, de manera directa, e incluso contratar servicios. Si bien las autoridades aclararon que se formó para administrar el hospital Eva Perón de la localidad de Mar del Plata, desde SUTEPA desconfían de esto, y aseguran que la figura se podría usar en todo el país. “La resolución es clara, hablar de todo el país. Una comunicación interna aclara que se trata para el caso de Mar del Plata, pero no confiamos en eso. Si no lo piensan usar, le pedimos a las autoridades que saquen una resolución al respecto”, remarcó Terraneo. Lo cierto es que la multisectorial se manifestó contra esta iniciativa, y alertó que ya se usa la fundación para administrar otros hospitales bajo la órbita del PAMI, incluyendo alguna clínica.

Además de estas resoluciones y decretos, la apertura del Estado a los privados se puede ver en el sector salud, con el lanzamiento de la Cobertura Universal de Salud (CUS), un cuestionado sistema que recomienda el Banco Mundial, y que si bien tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se la considera contraria a los intereses sanitarios. Desde hace un tiempo, el sector “No al CUS” integrado por gremios y entidades de defensa de la salud pública rechazan su puesta en marcha, y denuncian que servirá para “fragmentar aún más el sistema actual, habilitando mecanismos de arancelamiento y privatización”. Así lo dijo el titular de la CICOP, Fernando Corsiglia, que forma parte de este movimiento. “Buenos Aires todavía no adhirió al CUS, no sabemos por qué, pero estamos reclamando que se mantenga fuera. Por el momento no se informa cómo se va a financiar un programa de esta naturaleza”, agregó el dirigente, el diálogo con Gestión Sindical. Corsiglia confirmó que en el presupuesto 2018, que se comenzó a discutir en el Congreso, esos fondos “no están”.

La CUS fue presentada la semana pasada en la localidad de Guaymallén, Mendoza, donde se pondrá en marcha una prueba piloto, con la atención de 120 mil personas que no cuentan con seguridad social (es decir, ni obras sociales ni prepagas). Las dudas que surgen respecto a la cobertura es que al tener un paquete imitado de prestaciones, que darían los hospitales, el resto que esté por fuera deberá ser pagado por los pacientes. Además, habilitará al sector público a hacer acuerdos con los privados, y viceversa. Por eso, si una persona se atiende en una clínica privada sin turno, esa prestación se pagará con fondos estatales. “Con los fondos ahora asignados no hay capacidad de brindar salud de calidad, son fondos insignificantes”, ratificó Corsiglia. El dirigente además criticó el rol jugado por la CGT, que aportó 8 mil millones de pesos de sus obras sociales para la puesta en marcha del plan. “Fue parte de la negociación para frenar cualquier plan de lucha de la central obrera”, concluyó el titular de la CICOP.