El Gobierno sigue su guerra contra los gremios y ya intervino cinco obras sociales sindicales
Vareadores, una de las obras sociales intervenidas por el Gobierno.
Meterse en las obras sociales es la nueva estrategia para debilitar a los sindicatos. La Justicia le frenó el intento de tomar el control de la de UATRE.
En un nuevo capítulo de la guerra declarada contra los gremios, el Gobierno nacional decidió intervenir otras dos obras sociales, luego de haber hecho lo propio con otras tres -e intentarlo con una más- en las últimas semanas. Ahora, las apuntadas fueron la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) y la Obra Social de Vareadores (OSV).
De esta manera, la administración de Javier Milei continúa con su embestida, más allá del revés judicial que recibió recientemente, cuando quiso tomar el control de OSPRERA, la obra social de la UATRE.
La justificación para las dos nuevas intervenciones pasa por supuestas irregularidades en registros y prestaciones. Y las decisiones fueron tomadas por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que encabeza Gabriel Oriolo, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
“Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”, dijo Ariolo.
Intervención de las obras sociales: las justificaciones
Las interveciones ya entraron en vigencia, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024. De esta manera, el Ejecutivo suma un nuevo foco de tensión con los sindicatos, luego de la reglamentación de la reforma laboral.
Alberto José Curci Castro asumió la intervención de la OSV, mientras que el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez.
En cuanto a los motivos esgrimidos en concreto hay que decir que, en el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos.
Asimismo, indicaron que no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas.
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Respecto de la Obra Social del Personal Mosaista, las autoridades denunciaron la falta de seguimiento y auditorías a los beneficiarios y que adeudaba la entrega de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos y Estados Financieros Discapacidad desde noviembre de 2021.
Estas intervenciones se dan luego de que Milei ordenara hacer lo propio con la Obra Social del Personal del Fósforo, la de Ladrilleros y la de Ladrilleros a Máquina.
“El fin es debilitar el movimiento obrero”
Y a esto hay que sumarle el polémico caso de la OSPRERA, la obra social de los peones rurales: allí la Justicia determinó el fin de la intervención por parte de Salud y la devolución de la conducción de la entidad a la UATRE.
Además, se ordenó la apertura de una investigación por supuesta asociación ilícita que involucra a funcionarios del Gobierno y a diputados nacionales.
Entre los apuntados aparece, por supuesto, el propio Oriolo, quien firmó la Resolución del caso, y el diputado nacional y ex miembro de OSPRERA, Pablo Ansaloni.
Como señaló el titular la UATRE, José Voytenco, lo que ocurrió es fruto de un «intencionalidad política». Y analizó que todo “evidencia la evidente intencionalidad política de interferir indebidamente en los asuntos internos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar el movimiento obrero y desprestigiarlo mediáticamente frente a la sociedad”.
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