21 de Febrero
de 2025
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El Garrahan en lucha: sin la CGT, la marcha nacional de Salud ya tiene fecha y sindicatos que la respaldan

17. 02. 2025

Con el impulso de los trabajadores del Hospital Garrahan, el 27 de febrero se realizará una movilización a Plaza de Mayo.

Sindicatos, agrupaciones políticas y sociales se unirán el próximo 27 de febrero para marchar a Plaza de Mayo en pos de visibilizar el ajuste del Gobierno en toda la salud pública. Será una convocatoria de carácter nacional que fue organizada por los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en APyT, quienes denunciaron “un vaciamiento de la entidad”, pero sin la CGT, que declinó la posibilidad de sumarse a la movilización.

Según trascendió tras el último conclave que impulsó la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) para afinar la movilización, el 27 de febrero estarán los despedidos del Ministerio de Salud de la Nación, trabajadores de los hospitales Posadas, Laura Bonaparte y Sommer y alrededor de 100 organizaciones de la salud de todo el país.

Coinciden en denunciar que «el presidente Javier Milei y su ministro Mario Lugones desfinancian a la salud pública».

«La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación por las políticas en salud pública del gobierno nacional de Javier Milei y de su ministro de Salud, Mario Lugones», explicó al respecto Norma Lezana, secretaria general de la APyT. «Realizaremos la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, partiendo desde el Ministerio de Salud y marchando hasta la Plaza de Mayo», anunció.

La concentración está prevista entre las 15 y las 16 del jueves 27.

Garrahan, Norma Lezana
Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.

Sobre la relación con otros gremios, Lezana dijo que «el encuentro” en el que se planteó la marcha nacional “fue importante y ya es un hecho político por el nivel de representatividad: organizaciones de pacientes, científicos, sindicatos independientes y hospitales estuvieron presentes».

Las críticas a Milei en primer plano

En el último encuentro de APyT con otras organizaciones, los dirigentes sindicales resaltaron que «la gravedad de los recortes y la rapidez con la que el gobierno nacional de Javier Milei ha desmantelado programas de prevención de VIH, hepatitis y tuberculosis (TBC), además del abandono de pacientes, la destrucción de puestos de trabajo y el vaciamiento de los hospitales públicos».

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«El 27 se marcha en defensa de la salud pública porque hay vidas en riesgo», afirmó Lezana, quien subrayó que la movilización busca «visibilizar la crítica situación del sistema de salud y exigir respuestas urgentes ante el desmantelamiento de políticas públicas esenciales».

Esta marcha podría convertirse en la tercera gran movilización contra las políticas de Milei, después de la marcha educativa y la antifascista, en un contexto de creciente malestar social por las medidas adoptadas por el gobierno nacional y en el caso de salud por el ministro nacional Mario Lugones. El desafío es importante y complejo ya que, a diferencia de las otras dos, no cuenta con el respaldo de la CGT.

Las denuncias en torno al Garrahan

En diálogo con Gestión Sindical, Lezana destacó que en 2024 encararon muchas acciones para visibilizar la situación, como “abrazos al hospital, 10 jornadas de paros y movilizaciones, denunciamos que por la destrucción de los salarios estaban renunciando masivamente los profesionales de los equipos. Logramos en octubre un bono de 500.000 pesos y ahora un 15% por fuera de la paritaria como adicional permanente por alta complejidad”.

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Sin embargo, remarcó que “la realidad es que ese 15% sobre salarios muy despreciados no es suficiente frente a la pérdida del 70% solo en el 2024. Están cerrando salitas en el jardín maternal porque renunciaron maestras que cobran 700.000 pesos por jornadas de ocho horas. Y no va a haber nombramientos. Esta situación también es motivo de renuncias de profesionales”.

El Hospital Garrahan funciona en forma autárquica y es financiado en un 80 por ciento por el Estado nacional, mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporta el 20 por ciento restante.

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