Federación médica repudia la “privatización” de la vacunación contra el Covid-19 en CABA

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) denunció el manejo de las dosis que hace el gobierno porteño, que las entregó a prepagas y obras sociales. “De aquí a la comercialización de la vacuna y el privilegio para los que más tienen hay un solo paso”, afirmaron.

Mientras la justicia aceptó investigar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el manejo de las dosis de la vacuna contra el coronavirus, médicos repudiaron lo que llaman una “privatización” de la aplicación de las dosis, que fueron derivadas a prepagas y otros centros asistenciales antes que al personal del sistema público de salud. Para la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) denunció esta situación respecto a la vacunación en CABA, que “estuvo propiciado por la complicidad que existe entre el jefe de gobierno, las prepagas y la burocracia sindical”.

“Hominis es la pre paga del Sanatorio Güemes y un instrumento del verdadero dueño de ambos que es el sindicato gastronómico. Con un criterio que apoyamos, el Gobierno Nacional decretó la gratuidad y la universalidad de la campaña de vacunación”, dijo el secretario general de la FESPROSA, Jorge Yabkowski.

Para el dirigente, “en un desafío abierto a este criterio, el gobierno de la Ciudad habilitó al Güemes como centro de vacunación y le permitió violar la norma nacional accediendo a que allí se vacunen con exclusividad los socios de la pre paga y la obra social. Lo mismo ha ocurrido con el hospital Alemán y otras empresas de medicina privada”. “De aquí a la comercialización de la vacuna y el privilegio para los que más tienen hay un solo paso”, agregó.

La Justicia realizó ayer miércoles un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño, en el marco de las dos denuncias recibidas por la suscripción de convenidos del Gobierno para entregar la vacuna a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados. El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires«, según surge del dictamen. Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino. El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.