Un fallo ordenó al Gobierno a reincorporar a un trabajador trans despedido, y podría haber muchos más casos
La cautelar le dio la razón a ATE, que había denunciado que el Gobierno de Milei incumplió la Ley de Cupos al llevar adelante los despidos.
A partir de una presentación judicial realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), una cautelar obligó este lunes al Gobierno a reincorporar a trabajadores trans que habían sido despedidos por la administración de Javier Milei incumpliendo la Ley de Cupos.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de ATE con una medida cautelar por la reincorporación de trabajadores trans, amparados en la Ley de Cupos, que cumplen funciones en la Administración Pública Nacional, indicando sus inmediatas reinstalaciones en los puestos de trabajo.
“Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
“La Justicia comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos que el Poder Ejecutivo decidió llevar adelante en toda la administración”, agregó el dirigente.
Asimismo, destacó “la importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de contralor de los otros poderes del Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas”.
Un fallo que sienta precedente
Se trata de la primera resolución de este estilo durante la gestión de Javier Milei y se espera que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.
“Este fallo es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores”, apuntó Rodolfo Aguiar.
En esta línea, el dirigente concluyó: “Esta resolución judicial nos genera optimismo a la hora de revertir un escenario de despidos masivos que resienten todos los servicios estatales y se traducen en una enorme pérdida de derechos para la población”.
Por su parte, la secretaria de Género y Diversidad del gremio, Clarisa Gambera, indicó: “Fue compleja la situación porque era necesario ser federales, recibir y acompañar personas de todo el país. Estamos ante una situación de discriminación por parte del Gobierno Nacional. Hay una situación donde ya percibimos que el foco está puesto en las áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos».
«Creemos que hay una mirada de ajuste selectivo en este sentido y sobre ideologizado, que lo que expresa es una perspectiva discriminatoria por parte de este Gobierno”, agregó la dirigente gremial.
Qué dice la Ley de Cupos
El primer caso del que tuvo respuesta concreta el sindicato trata de un trabajador que presta servicios en el Estado desde marzo del 2021. El pasado 21 de marzo 2024, la administración pública adoptó la arbitraria e ilegal determinación de no renovar su contrato.
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El fallo, además de ordenar la reincorporación, pone de manifiesto el severo perjuicio en la salud física, psíquica o social del ser humano afectado por el despido, y reconoce “la condición integrante de un colectivo desaventajado, históricamente oprimido en referencia a la estratificación social, emplazado en un sitio de lamentable desigualdad estructural”.
De acuerdo con la Ley de Cupos, el Estado tiene que garantizar la implementación de un cupo mínimo del 1% de la totalidad de su personal, destinado a que lo ocupen “personas travestis, transexuales y transgénero”.
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