Estatales no creen en las promesas oficiales: “Hay mucha preocupación por nueva ola de despidos”

Desde ATE aseguran que a fin de año podrían volver las cesantías en las diversas dependencias del Estado, no sólo por el fin de contratos sino por el recorte presupuestario que sufren varias áreas. “Paralizan la actividad de sectores, para decir después que sobra gente”, afirmó Juan Manuel Sueiro, de ATE-CONICET. El gobierno insiste en decir que no habrá más despidos, pero alienta un discurso “anti empleado público”.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

A poco de cumplir un año de gestión, el gobierno de Cambiemos busca tranquilizar a los empleados estatales, que temen que el cierre de año venga con una nueva ola de despidos. Las imágenes que se vieron durante el verano de 2016, cuando se inició un proceso que dejó unos 70 mil trabajadores despedidos, son recordadas con angustia en las diversas dependencias públicas, que en muchos casos lograron renovar contratos hasta el último día del año. Después, todo es incertidumbre. Ni las palabras del ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, pueden calmar las aguas. El funcionario, encargado del manejo del personal estatal, negó una ola de despidos, pero insistió con un discurso sobre el trabajador público que muchos gremios consideran negativo. Lo cierto es que las perspectivas de un año con conflicto se abren, y hay “mucha preocupación”. Discuten cuáles son las cifras reales de despidos, en un contexto de destrucción masiva de los puestos de trabajo.

La preocupación de los gremios estatales aumenta a medida que se acerca fin de año. En el paro nacional protagonizado la semana pasada por ATE, fue uno de los reclamos más fuertes, ante la inminencia de fin de año. “Estamos acá por el fin de los despidos y la reincorporación de trabajadores. También por la reapertura de paritarias en el Estado nacional y los Estados provinciales y municipales. No aceptamos un escuálido bono fijo no remunerativo. Queremos aumento salarial digno”, sostuvo en su discurso Hugo “Cachorro” Godoy, titular del gremio. Durante el acto, varios dirigentes dejaron en claro que el cierre del 2016 trae la incertidumbre en las dependencias oficiales.

“Existe mucha preocupación, que en realidad existió todo el año”, explicó Juan Manuel Sueiro, secretario Adjunto de ATE Capital Federal Consultado por Gestión Sindical, el dirigente remarcó que los posibles despidos no sólo van de la mano del fin de los contratos, sino que además “la desfinanciación del Estado que lleva el presupuesto 2017 hace que se pongan en juego muchos puestos laborales”. Como ejemplo de esto, Sueiro remarcó lo que sucede en el CONICET, la agencia de ciencia y tecnología, donde el dirigente es delegado: “toda vez que hay un desfinanciamiento, no se alimentan líneas de investigación, no ingresan ni científico ni becarios, lo que se hace es ‘amesetarse’ la actividad, y el paso siguiente es decir que sobra personal, para poder despedir”.

Para la dirigencia sindical, el gobierno alienta “un discurso anti empleado público”, que sumado a la falta de recursos que denuncia Sueiro hace peligrar los puestos laborales. En varias dependencias, funcionarios de segundas líneas comenzaron a realizar “evaluaciones” sobre el funcionamiento de la estructura, según afirman desde ATE. Esto se suma a las palabras de Ibarra, que recientemente sostuvo que “el tipo que no trabaja no permanecerá ni un segundo en el Estado”. En este sentido, el funcionario admitió 16 mil empleados menos en el Estado, entre despidos y jubilaciones.

Sin embargo, los números que manejan gremios y otros sectores están muy lejos de esa cifra, a esta altura optimista. Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cantidad de despidos en el sector público “totalizó los 70.749 en los primeros meses del año”. Además, se alerta que existe un total de 180 mil puestos laborales menos –sumando los privados –sin tener en cuenta el empleo precarizado. En este sentido, el Observatorio del derecho Social de la CTA Autónoma no arriesga cifras, pero hace un análisis muy crítico de la situación del empleo público. Si bien todavía no contamos con información oficial correspondiente al sector público, a los trabajadores no registrados y a los cuentapropistas, nada indica que su situación sea mejor que la de los asalariados registrados, lo que permite inferir la existencia de una crítica situación social cuyo deterioro no ha hecho más que profundizarse en los últimos meses”, dice el informe final, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

Por su parte, la CGT comenzó a esta semana a hablar de despidos, aunque no se refirió específicamente al tema estatal. Desde la central obrera retomaron la idea de una norma que suspenda las cesantías, ley que se aprobó a comienzos de este año pero que el presidente Mauricio Macri vetó. Luego de compartir acto con el jefe de Estado en el partido de Lanús, José Luis Lingeri –integrante del consejo directivo de la CGT y hombre con buenos vínculos con el oficialismo –habló de firmar con empresarios una suspensión temporaria de los despidos. “No digo una tregua porque no estamos en guerra, sino un impasse, en cuanto a despidos y suspensiones de personal por tres o cuatro meses”, señaló a los medios presentes.

Otra idea que acercó la CGT al ministerio de Trabajo, para su análisis, es la de cubrir con los subsidios denominados “Repro” a trabajadores despedidos. En este sentido, Lingeri remarcó que el Estado “no se puede cubrir todo”, y agregó que “hay que generar inversión y la única manera de que se cree empleo es que realmente vengan inversiones y se pueda poner en marcha el aparato productivo”. Parte de estas ideas serán expuestas por la central obrera y diversos sectores –incluyendo Pymes y organizaciones sociales –cuando marche a pedir al Congreso por la declaración de la emergencia social, algo proponen algunos legisladores pero que está lejos de aprobarse, en especial por el rechazo del oficialismo.