El segundo semestre arranca con «miniparitarias» y perspectivas de conflictividad laboral
Mientras algunos gremios pugnan todavía por sellar acuerdos, una decena reabrirá sus negociaciones. Sin reactivación, inflación galopante y el cambio de expectativas.
Ni luz ni reactivación. A diferencia de la teoría de Gabriela Michetti, lo que aparece a lo largo del túnel es una hilera de reclamos salariales, conflictos laborales y paradas de planta.
Este es el panorama que se espera para el segundo semestre, con la reapertura de las «miniparitarias», los tarifazos en camino y luces de alerta encendidas en el tablero económico.
Por empezar, en los próximos meses una decena de sindicatos volverá a la mesa de negociaciones.
Son sectores de peso que habían pactado aumentos de entre el 17% y el 23% por seis meses y que a partir de septiembre reabrirán la discusión.
Es el caso de Comercio, Construcción, Estatales y Encargados de edificio, entre otros.
A la hora de elegir, todos ellos optaron por los acuerdos cortos ante la desconfianza que les inspiraba la segunda mitad del año, mientras que el resto apostó por subas anuales, con la estrategia de que los tramos fueran cercanos en el tiempo.
Hugo Moyano no hizo ni lo uno ni lo otro: cerró un incremento del 37% en cuatro cuotas (32% en 2016). Con todo, nadie pudo hasta ahora superar una inflación anual proyectada por privados y funcionarios entre el 39 y 44%.
«Varias paritarias están enganchadas al segundo semestre, todas trataron de ajustar en un solo semestre. Acá están todos a la espera y quieren todo cuanto antes, porque no saben qué va a pasar después», reconoció un dirigente del gremio mercantil. Su titular, Armando Cavalieri, fue uno de los primeros en pactar en 20% por un semestre.
El acortamiento de las negociaciones salariales no es un fenómeno nuevo. Es un mecanismo de indexación que los sindicatos comenzaron a implementar en tiempos de Cristina Kirchner para no perder la carrera contra la inflación. Y, en el caso de las autoridades, el medio para dilatar los aumentos en el tiempo y así diluir las demandas, a medida que los precios disminuyeran.
Con el Gobierno de Macri se retornó el esquema de paritarias cortas. Pero lejos de menguar el costo de vida, el INDEC difundió una cifra del 4,2% en mayo, en su relanzamiento del IPC. Ese es uno de los indicadores que tendrán en cuenta los líderes sindicales cuando vuelvan a la mesa a discutir salarios, una vez concluidos los acuerdos que firmaron por seis meses.
En el plano ideal aspiran a acercarse a ese índice de inflación. No obstante, más de uno reconoce que la pelea se da en un terreno muy desfavorable.
«Hay que ver en los próximos meses. Estimamos que iremos por un aumento cercano a entre 37% y 40%. Pero, lo más probable, es que se cierre la paritaria 2 o unos 3 puntos abajo, todos lo ven así y cada uno sabe cómo está su contraparte empresaria», dijeron a este medio desde uno de los gremios que negoció por un semestre.
Efecto indexatorio
Mientras tanto, todavía quedan sindicatos importantes por definir sus convenios, que apuntan a lograr acuerdos «abiertos».
Los ferroviarios iniciaron una paritaria conjunta en el Ministerio de Trabajo, con la intención de lograr una suba del 20% por seis meses que proyectada en forma anual llegaría al 40%.
Se trata de una fuerte reducción de los plazos si se compara con el ajuste del 41,5% por 16 meses, sellado en 2015 por la Unión Ferroviaria (UF). «No descartamos una negociación corta de seis meses», se limitó a responder a este medio el titular de la UF, Sergio Sassia.
En tanto, las tensiones salariales afloraron el lunes cuando el Ministerio de Trabajo cerrópor decreto la negociación de los petroleros con una suba del 30% en tres tramos. Se trata de un 18% para el 1 de julio junto con una suma de $15.000, un 5% en noviembre y el restante 7% con los haberes de enero próximo.
Las medidas inéditas fueron tomadas por la cartera laboral para frenar la huelga generallanzada por en reclamo de un 40%. El paro afectó la producción de gas y petróleo en Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Salta.
Las tres resoluciones aprobadas ordenan «recomponer el salario» y el «esquema deproductividad» en la industria de los hidrocarburos, junto con la creación de una comisión de análisis para discutir un nuevo régimen de jornadas laborares. Los líderes sindicales denuncian que las empresas buscan reducirlas, lo que implicaría un recorte salarial del 37%.
La intervención oficial fracturó a los gremios, ya que el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, La Pampa y Neuquén, Guillermo Pereyra, aceptó el aumento por decreto, aunque adelantó que buscará renegociar en diciembre. Con todo, el Gobierno no logró desactivar el paro en Chubut, Santa Cruz y Mendoza.
En tanto, los metalúrgicos de la rama siderúrgica iniciaron un plan de lucha, que desencadenó cortes y bloqueos en Siderca, la planta de Techint en Campana. Su objetivo esreplicar la suba del 35% acordada en mayo para todo el año en el resto de la actividad, pero los gigantes del acero ofrecen un 28%.
¿Cambio de expectativas?
Luego de la ola masiva de despidos en el primer trimestre, en mayo se registraron 587 piquetes en todo el país, un 7% menos respecto a abril. Es la primera baja intermensual durante este año, según un informe de la consultora Diagnóstico Político.
El 34% de los cortes fue protagonizado por los estatales, un 13% por trabajadores privados y un 13 por cesanteados.
El resto se repartió entre movimientos, sociales, partidos políticos y vecinos. Así en lo que va de 2016 ya hubo 2.776 bloqueos.
No obstante, el rebrote de la protesta sindical por las paritarias empaña el clima de optimismo que el Gobierno presagiaba para la segunda mitad del año.
Es más, varios abogados laboralistas interpretan el reciente fallo de la Corte en favor de una mayor restricción del derecho de huelga como una señal de «gobernabilidad» ante posibles turbulencias.
Con todo, los funcionarios confían en que habrá un reverdecer de la economía, a partir de las exportaciones de soja, la obra pública y la inversión privada.
En ese sentido, el revival de la discusión salarial, argumentan, alimentaría el alicaído consumo. El mismo efecto tendría la actualización de haberes de los jubilados.
En materia remunerativa, la expectativa oficial es que la reapertura de acuerdos «cortos» sumen un 10% extra de incremento, para cerrar en términos interanuales en torno al 30%.
Son 5 puntos más del «techo» previsto a principios de año y, si se tienen en cuenta las últimas negociaciones, un golpe a las metas iniciales que se había fijado el Gobierno.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, lo reconoció días atrás al estimar que la inflación anual se movió del 30% al 42% por el ajuste en las tarifas.
El dato confirma el pronóstico de los analistas privados que prevén una caída del poder adquisitivo por la brecha entre precios y salarios. En efecto, el segundo semestre arrancará con aumentos en el subte, celular y prepagas.
El problema es que la extensión en el tiempo de los tarifazos contribuye a recalentar losreclamos.
Tan solo cuatro meses después de obtener una suba promedio del 32%, los cinco gremios nacionales de docentes piden reabrir la discusión para compensar tarifas y precios, según trascendió.
La misma postura adoptaron los estatales de ATE de la Ciudad, Córdoba, Entre Rios y Río Negro.
Así las cosas, cada vez queda más claro que el shock en los servicios tiene un costo político para el Ejecutivo.
Por caso, las correcciones implementadas en el gas tras la reciente ola de protestas en el sur del país expusieron algunos de los límites que enfrenta el plan económico.
Por otra parte, la política de «aprender sobre la marcha» -como admitió el titular de Energía, Juan José Aranguren, la semana pasada en el Congreso- trae cola en el empleo por el cierre de empresas y el freno a la actividad.
«Las perspectivas de corto plazo no muestran un cambio. La fase recesiva se prolonga. La restricción en el suministro de gas afecta actividades puntuales impulsando a empresas a adelantar paradas técnicas y en otros casos a demorar el inicio de los procesos», advirtió la fundación FIEL en su informe reciente sobre industria.
Por el crecimiento de importaciones, la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó que la situación en algunas fábricas es «extrema».
Advirtieron que «está en riesgo el sostenimiento de miles de fuentes de trabajo» al igual que «el cierre de muchas fábricas».
Una nueva encuesta de IDEA señala que los empresarios esperan una mayor creación de empleos en los servicios antes que en la industria.
No obstante, en lo que va del año los comercios, supermercados y call centers -entre otros- dieron de baja contratos debido a la caída del consumo, según informes gremiales.
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