Doble indemnización: líder de UPCN alerta que “analizará” el decreto que excluye a los estatales

Andrés Rodríguez adelantó que estudiará la medida anunciada por el gobierno nacional esta semana, y que busca sacar a los empleados jerárquicos puestos por el macrismo y que no quieren dejar su cargo.

El gobierno nacional aclaró que la doble indemnización por despidos no se aplicará a los trabajadores del sector público, luego de que funcionarios jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio, mientras el gremio UPCN advirtió que hará un «análisis» de esa determinación oficial. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó además que ese esquema, implementado en diciembre último, «está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación de prorrogarlo», con lo cual dio por hecho que el uso de esa herramienta no se extenderá más allá de junio próximo. «La doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación de prorrogarla», afirmó Moroni en relación al plazo de 180 días con que fue dispuesta la norma, que vence en junio.

Ante este anuncio, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, sostuvo que se «analizará» la normativa oficial que excluye de la doble indemnización a los empleados estatales. «Hay que saber que nosotros tenemos un régimen particular en el que el trabajador de planta permanente no puede ser excluido del Estado salvo un sumario muy bien probado», indicó Rodríguez. Además, al referirse a los trabajadores que son de planta transitoria, el sindicalista aseguró que la organización está «bregando para que, previo concurso, pasen a esa planta permanente».

El Poder Ejecutivo estableció ayer lunes, a través de un decreto, que esa herramienta no se aplicará a los trabajadores del sector público, luego de que jerárquicos de la administración anterior reclamaran ese beneficio. El decreto 156, publicado hoy en el Boletín Oficial, recordó que la doble indemnización fue restituida mediante el decreto 34/2019 para «atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo».

En ese marco, el Ejecutivo añadió que, al disponer de esa medida, «se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado». Por lo tanto, advirtió en los considerandos de la nueva normativa, «una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma». Con las firmas del presidente Alberto Fernández y todos los ministros del gabinete, el texto aclaró que la medida se adoptó tras haber tomado «estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del sector público nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma».

Por su parte, el jefe de la CTA y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, aseguró que «no va a haber despidos en el Estado de ningún trabajador que tenga acreditado su trayectoria y su carrera dentro del Estado». «Hubo un decreto que intentó que la mayoría de los que habían entrado al Estado en los últimos meses de Mauricio Macri, la mayoría ocupando cargos jerárquicos, cobraran doble indemnización, como último gesto de resarcimiento a la tropa propia, y está claro que el Estado no está para eso», enfatizó. Para el gremialista, la normativa dispuesta hoy aplica para «casos excepcionales, que tienen que ver con nombramientos que fueron parte de la movida política», por lo que los gremios, aseguró, «van a garantizar que se cumpla estrictamente» esa máxima.