A días del comienzo de clases, los gremios docentes reclaman la paritaria nacional que el Gobierno ni siquiera prevé

Con Sergio Romero de UDA a la cabeza, los gremios docentes de la CGT piden la apertura de la discusión salarial.

Los gremios docentes que integran la CGT se empezaron a mover para que el Gobierno abra la discusión por la Paritaria Nacional Docente, un tema acerca del cual el oficialismo no dio ningún tipo de indicio -y que parece estar muy lejos de sus prioridades- a pesar de que las clases comienzan en cuestión de días.

El miércoles, los principales referentes sindicales docentes se reunieron en la oficina de la Secretaría de Políticas Educativas de la central -a cargo de Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) para empezar a discutir el panorama.

La reunión clave se dio en un marco de “profunda preocupación por el estado general de la educación”, especialmente por la crítica situación salarial que padece el sector docente. Un dato para destacar: el salario mínimo de un trabajador de la educación es de $420.000 pesos, una cifra que en la UDA catalogan con razón como «propia de indigencia».

Del encuentro participaron Sergio Romero (UDA), Sara García (AMET) y Fabian Felman (CEA), quienes analizaron el curso del Sistema Educativo, la situación laboral y salarial docente y, luego, presentaron por escrito, ante la Secretaría de Trabajo (Julio Cordero) y la de Educación (Carlos Torrendell), el reclamo de convocatoria urgente a la paritaria docente nacional.

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Los dirigentes advirtieron que, sin convocatoria a paritarias y sin una oferta concreta acorde a la grave situación salarial, «queda abierta en término de las circunstancias laborales la posibilidad de medidas de fuerza y planes de lucha».

Los gremios docentes y una relación tensa

Con la excepción de lo que ocurre en el nivel universitario, atacado y enfrentado por el Gobierno desde el día uno de su gestión, entre la dirigencia sindical docente y la administración libertaria el vínculo siempre estuvo marcado por las idas y vueltas y la conflictividad en ciertos momentos.

Uno de los principales puntos de choque tiene que ver con la falta de actualización salarial y otro fue el proyecto del Pro que el año pasado abrazó la gestión Milei, en busca de declarar a la educación como servicio esencial, algo que por el momento no pudo avanzar y se enfrenta con cuestionamientos firmes acerca de su constitucionalidad.

El texto que obtuvo dictamen en la comisión de educación pero no llegó a discutirse en el recinto.

«Solo quieren apretar»

Romero salió al cruce ni bien el proyecto se comenzó a discutir en la Cámara de Diputados y dijo que solo perseguía «el único fin de apretar a las trabajadoras y los trabajadores vinculados a la actividad”

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“Esto no es una iniciativa para mejorar el sistema educativo. Al contrario, es para perjudicar a las personas que lo mantienen de pie”, disparó el dirigente.

“Los legisladores podrían aprovechar su tiempo para discutir inversión para abrir más escuelas, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y fomentar (el ingreso de) la Argentina en los estándares salariales de países desarrollados” dijo Romero.

A tono con los cuestionamientos del dirigente de la UDA, el proyecto -que hoy duerme pero cada tanto es vuelto a sacar a la luz, en especial cuando hay conflictos con los docentes, y podría volver a tener tratamiento parlamentario en 2025- busca declarar la educación como servicio esencial pero en ningún punto de su articulado establece una contraprestación para quienes serían los responsables de sostener esa esencialidad. Es decir: los docentes pasarían a ser trabajadores esenciales pero sus condiciones de trabajo y sus salarios no mejorarían como consecuencia.