Así lo revela un informe del Observatorio de la CTA Autónoma. En lo que va del año se detuvieron a 35 dirigentes y activistas sindicales, además se registraron 24 casos de represión física. El ajuste se hace por las buenas y por las malas.
«Durante los primeros seis meses del años se detuvieron al menos a 35 dirigentes y activistas sindicales de seis provincias. La judicialización de la protesta y la apertura de causas penales a los sindicalistas fue una constante», asegura un informe elaborado por el Observatorio de la CTA Autónoma.
Sobre la represión de la protesta social, que incluye embestida contra manifestaciones y desalojos violentos de la vía pública «se registraron 24 casos de represión física contra manifestantes en nueve provincias. Las fuerzas represivas fueron mayoritariamente policías provinciales aunque también se relevó la participación de gendarmería y grupos especiales. En tres casos la represión fue llevada adelante por grupos anónimos», indicaron.
Al hecho se suma que en «al menos 15 empresas se realizaron despidos discriminatorios como producto de los conflictos que emprenden los trabajadores por deudas salariales y reincorporaciones», señalaron.
Al respecto del informe, el coordinador del equipo de investigadores la CTA, Luis Campos, señaló que «la lectura que hacemos es que las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto”.
Entrevistado por Página 12 en una nota de este lunes, Campos indicó que “además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”.
El informe muestra que quienes más padecieron estas prácticas fueron los trabajadores estatales, es decir, los que están directamente alcanzados por el cambio de signo político.
Los empleados públicos «fueron los que sufrieron la mayor cantidad de prácticas antisindicales, principalmente represión y criminalización de la protesta», se señala en el informe. En tanto, contra los trabajadores del sector privado se desataron, principalmente, despidos discriminatorios, aunque también vieron desalojadas sus manifestaciones por la fuerza.
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