Cierre de Kimberly-Clark: marcha para rechazar despidos y denunciar “persecución judicial” a sus trabajadores

Los cesanteados de la multinacional norteamericana se movilizaron a los tribunales de Quilmes para rechazar la causa por usurpación que allí se lleva adelante contra 10 empleados de la papelera. “No somos delincuentes, continuaremos nuestra lucha por nuestro puesto de trabajo”, aseguraron. En la Municipalidad local dicen que no tienen medios para ayudarlos, y no hay respuestas del gobierno bonaerense.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Cuando en diciembre de 2019 los trabajadores de Kimberly-Clark fueron desalojados de la planta, luego de varias semanas de permanencia en el lugar rechazando el cierre de la planta papelera ubicada en la localidad de Quilmes, la policía actuó por una orden judicial, a partir de una denuncia por usurpación. Los representantes de la multinacional norteamericana le reclamaron a la justicia local que ordene la liberación de la planta, cosa que se hizo de manera violenta, de madrugada y con armas de fuego. A partir de esto, un grupo de cesanteados fue procesado, por el mismo delito que permitió el desalojo. Este jueves, cuando debieron ir a declarar, los empleados se movilizaron a los tribunales quilmeños, y rechazaron la “persecución judicial”. Además, ratificaron su pedido de intervención del gobierno municipal y el de la provincia de Buenos Aires, ya que la empresa comenzó a desmantelar el lugar, y tercerizar los servicios que allí se prestaban. “No somos delincuentes, continuaremos nuestra lucha por nuestro puesto de trabajo”, aseguraron los trabajadores.

La nueva protesta de los empleados despedidos de Kimberly-Clark buscó por un lado mantener activa la pelea por los más de 200 puestos laborales, y rechazar la causa abierta en la justicia por mantener ocupada la planta en esa lucha. “Somos 10 trabajadores acusados de usurpación, un grupo fue citado hoy y otro el próximo martes”, recordó Walter Reláñez, delegado de la planta y uno de los imputados. En diálogo con Gestión Sindical el empleado confirmó que hoy en la fiscalía de los tribunales de Quilmes “todos nos negamos a declarar”. Afuera, una importante movilización rechazó la “persecución judicial”, y pidió por los puestos de trabajo. “Los papeleros de Kimberly resistimos y dimos una lucha tenaz, durante 70 días ocupamos la fábrica para impedir el cierre, y realizamos múltiples medidas de lucha en defensa de nuestros puestos de trabajo. La respuesta que tuvimos a esta lucha fue un operativo policial gigantesco para desalojarnos que dejó como saldo la imputación de 10 trabajadores. La justicia quiere colocar a los trabajadores que dimos una lucha legítima, en el banquillo de los acusados”, reclamaron en un documento público leído durante el acto central.

Además de la denuncia judicial, los trabajadores deben soportar la falta de respuesta de las autoridades actuales, que si bien dialogaron con ellos no terminan de involucrarse. “Esta patronal contó con la complicidad del gobierno macrista, de la justicia y del gremio para poder realizar un cierre trucho y despedir 209 familias”, remarcó Reláñez. Sobre las posibles respuestas del actual gobierno, más allá de los contactos, hasta ahora no hay nada concreto. “Este jueves fuimos al municipio también, con esta es la tercera vez que marchamos, siempre nos entrevistamos con el jefe de Gabinete y otros secretarios, no hay novedades concretas”, agregó el delegado. En este sentido, los funcionarios municipales dicen que “no pueden hacer mucho”, porque no cuentan con los medios para reactivar la planta o tomar una medida similar. Hasta ahora, prometieron llevar el tema “más arriba”. “Mientras Kimberly anunció que comenzara a desmantelar la maquinaria, importar y tercerizar el producto”, dijo Reláñez.

El 26 de septiembre la empresa anunció el cierre de la planta del partido de Quilmes, a partir de un plan de reducción de gastos anunciado a nivel regional. La planta en cuestión era propiedad de Kimberly-Clark desde 1997 y se produce las marcas Kleenex y Scott (papel higiénico y rollo de cocina). Con esta reducción la multinacional norteamericana, que cumple más de 25 años en el país, quedará con dos plantas operativas: una en Pilar que tiene cerca de 230 empleados y la otra en el parque industrial de San Luis, donde hay más de 500 trabajadores. A mediados de noviembre, la empresa decidió denunciar por usurpación a los trabajadores que se mantenían en la planta de Bernal, paso previo para que la justicia ordene el desalojo y abra la causa por la cual están procesados estos 10 trabajadores.

“Intentan atacar no sólo a los trabajadores de Kimberly, sino darle una señal al conjunto del movimiento obrero para que pasen nuevos ataques a los trabajadores. Por eso, la lucha por el cierre de las causas es una lucha de todo el movimiento obrero y popular”, agregaron los empleados de la multinacional. En el acto central realizado en Quilmes, se pidió por “el cierre inmediato de la causa judicial”, y la intervención del gobierno nacional, provincial y local en el conflicto. “Al gremio le exigimos un plan de acción contra todos los cierres de la industria, en defensa del salario, y todos los reclamos papeleros”, concluyeron los trabajadores.