Caso Báez Sosa: para evitar otro hecho así, un gremio reclama crear una policía especializada

El sindicato de controladores de Admisión y Permanencia impulsa la creación de una fuerza con expertise en espacios públicos que «garantice seguridad a los jóvenes».

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) reclama la creación de una policía especializada en espectáculos públicos para «garantizar seguridad a los jóvenes en la nocturnidad», con el objetivo de que no se repitan hechos como el de hace tres años en Villa Gesell, que terminó en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La organización que conduce Leandro Nazarre remarcó la necesidad de avanzar en una formación de una fuerza de seguridad con expertise en materia de espectáculos públicos, como complemento al rol efectuado por los Controladores en boliches y lugares de entretenimiento.

La iniciativa impulsada por SUTCAPRA data, en realidad, del año 2009, pero el crimen de Báez Sosa -y el juicio que en este momento se está llevando a cabo- provocó que el gremio insistiera en que finalmente se logre concretar su planteo.

Al respecto, hay un antecedente en cual se inspiró el sindicato, y se trata de la Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que funciona en España, la cual se ocupa de velar por la protección de los asistentes a espacios de esparcimiento nocturno.

Cómo actuaría la policía especializada

«Es momento de avanzar en la conformación de una policía de espectáculos públicos, un proyecto por el cual venimos insistiendo hace años y entendemos que hoy sería esencial para complementar el trabajo de los Controladores a través de una fuerza de seguridad pública especializada», señaló Nazarre.

La policía de espectáculos tendría ámbito de actuación en todo tipo de actividad recreativa con funciones de prevención, contención y protección de los lugares de entretenimiento, con capacitación puntualizada en cuestiones de nocturnidad, juventud, resolución de conflictos, gestión de riesgos y prevención de siniestros, entre otros puntos.

Nazarre aseguró que «el Estado es quien debe dar respuestas a una exigencia de la sociedad. Todos tenemos que trabajar para que no exista más un caso Fernando Báez Sosa, y la policía de espectáculos públicos es una posibilidad concreta en la que todos los actores de la nocturnidad debemos involucrarnos».

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SUTCAPRA es el sindicato que nuclea a los trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, el personal encargado de brindar seguridad en accesos e interior de boliches, lugares de esparcimientos, recitales y eventos de masiva concurrencia.

La organización sindical es impulsora de la Ley Nacional de Espectáculos Públicos 26370 sancionada en 2008, que regula la actividad y establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general.

Caso Báez Sosa: casi tres años del crimen

El crimen de Báez Sosa ocurrió en la madrugada del sábado 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, hace casi tres años, cuando el joven murió como consecuencia del ataque a golpes de puño y patadas que recibió por parte de un grupo de amigos que jugaban al rugby.

La pelea habría empezado en el interior del boliche Le Brique, ubicado sobre la Avenida 3, del cual fueron sacados los atacantes por el personal de seguridad del establecimiento.

Ya fuera de la discoteca, Báez Sosa habría dado por terminado el incidente, pero minutos después los rugbiers atacaron en grupo al joven a patadas y puños, provocándoles heridas mortales.

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Diego Duarte, el médico que hizo la autopsia, declaró recientemente que él «nunca» vio «algo semejante», al referirse al estado de la víctima cuando llegó a la morgue.

Además, señaló que Báez Sosa presentaba «lesiones incompatibles con la vida. El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central, tanto cerebro, cerebelo, tronco cerebral, no hay una lesión única, son múltiples». También afirmó que «no hubiera tenido posibilidades de salvarse».

Por el hecho están siendo juzgados ocho rugbiers, y se espera que el fallo esté a más tardar el 31 de enero próximo.