19 de Febrero
de 2025
Actualidad.

Caputo, denunciado por gastar la plata de los jubilados para frenar la suba del dólar

14. 02. 2025

Se lo acusa de administración fraudulenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Además de Caputo fue denunciado Fernando Bearzi, el nuevo director del organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente utilizar los fondos de la ANSES destinados a garantizar los ingresos de los jubilados para intervenir en el mercado cambiario y frenar la suba del dólar, una acción que podría estar vinculada a operaciones fuera del control estatal. 

La acusación fue presentada por la Asociación Civil “Arco Social” y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Franco Picardi. En ella se considera que tanto Caputo como Fernando Bearzi, director ejecutivo de la ANSES, cometieron los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia sostiene que el Gobierno nacional habría recurrido a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), destinado para garantizar los haberes de los jubilados, con el objetivo de operar en el mercado de bonos y contener la suba del dólar financiero. 

La gestión de los recursos estatales, sospechada

“Esta medida resulta urgente, dada la vinculación de las personas involucradas con estructuras offshore y la posibilidad de que dichos recursos sean desviados a vehículos financieros fuera del control estatal”, explicó Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación denunciante.

Caputo, Fernando Bearzi
La denuncia contra Caputo también incluye al titular de ANSES, Fernando Bearzi.

En la presentación se advierte que Caputo, cuando asumió su cargo en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, no informó su vinculación con una sociedad offshore en la que fue accionista, lo que generaría un conflicto de intereses al utilizar fondos públicos para operaciones financieras.

Para Díaz Pascual, “la participación de funcionarios públicos en sociedades offshore plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión de los recursos estatales, lo que resulta incompatible con los principios de integridad y responsabilidad que deben guiar el servicio público”.

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Además, la denuncia hace hincapié en que el manejo de los fondos del FGS debe estar sujeto a un control riguroso, dado que cualquier desvío de estos recursos afectaría no solo al Estado, sino también a la población más vulnerable, como los jubilados. 

Por eso se solicita la inmediata implementación de mecanismos de control y supervisión para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos. “Cualquier manejo indebido de estos fondos se traduce en perjuicios concretos para este sector vulnerable de la población”, remarca el escrito.

Los vínculos offshore de Caputo

Como fue señalado, el escándalo también está relacionado con la relación de Caputo y Bearzi con sociedades offshore. Bearzi, actual titular de la ANSES, trabajó previamente para Noctua Partners II LP4, una firma con sede en Miami y Delaware, y con negocios en las Islas Caimán. 

Este vínculo con empresas offshore refuerza las dudas sobre la transparencia de las decisiones de ambos funcionarios. Caputo, por su parte, fue accionista de la misma sociedad, lo que genera un conflicto de intereses al estar a cargo de la administración de recursos públicos sin haberlo informado al asumir el cargo.

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“La disposición de fondos del FGS hacia vehículos offshore configura un claro perjuicio económico al patrimonio estatal, afectando no solo el interés del Estado, sino también la confianza de la ciudadanía en la correcta administración de los recursos”, apuntó Díaz Pascual.

Su asociación, frente a la evidente falta de controles sobre el uso de fondos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad, solicitó una medida cautelar que impida que el Gobierno continúe utilizando los recursos del FGS de esta manera, hasta que se logre una investigación más profunda sobre las operaciones realizadas y sus implicaciones legales.

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